Guillermo Buendía
El 28 del mes pasado la Cámara de Diputados recibió la iniciativa presidencial de reformas en materia electoral en momentos en los que el contrapeso legislativo de la coalición Va por México está dirigido a no aprobar ya ninguna modificación constitucional. Frenar los cambios normativos en materia electoral por parte de la oposición tiene el objetivo de mantener el orden establecido, por un lado; y el propósito de mantener la fuerza adquirida después de la votación en contra la reforma eléctrica, por el otro. La postura de inmovilizar al titular del Ejecutivo por tiempo indefinido en todo intento reformatorio no prosperó. El cálculo político equivocado de la oposición partió de la votación del 17 de abril, la cual hace creer la posesión de una capacidad falsa de acotar las decisiones políticas del presidente López Obrador.
El reiterado pronunciamiento presidencial de “fuera máscaras” previo a la votación del domingo 17, una vez consumada, se tradujo en condena política de “traición a la patria” lanzada por los legisladores morenistas, la cual, al haber sido recogida por las redes y medios, se reprodujo como rechazo y reprobación en extendidos estratos sociales. El fuero constitucional protege a los legisladores de todo acto de censura selectiva, como la disposición del INE que ordena a MORENA retirar la frase “traidores a la patria” por causar una posible calumnia e incitar al odio. Ahora, los “impostores” -señala el presidente al grupo opositor- defienden el contubernio del poder político con el poder económico. “¿Qué tiene que ver Claudio X. González con los partidos?” argumenta en la conferencia matutina.
Sin duda, la derrota legislativa infligida en la Cámara de Diputados a la alianza Juntos Haremos Historia impidió la rectoría soberana del Estado sobre los recursos estratégicos; también posibilitó una coyuntura de avance viable de cohesión partidista de la oposición, pero muy distante de detener el proyecto lopezobradorista. En estas circunstancias se está perfilando un escenario sucesorio alrededor de dos proyectos antagónicos de nación: un capitalismo progresista soportado por una democracia participativa; el otro, retornar al capitalismo neoliberal con una democracia representativa.
La iniciativa presidencial de reforma electoral pretende modificar las reglas de contrapesos entre los Poderes de la Unión, lo que implica contar con nuevos procedimientos políticos de la ingeniería institucional que garanticen las funciones autónomas de organización de elecciones y evitar fraudes electorales; incorporar criterios de crecimiento poblacional y distribución territorial para dotar proporcionalmente una representatividad política a los estados en el Congreso de la Unión y congresos locales; consolidar el sistema de partidos en el que el financiamiento público no determine la creación o desaparición de partidos; una comunicación política en radio y televisión con un esquema distributivo y equitativo del tiempo oficial; la integración de las cámaras con 300 diputados y 96 senadores.
Los diputados y senadores de representación proporcional o plurinominales tenían el objetivo de representar a las minorías. Sin embargo, con el paso del tiempo estas posiciones fueron tomadas para uso exclusivo de las cupulas partidistas. Los primeros lugares de las listas plurinominales han sido acaparados por los dirigentes, quienes de esta manera aseguran un sitio en las cámaras, sin hacer campaña ni proselitismo. No así los candidatos de mayoría de todos los partidos, quienes compiten por el voto popular.
Los plurinominales no representan ya ninguna minoría política. En cambio, son un instrumento utilizado para regular la sobrerrepresentación de un partido. Este mecanismo se estableció como contrapeso a las reglas del régimen de partido único -el carro completo y barredora en las votaciones- durante el proceso de transición democrática iniciado en 1977. Hoy, el sistema de partidos ha fortalecido la permanencia de las distintas fuerzas políticas y definido los parámetros de votación que las ubican entre la mayoría y minoría.
El financiamiento público y demás prerrogativas se transformaron en lastre para el sistema de partido, toda vez que propició la formación de partidos en términos patrimoniales y no de representación social. Hubo partidos conformados únicamente por familias o representando minorías religiosas o corrientes ultraderechistas, los cuales perdieron el registro al no cumplir con el mínimo de votos previsto por la ley, o auspiciados desde el poder -PST, PFCRN, PDM- para confrontar partidos progresistas o de izquierda, o bien satélites del PRI (PARM y PPS). El último ejemplo de ello es la metamorfosis del PES, con la pérdida consecutiva del registro en dos elecciones federales, mantiene la representación política hasta el final de la LXV Legislatura, al término de la cual desaparecerá porque antes de 2024 no se admitirán nuevos partidos.
No es un asunto de ahorro presupuestario el financiamiento a los partidos, el cual se otorgará únicamente para campañas, tal cual está previsto en la iniciativa. Para los gastos de actividades ordinarias los partidos los cubrirán con aportaciones y cuotas de la militancia y simpatizantes. En los últimos treinta años el financiamiento privado hacia los partidos ha ido asumiendo cada vez más una gran influencia, a tal punto que los intereses empresariales son prioritarios para articular su representación política, desde los partidos, en la conformación de los cargos clave del gabinete presidencial. Los Amigos de Fox, Vamos México y Odebrecht, como instrumentos recaudadores de recursos privados destinados a campañas políticas, se constituyeron para influir en el triunfo electoral. Junto con el financiamiento público, los partidos disponen de una gran bolsa de recursos no siempre legales. El Pemexgate y la Estafa Maestra son claros ejemplos de la desviación triangulada de recursos públicos hacia campañas del PRI. Sin embargo, el financiamiento proveniente de organizaciones del narcotráfico o de otra índole criminal representa un riesgo a la seguridad nacional porque atenta contra el marco legal del Estado mexicano y la estabilidad del gobierno.
El presidente López Obrador propone reformar la integración y funciones de las dos instituciones electorales del país: el INE y TEPJF. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas será presidido por un Consejo General de siete y no once integrantes elegidos por voto popular. El nombramiento de los consejeros dejará de ser prerrogativa de los partidos, con lo que se busca eliminar conflictos políticos en la actuación de la autoridad electoral.
La propuesta de voto electrónico -con todas las medidas de seguridad tecnológica- beneficiará a los mexicanos residentes en el extranjero, principalmente a los 30 millones de connacionales que viven en Estados Unidos, quienes han mostrado un activismo e interés en la vida política del país. Voto que puede definir los resultados electorales e incorporar su representación política al sistema de partidos.
Los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional al propiciar un vacío alrededor del debate público sobre la reforma electoral con el propósito de deslegitimar los cambios propuestos, bajo la coyuntura de impedir la mayoría calificada, los diputados de la coalición Va por México mantendrán las reglas e institucione electorales para la sucesión presidencial de 2024, en previsión de conservar la representación plurinominal como la única vía de contrapeso legislativo, sabiendo de los retrocesos electorales en los 300 distritos. Una oposición refugiada en una representación en crisis.
