Por lo menos en su discusión, ya viene la reforma electoral propuesta por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, amén de los Foros de Parlamento Abierto realizados ex profeso tanto por la bancada de Morena como por las bancadas opositoras.
A menos de que la Cámara de Diputados decida postergarla para un mejor momento. Quizá en función de la suerte que corra la ampliación de la permanencia en las calles de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el Senado de la República.
No obstante, la reforma electoral es una de las prioridades del presidente López Obrador y de Morena, con la cual disienten la mayoría de partidos de oposición sobre todo en cuanto a la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para crear un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Se trata de una reforma constitucional que requiere de una votación aprobatoria por mayoría calificada. Lo mismo que la propuesta presidencial de elegir por voto popular a consejeros y consejeras electorales del Consejo General de la autoridad administrativa electoral, tome el nombre que tome.
No se trataría de un cambio de nombre, sino de un cambio de modelo electoral. Todo con la creación de un nuevo sistema electoral, que incluye los siguientes puntos (además de la creación del INEC):
Una sola legislación electoral para todo el país; federalización de los procesos electorales; desaparición de los tribunales electorales locales y de los Organismos Públicos Locales (OPL); voto popular para elegir consejeros y magistrados electorales postulados por los tres Poderes de la Unión; reducción de consejeros electorales; y eliminación de diputaciones plurinominales.
Además: Reducción de legisladores federales y locales, así como de concejalías a los ayuntamientos (para quedar en 300 curules federales y 96 senadurías, de 15 a 45 diputaciones locales y hasta nueve regidurías); reducción al financiamiento de partidos políticos para asignarlo exclusivamente a campañas electorales; voto electrónico y disminución de los tiempos de radio y televisión en materia electoral.
Esa es la propuesta original.
Lo que pacte Morena con las bancadas de oposición, es otra cosa. Tal vez siga teniendo como aliado al Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, en el paquete a cambio de la impunidad del presidente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas (“Alito”).
O quizá Morena y el presidente AMLO sacrifiquen toda o en parte la reforma electoral como parte de la negociación de las reformas relacionadas con las Fuerzas Armadas, lo que la oposición (sobre todo el PAN) llama la militarización del país.
Aunque siendo López Obrador un político totalmente elecciones, con la aspiración de que su partido (Morena) continúe en el poder por los siglos de los siglos amén, se antoja difícil declinar íntegramente a su propuesta de reforma electoral. Podría ceder a cambios pactados con las bancadas opositoras.
Y si la reforma electoral no se aprueba antes de diciembre, se va a complicar; lo cual vendría a favorecer a los partidos de oposición, principalmente PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
La Cámara de Diputados también tiene otras prioridades conforme a sus facultades: La aprobación del Paquete Económico 2023: Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, además de las leyes en materia hacendaria.
En fin, a ver qué pasa respecto de la reforma electoral, porque el cambio del sistema electoral, si bien puede venirle bien a México en cuanto a la reducción de la composición cameral, pues tampoco son enchiladas.
MAGISTRATURAS ELECTORALES LOCALES
En el Senado de la República hay un buen número de magistraturas electorales locales atoradas; por las razones que sean, los senadores y senadoras han ido aplazando el nombramiento de magistrados o magistradas de los Tribunales Electorales de diversas entidades federativas.
Y ya está por vencer el periodo de otras magistraturas locales electorales.
En corrillos legislativos dicen que esperarán un poco más para decidir qué pasa con esas magistraturas: O las nombran en base a la normatividad vigente, o esperan a la reforma electoral para que sean electas o designadas conforme a nuevas disposiciones.
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