El gran debate que ha dejado desánimo en la sociedad respecto al Instituto Electoral es el de los salarios estratosféricos que ganan los consejeros electorales y desde luego los funcionarios y asesores del organismo. Los once consejeros electorales se han convertido en algo así como los barones de la democracia o guardianes del Santo Grial electoral tan desprestigiado en México.
El Instituto electoral debiera tener solo un director general y varios directores de área encargados de los temas que tengan que ver con el ejercicio de emisión del voto y no en una estructura de poder de consejeros electorales que se han atribuido facultades para definir qué es la democracia y qué no es y con ello colocar barreras a la participación social en la política.
La crisis del organismo electoral estalló en el 2006 y se reprodujo en el 2012 con procesos electorales presidenciales amañados que buscaron evitar la elección de Andrés Manuel López Obrador. En ambas fechas, López Obrador presentó pruebas contundentes de manipulación del gasto electoral, pero las autoridades del Instituto no las procesaron para beneficiar al candidato del PAN en el 2006 y el candidato del PRI en el 2012.
El funcionamiento de los consejeros electorales a la hora de las votaciones ha dejado muy a la vista el tráfico de intercambio de favores en los votos para beneficiar a determinados candidatos. La crisis del 2006 condujo al cese fulminante del consejero presidente Luis Carlos Ugalde Ramírez por la manipulación de resultados electorales en una contienda que planteó una diferencia de medio punto porcentual entre el ganador y el perdedor. Y la crisis del 2012 por beneficiar al candidato priísta Peña Nieto no solo terminó con la gestión del consejero presidente Leonardo Valdés Zurita, sino que llevó a la concesión al PAN de una nueva reforma electoral que colocó a Lorenzo Córdova Vianello como consejero presidente con un pacto en lo oscurito con el presidente Peña Nieto.
El actual consejero presidente le dedica más tiempo a defender su versión de democracia procedimental y atacar el modelo político populista, aunque cumpla con los requisitos legales que existe la democracia, y ha tergiversado las funciones del Instituto para garantizar reglas democráticas al margen de preferencias ideológicas.
Las elecciones son vitales para que ejerzan el poder personas que sumen apoyos electorales y el juego democrático ser desarrolla en las instituciones de gobierno. Es decir, las elecciones son una parte procedimental de la democracia, pero no la democracia absoluta.
El vicio de origen del Instituto Electoral ha sido la designación como consejeros de politólogos o expertos en derecho político y no experimentados funcionarios en tareas de organización social. De modo arbitrario, el actual INE se ha dado a sí misma la función de acreditar quién sí y quién no es democrático y en función de ello abrir o cerrar puertas a su participación pública.
Si su tarea es garantizar la palpitación democrática de la sociedad y realizar elecciones limpias y contar los votos sin parcialidades, el INE hoy aparece como un ministerio público con capacidad autoasumida de perseguir de manera penal presuntas violaciones de sociedad y partidos.
La reforma del INE debe limitar sus funciones a tareas procedimentales y crear instituciones judiciales para perseguir abusos electorales.
Juego de las sillas
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