En la fundamentación de su propuesta de reforma constitucional de Mariano Otero estableció a mediados del siglo XIX una tesis que debiera ser rescatada en la reforma político-electoral anunciada: el sistema de representación legislativa debe reproducir en la presencia de minorías en el equilibrio social.
Los diputados plurinominales de la reforma política de 1978 recogieron la experiencia de los diputados de partido de la reforma de 1964: cada partido con 2.5% de votos tenía derecho a cinco diputados y otros adicionales por cada medio punto porcentual hasta el máximo de 20. Se trataba, en suma, de estimular la participación de las minorías en el sistema de representación legislativa.
La reforma de 1978 creó primero 100 diputados plurinominales que se votaban en listas separadas por circunscripciones y luego se subió a 200. Era un estímulo mayor a las minorías. Sin embargo, el modelo se pervirtió cuando los partidos grandes usaron sus votaciones plurinominales para colocar a figuras de partido que podían ganar curules sin pasar por campañas distritales. Las minorías se conformaron con sus paquetes pequeños de bancadas sin esfuerzos por crecer. Y El PRI, que llegó a ganar en sus tiempos de gloria la totalidad de diputaciones distritales, hoy sobrevive por la vía plurinominal.
El modelo de posiciones plurinominales en diputados y senadores ha dañado la dinámica partidista de búsqueda del voto y con ello ha enviciado la dinámica de la competencia como esencia de la democracia. Disminuir el número de plurinominales obligaría a los partidos a hacer campañas distritales a nivel de tierra y no conformarse con vender propaganda que logre votos en paquete por circunscripciones nacionales.
El dilema es importante: o desaparecer el modelo de plurinominales y dejas nada más distritales o desaparecer el modelo de distritales y dejar sólo votaciones plurinominales. Cada una de las opciones tiene beneficios y dificultades, pero al final la decisión que se tome ayudaría a mejorar la calidad de la democracia porque obligaría a mejores reglas de participación social en procesos electorales.
En el actual modelo mixto, los diputados por distritos hacen la talacha de campañas a ras de tierra, pero los que salen beneficiados son los candidatos pluris que no sólo no hacen campaña, sino que además se quedan con las mejores posiciones en la estructura legislativa, las mejores comisiones y los mejores salarios extras.
Las minorías se olvidaron de hacer política y se confiaron en las posiciones pluris; por pocas que sean, de todos sirven para colocar a los jefes de los grupos dominantes dentro de los partidos. Es decir, el modelo de pluris ha dañado la profesionalización de los partidos y ha envilecido el funcionamiento de la democracia. La dinámica de partidos, candidatos y campañas ayuda mucho a movilizar a la sociedad en torno a propuestas que debieran concertarse en leyes y decisiones legislativas.
Los partidos grandes –PAN, PRI y PRD– han reducido sus dimensiones por la comodidad de los pluris. De ahí su oposición a la cancelación de esas posiciones: esos partidos han achicado su presencia territorial en los 300 distritos electorales y sólo dependen del voto plurinominal que vota en paquete o en bola por diputados que ni siquiera se toman la molestia de visitar a sus posibles electores.
La queja opositora, pues, radica en el riesgo de garantizar su sobrevivencia. Por razones de presencia presidencial, Morena tiene más espacio territorial, aunque como partido ha usado los pluris para colocar en la Cámara a figurones de la política que son reacios a mancharse los zapatos de tierra.
El punto de partida debe ser estricto: para acceder a posiciones legislativas se requiere de trabajo territorial y presencia física y no esperar el voto en conjunto que lleva a los recintos legislativos a políticos ajenos al conocimiento de la realidad social.
