Para qué tanto festejo de la oposición en el Senado de la República cuando casi a finales de septiembre pasado frenaron la reforma para ampliar del 2024 hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, si terminaron aprobándola.
Le dio los votos a Morena para conseguir la exacta mayoría calificada, con los buenos oficios del líder de la bancada guinda, Ricardo Monreal Ávila, de indiscutible habilidad política; cuando parece tener todo en contra, ¡zaz!, aflora su buena estrella.
A ver si el mismo astro también le acompaña en su aspiración a la candidatura morenista a la Presidencia de la República para las elecciones de 2024 y la consigue; si no, al menos para negociar posiciones de primer nivel como, por ejemplo, la postulación a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Y también los ‘buenos oficios’ del secretario de Gobernación, Adán Agusto López Hernández.
Retomando el tema: Nueve diputados de la bancada del PRI en el Senado y dos de la menguada bancada del PRD, aportaron los votos para aprobar dicha reforma, que emergió de la iniciativa presentada en la Cámara Baja por la entonces diputada Yolanda de la Torre (priista), y a la cual se sumaron encantados los legisladores morenistas.
Los senadores priistas Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes Rangel votaron en contra de la propuesta. Y de los tres senadores de la bancada perredista, dos votaron a favor: Antonio García Conejo y Miguel Ángel Mancera Espinosa.
¿Qué pasa pues con esa “oposición”? ¿Hay real división en los grupos parlamentarios del PRI y del PRD en el Senado? ¿O las personas senadoras de ambos partidos votaron de manera libre y en conciencia? ¿O la votación dividida es una estrategia para ‘taparle el ojo al macho’ y así evitar la imagen de entrega total priista y perredista a Morena?
Corren tantas versiones.
Por ejemplo, que el partido en el gobierno de la República ‘compró’ con dinero y prebendas el voto de priistas y perredistas en el Senado. Ups. Lo mismito solía hacer el PRI durante los tantísimos años que gobernó el país; incluso, es una práctica muy socorrida en las entidades federativas donde aun gobierna respecto de legisladores de oposición.
Así que ni reprochen a Morena recurrir a la práctica impuesta por el mismo PRI.
Los senadores y senadoras priistas que votaron a favor igual tenían compromiso con el presidente nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas (“Alito”) en sacar la reforma en comento para garantizar el congelamiento de su desafuero como diputado federal y, en consecuencia, las investigaciones en su contra por supuestos delitos.
Como haya sido, la reforma ya quedó aprobada po el Senado y devuelta a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.
Ganó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aun con los ‘cambios’ al dictamen realizados en la Cámara Alta: “Instrumentos de control parlamentario.”
Instrumentos cuyo control es francamente incierto.
Según explicó el senador Ricardo Monreal, los cambios consisten en la presentación de informes semestrales sobre las tareas de las Fuerzas Armadas; la creación de una comisión bicameral que los analice, dictamine y tenga la facultad de citar a los titulares del gabinete de Seguridad a comparecer, así como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública (estatales y municipales) con partidas presupuestales especiales.
Suena a algo así como aquellos controles parlamentarios implementados por el Congreso Federal exprofeso para evitar el uso electoral de recursos públicos por parte de legisladores y legisladoras en una competencia electoral para reelegirse.
Obvio, en los informes semestrales la instancia competente informará a conveniencia, la comisión bicameral los avalará porque el partido gobernante pesa y citarán a comparecer a los titulares del gabinete de Seguridad como mera pasarela; todo eso, salvo que la oposición en verdad juegue su papel y Morena realmente quiera resultados en la materia en beneficio de la población mexicana.
En fin, el aval del Senado, con todo y cualquier trasfondo, es también como concederle el beneficio de la duda a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; aunque se lo cocedieron desde el 2019 cuando aprobaron tal función sin resultados contundentes hasta el momento, y ahora, con la ampliación, va una segunda oportunidad.
En ese tenor, habría que preguntar: ¿Da resultados la ‘militarización’ en tareas de seguridad pública, sobre todo en cuanto al combate del crimen organizado? Quizá ha sido poco el tiempo para el proceso de formación de la Guardia Nacional, ahora incorporada a las Fuerzas Armadas.
Hay quienes argumentan que no. Que la inseguridad sigue creciendo en el país de manera incontrolable, que el crimen organizado sigue haciendo de las suyas, y que la ‘militarización’ en el fondo persigue otros fines como, por ejemplo, un Estado Militar que controle hasta el menor movimiento de mexicanas y mexicanos.
Hay quienes argumentan que sí da resultados. Que es necesario dar la oportunidad a AMLO como Presidente de la República y, por ende, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, para demostrar que con los militares en las calles se puede pacificar el país.
Es una arma de doble filo, una moneda al aire.
Pero si llega a funcionar, puede dar buenos resultados en materia de seguridad pública. Incluso, hay lugares donde en sexenios presidenciales anteriores al de Morena se sacó a los militares a las calles para efectos de paz pública.
Por ejemplo, hubo una época en que bandas criminales hacían de las suyas en Huatulco, aparecían descuartizados con frecuencia, situación que no trascendió más allá de las fronteras regionales. El gobierno federal de ese momento mandó destacamentos de marinos para tareas de vigilancia casi permanente durante determinado tiempo; la presencia de esta corporación generó cierta paz social en la zona.
En fin, lo que sí genera ciertas dudas es por qué la prisa en ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública si el primer plazo autorizado vencía hasta el 2024.
Conforme al comunicado de la Cámara Alta, el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, “coincidió en que, en otras circunstancias, hubiera sido mejor discutir esta propuesta en una fecha cercana al 2024; sin embargo, consideró necesario blindar el tema de la seguridad pública de los procesos electorales.”
Interesante tal consideración, de muchas lecturas.
POLICÍAS MUNICIPALES
Uno de los cambios al dictamen, según se entiende, es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública con partidas presupuestales especiales.
Bien si se refiere a las policías estatales y municipales, cuyas corporaciones, en la mayoría de los casos, carecen de capacitación, profesionalización, vehículos y armamento, sobre todo las municipales.
Y miren, el Estado debería poner atención en las policías municipales, porque son tan frágiles que fácilmente las infiltra el crimen organizado.
Correo: [email protected]
