Ante el desdén del presidente Andrés Manuel López Obrador y el menosprecio de los miembros de su Gabinete de Seguridad, quienes una y otra vez han ignorado los llamados a reunirse o a comparecer a la cámara alta, Ricardo Monreal insiste desde hace meses en señalar que es responsabilidad constitucional del Senado revisar y reorientar políticas y programas de seguridad pública.
Así, el coordinador de los senadores de Morena, igual afirma es necesario reforzar las labores de inteligencia, como una coordinación entre los tres niveles de gobierno para combatir de manera eficaz a la delincuencia organizada.
El Senado esperará, dijo el zacatecano, a que la mayoría de los congresos estatales aprueben la reforma constitucional -que amplía hasta 2028 la presencia el Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública-, para adentrarse en los planes y programas de las Fuerzas Armadas en esta materia.
Esa reforma, recordó, nos faculta para llamar a comparecer a los titulares de las Fuerzas Armadas, y para requerirles explicaciones sobre los programas de seguridad.
Monreal subrayó que es justamente la inseguridad pública en el país uno de los reclamos sociales:
“Creo que la estrategia de seguridad pública se debe reforzar, se debe de enriquecer y debemos actuar en coordinación y colaboración con los tres niveles de gobierno, no aisladamente; en labores de coordinación, de inteligencia, y de eficacia en el combate a la delincuencia organizada”.
La Constitución, insiste es la que indica que es el Senado el que deberá revisar planes y programas no sólo de la Guardia Nacional, sino de las Fuerzas Armadas que realizan labores de seguridad pública en las regiones, estados y municipios del país.
A ver si ahora sí ahora les hacen caso, digo yo.
“*DESCOMPOSICIÓN POLÍTICA*
Luego, al dar una nueva explicación sobre su denuncia vs Layda Sansores, el zacatecano dijo que su intención no es ir a una venganza personal contra la morenista sino atajar la descomposición política que vive su partido y su entorno por el adelantado proceso de sucesión.
Al aclararlo, Monreal dijo que nadie se debe ofender porque él busque una continuidad con cambio, cuyo eje sea la reconciliación nacional
Y menos aún por pretender consolidar la transición política en México desde la Presidencia de México.
Aseguró que no le sorprenden los intentos de frenar sus aspiraciones a ser sucesor de Andrés Manuel López Obrador.
El asunto, agregó, es que esta vez las injurias y los intentos por destruirlo provienen del interior del movimiento que él ayudó a fundar
Lejos de amedrentarse, todo ello lo alienta a sentar las bases para alejarse de estas malas prácticas y hacer valer el Estado de derecho.
Las comunicaciones privadas obtenidas de manera ilegal por la gobernadora, advirtió, son un delito, no sólo su intervención, sino su utilización y difusión
El respeto a la intimidad y la privacidad son derechos que se deben garantizar a todos los ciudadanos según lo determinó la Suprema Corte, recordó.
Por todo ello, afirmó, su denuncia tiene bases sólidas, pues, ante confesión de parte de la propia Gobernadora de Campeche en el programa “Martes del Jaguar” -que se realiza y difunde con recursos públicos- se podría configurar, entre otros, el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracciones I y II del mismo ordenamiento federal.
La difusión de información manipulada en ese programa constituye una abierta violación a los principios jurídicos contenidos en el artículo 134 constitucional, y evidencia el montaje orquestado por la gobernadora, dijo.
Monreal recordó que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas constituye un valor fundamental del ser humano, cuya tutela ha sido elevada a rango constitucional, según lo establece el párrafo 12 del artículo 16 de la Constitución
Además, agregó, existen disposiciones internacionales, con jerarquía constitucional, como el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 1 prevé que los Estados miembros se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
O sea, que según Monreal, Layda no tiene hacia dónde huir.
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