En caso de que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Instruccional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) se sostengan en rechazar la aprobación de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, no habrá transformación de INE a INEC, ni elección de consejerías por voto popular, ni desaparición de los OPL y Tribunales Estatales Electorales; ni reducción de diputados, senadores y concejalías; ni disminución de las prerrogativas de los partidos políticos, etc.
Casi todo seguiría igual.
Porque ese “casi” tampoco debe menospreciarse, pues las bancadas de Morena y aliados en la Cámara de Diputados (y luego en la de Senadores) sí pueden aprobar una reforma a la ley secundaria electoral sin necesidad de la mayoría calificada, y hasta cabe la posibilidad de que sea sustancial, siempre y cuando no vaya en contra de la Constitución Política General.
Por ejemplo, entre otras cosas, podrían modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE); ésta, en la Carta Magna, se deja en los términos que señale la ley secundaria, indicando solamente que contará con “órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia,” pero no precisa cuántos.
Lo que sí es imposible de cambiar sin mediar reforma constitucional (salvo que utilicen alguna estrategia extraordinaria) es el procedimiento para elegir a las consejeras y los consejeros electorales del Consejo General del INE, ni podrán reducirlo de diez a siete, incluyendo a la persona titular de la presidencia de este órgano.
PUNTO CRÍTICO
Sin la reforma electoral presidencial, no habría elecciones ex profeso para elegir las consejerías por voto popular entre las candidaturas que presenten los tres Poderes de la Unión, y luego de un periodo de campaña.
Ese es el punto crítico de la reforma de AMLO, donde sus opositores le pueden pegar a su ego como estratega electoral.
Pero Morena y su jefe político tienen otra opción. Incluso, ya habló de ella el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier: La insaculación.
La insaculación es un procedimiento previsto en la propia Constitución Política General como el último recurso para integrar el Consejo General del INE cuando en la Cámara de Diputados no se llegue a ningún acuerdo sobre la designación de las consejerías.
Lo hemos referido en textos anteriores.
Grosso modo, va otra vez: La Cámara de Diputados emite una amplia convocatoria pública dirigida a todas aquellas personas que aspiren a una consejería electoral, un Comité Técnico de Evaluación revisa el cumplimiento de requisitos de quienes se inscriben, califica los perfiles más idóneos e integra quintetas por cada vacante en el Consejo General del INE.
El Comité remite las relaciones de las quintetas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la cual “impulsará” acuerdos para seleccionar un finalista por cada quinteta, y así se presenta al Pleno legislativo la lista final para su aprobación.
Si no hay acuerdo o no se alcanza la votación requerida en el Pleno, se convoca a éste a una sesión “en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por el comité…”
Y si ni así se concreta la elección de las consejerías, “el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación.”
De llegarse al extremo para elegir las consejerías que quedarán vacantes en breve, incluyendo la presidencia del INE, seguramente el jaloneo estará en el filtro del Comité Técnico de Evaluación, el cual se integra por “siete personas de reconocido prestigio”, de las cuales tres serán nombradas por la Jucopo, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el Instituto de Transparencia.
Es obvio, que el partido que coloque más integrantes en el Comité Técnico de Evaluación podrá integrar más quintetas y, en consecuencia, tendrá más posibilidades de que en la insaculación salgan sus propuestas a consejerías.
Pero igual y no. Quizá la insaculación dé como resultado cierto equilibrio.
En fin, a ver en qué termina la reforma electoral y la elección de consejerías del Consejo General del INE.
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