La autoridad electoral nació de las entrañas de la victoria revolucionaria de 1910 que solo pudo realizar elecciones libres en 1911 en 1917. A partir de 1920, la élite política posrevolucionaria en modo de bloque de poder absoluto se hizo del control de la estructura electoral y tergiversó el papel que juegan las elecciones en las prácticas democráticas.
La estructura electoral posrevolucionaria ha tenido tres etapas:
1.- Las elecciones de Madero en 1911 y Carranza en 1917.
2.- Las elecciones de 1920 a 1988 con dependencia de la voluntad presidencial.
3.- Y las elecciones de 1994 a 2018 con un organismo electoral autónomo del control directo del presidente de la república, pero dependiente del partido mayoritario.
El sistema electoral ha formado parte de la estructura del sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional y nunca ha podido consolidarse como una estructura autónoma de los poderes reales ni de los partidos políticos. En la actualidad, el INE tiene una triple sobrerrepresentación partidista: los partidos designan a los consejeros a partir de cuotas de poder, como partidos registrados tienen asientos en el Consejo General y como partidos también representan a los grupos parlamentarios legislativos. Y aunque tienen voz pero no voto, de todos modos los partidos que deben ser regulados por la autoridad electoral están metidos en la estructura electoral.
Las elecciones son un procedimiento esencial para la democracia representativa porque permiten el ejercicio libre del voto. No debe olvidarse que el lema básico de la República dice con claridad: “sufragio efectivo, no reelección”. El sufragio efectivo sería la capacidad del ciudadano para votar en conciencia y cumpliendo los tres requisitos constitucionales: libre, secreto y universal. La Revolución Mexicana fue motivada, entre sus razones principales, por la falta de libertad en el ejercicio del voto y la manipulación institucional del presidente Porfirio Díaz. Pero desde su origen posrevolucionario, el sistema electoral ha estado controlado de manera absoluta por el titular del Ejecutivo federal.
En este contexto, las elecciones son un mecanismo para el ejercicio de la democracia, pero de ninguna manera definen el carácter democrático de la República. La democracia no es una forma de Gobierno ni de Estado, sino que son prácticas para la libre participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. De ahí el hecho de que se quiera tergiversar la democracia con funciones electorales que corresponden a otros equilibrios en la correlación de fuerzas sociales y políticas y sobre todo en el modelo de democracia representativa, aún con sus variantes de participación directa de los ciudadanos en algunas decisiones.
Las crisis electorales de 1920, 1929 y 1988 centraron la atención pública en reformas electorales que permitieran cambiar las cosas, pero para que pudieran continuar iguales. Todas las reformas electorales han eludido la necesidad de construir una estructura autónoma en términos absolutos de aquellos que resultarían beneficiados con el ejercicio electoral.
De estructura electoral mexicana ha tenido dos grandes ciclos en cuanto a su relación con el Poder Ejecutivo federal: como oficinas dependientes de manera directa de la rama política del Ejecutivo –la Secretaría de Gobernación– y como entidad ajena al Gobierno, pero dentro del Estado. El pecado original del IFE-INE ha radicado en que los consejeros son designados por los partidos que son regulados por la autoridad electoral, permitiendo el vicio de origen de que todos los consejeros han formado parte de cuotas de poder partidista.
La primera versión del IFE creó la figura de consejeros electorales con presunción de independencia, pero todos ellos con preferencias partidistas e ideológicas, además de que dejó a Gobernación en la presidencia del Instituto como figura decorativa, aunque como la versión del elefante en la sala: la autoridad presidencial al frente del Instituto como instancia que permitía la presencia presidencial como autoridad formal máxima del organismo. La reforma del IFE en 1996 decretó la autonomía total del Instituto al sacar al titular de Gobernación de la Presidencia del organismo, pero dejando que los consejeros fueran electos por los partidos en el Congreso y en especial con el partido en el poder presidencial.
Todas las reformas al proceso de designación de consejeros electorales no han podido romper con la presencia directa de los partidos en la designación de las autoridades electorales. Por lo tanto, todos los consejeros electorales han tenido que realizar negociaciones abiertas o en lo oscurito para conseguir posiciones que representarían más a partidos que a ciudadanos.
El vicio de origen o pecado original del Instituto Electoral se localiza en la existencia de un Consejo General de once personalidades para tomar las decisiones que refieren a prácticas democráticas. Esta estructura ha permitido que el actual Consejo Electoral se convierta no en la instancia organizadora de elecciones y conteo de votos, sino en una especie de Vicepresidencia de la democracia mexicana porque se ha permitido la facultad de decidir qué forma de Gobierno sí es democrática y cuál no cumpliría con esos requisitos.
El Consejo General fue una estructura inventada por el presidente Salinas de Gortari en 1990 para mantener el control autoritario sobre la autoridad electoral. Los primeros consejeros fueron electos a propuesta del presidente de la República. El primer presidente del organismo semiautónomo en 1990 fue el académico y militante de la izquierda socialista universitaria vinculada a la revista Nexos, José Woldenberg, quien desde entonces pertenecía al grupo político del intelectual salinista Héctor Aguilar Camín.
La alternancia partidista la presidencia el 2000 no debe acreditarse al comportamiento de la autoridad electoral, sino que fue una decisión política de Estado del presidente Ernesto Zedillo y comprometida con el Gobierno del presidente estadounidense William Clinton, a cambio de una línea de crédito de más de 50,000 millones de dólares para atender la crisis económica estallada por el error de Zedillo en el manejo de la política de tipo de cambio en diciembre de 1994. Y también contribuyó al encarecimiento de cualquier fraude electoral por el diferencial de más de 6 puntos porcentuales entre el candidato presidencial panista Vicente Fox y el candidato priísta Francisco Labastida Ochoa. La autoridad electoral en ese entonces carecía de instrumental legal para regular los excesos y abusos de los candidatos en las campañas.
El único avance que ha tenido el sistema electoral a partir de la crisis provocada por el fraude en las elecciones de 1988 ha sido el acotamiento de los vicios priístas en la compra de votos y del tráfico de credenciales de elector y el padrón que siempre fue manipulado para favorecer al PRI.
Sin embargo, la alternancia del 2000 no mejoró la estructura electoral, sino que profundizó los vicios de los partidos en práctica fraudulenta que han encontrado los huecos en el sistema legal para las votaciones.
La propuesta de reforma político-electoral del presidente López Obrador va a cambiar algunas reglas no decisivas en los procesos electorales y disminuirá la asignación presupuestal al gasto electoral que ha encarecido la democracia mexicana. Pero la permanencia del Consejo General seguirá siendo uno de los principales obstáculos del sistema electoral porque deja en el voto de once personas decisiones que deberían tomarse en otras estructuras legales.
La reforma electoral que revolucione la democracia mexicana estará en la desaparición del Consejo General y la construcción de un Instituto que se dedique de manera exclusiva a organizar elecciones y contar votos y nada tenga que ver con opiniones para favorecer de manera excluyente el modelo de democracia representativa que descansa en partidos dominados por intereses de grupos políticos oligárquicos.
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