Desde la sucesión presidencial más o menos tranquila de 1982, el país ha venido realizando transformaciones sociales, reacomodos políticos y correlaciones institucionales, pero las reglas de la sucesión presidencial han sido las mismas, salvo el paso de procesos cerrados a decisiones abiertas.
La autoridad encargada de las votaciones que reformó la vieja Comisión Federal Electoral, primero como Instituto Federal Electoral y luego como Instituto Nacional Electoral, no ha podido o no han sabido modernizar los mecanismos de supervisión para romper con el principal problema en la designación del candidato presidencial del partido en el poder: el voluntarismo presidencial y el uso de recursos públicos.
El PRI retomó el mecanismo sucesorio de Porfirio Díaz, el PAN no supo imponer su procedimiento de votación de delegados bases, el PRI regresó a las andadas en el 2012 y ahora Morena está reproduciendo los mismos problemas y vicios del priismo que se niega a morir o a modernizarse.
Lo que hasta el 2000 fue un mecanismo cuidadoso de intervención presidencial, hoy el sistema político se presenta como un súper presidencialismo sucesorio que está rompiendo con los equilibrios precariamente democráticos y ha hecho retroceder la institucionalización política de los últimos 35 años.
El único mecanismo viable directo para sacar al presidente de la República del proceso de designación del candidato de su partido sería la formalización de elecciones primarias como en Estados Unidos, donde los precandidatos se inscriben en una lista que se somete a votación por la autoridad electoral sin que el presidente e inclusive el propio partido puedan meter las manos para influir en el proceso.
La propuesta de elecciones primarias ha estado en el ánimo de todas las reformas político-electorales que se han realizado en México desde 1962, a veces de manera directa o también como insinuación de los propios partidos. La sola conceptualización de sucesión al proceso por el cual el partido en el poder designr al candidato presidencial con la intervención directa del presidente de la República, tiene inclusive hasta nociones jurídicas: la sucesión forma parte del derecho civil por medio de la cual se designan de manera directa responsables de herencias o legados.
La caracterización del proceso como sucesión presidencial la realizó el activista Francisco I. Madero en 1908 cuando publicó su libro La sucesión presidencial en 1910 y allí realizó propuestas de interpretación analítica sobre la forma en que el presidente Porfirio Díaz se designaba a sí mismo como candidato o nombraba a los candidatos a gobernadores, senadores y diputados a partir de los intereses presidenciales. Madero encontró el venero original en la forma designar a los césares en la Roma de la coyuntura histórica de finales del periodo Antes de Cristo y comienzos del ciclo de Después de Cristo.
Mientras no se le quite el presidente de la República el poder económico, político y de camarilla, la democracia mexicana nunca podrá dar el salto cualitativo a prácticas republicanas. De ahí la importancia de que la hoy oposición logre una corriente de opinión que imponga las elecciones primarias cuando menos a nivel presidencial, para comenzar a ingresar al país a los territorios de una República democrática de leyes e instituciones.
El Instituto Nacional Electoral tiene capacidad relativa para crear nuevas reglas del juego, pero su dependencia de intereses del presidente de la República en turno ha impedido dar el salto cualitativo.
