La Reforma Electoral Constitucional es de esas de realización incierta por el profundo cambio implícito en la iniciativa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y parece imposible su aprobación sin la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, y luego en la de Senadores; más el aval necesario de los Congresos Locales.
Sin embargo, si es como dicen que la plana mayor de Morena intentará “convencer” de algún modo al presidente del PRI nacional y diputado federal, Alejandro Moreno Cárdenas (“Alito”), para amarrar los votos priistas, la reforma constitucional en materia electoral pasará tal como la presentó AMLO.
Incluso, el dictamen final circuladoesta semana consiste casi exactamente en la iniciativa presidencial, con la diferencia de que previo al Proyecto de Decreto, se incluyen todas las iniciativas presentadas por legisladores y personas interesadas, contiene encuestas; cuadros comparativos de gastos del Instituto Nacional Electoral (INE), de partidos políticos y de los Organismos Públicos Locales (OPL), entre otros.
Por ejemplo, en el dictamen, que se compone de 938 cuartillas, se indica:
“…Del estudio y análisis correspondiente de las 62 iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población, establecieron que en 16 de ellas, en lo general y otras en los fundamental, coinciden con artículos de la Iniciativa de mérito presentada por el presidente de la República el 28 de abril del año en curso…”
En la página 903 inicia la descripción del Proyecto de Decreto que es prácticamente idéntico a la iniciativa presidencial, cuyos temas torales son:
El cambio del INE al Instituto NacionalElectoral y de Consulta, cuyo Consejo General se integraría por seis consejeras y consejeros más el presidente, electos por voto popular directo el primer domingo de agosto del año que corresponda, pero por única vez el primer domingo de febrero del 2022, previa convocatoria emitida en enero por la Cámara de Diputados. Los Tres Poderes harían las propuestas de candidaturas a consejerías, las cuales harían campaña y quien gane duraría en el cargo seis años sin derecho a reelección.
La reducción de la estructura de INE cuando se transforme en INEC, el cual tendría órganos auxiliares temporales (ya no permanentes).
La elección por voto popular directo de las magistraturas de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La extinción de los OPL y de los Tribunales Estatales Electorales. Las elecciones locales las organizaría el INEC.
La reducción de 500 a 300 diputados federales, y de 128 a 96 senadores. Todos electos por listas votadas en las entidades federativas, mediante el sistema de representación proporcional. (O sea, desaparecerían los distritos electorales uninominales y las cinco circunscripciones electorales en que actualmente se divide el país para efectos electivos).
La reducción del financiamiento público de los partidos políticos, los cuales solo tendrían derecho a éste para campañas electorales. Con el planteamiento ya no habría este tipo de financiamiento ordinario, sino los partidos tendrían que allegarse de recursos económicos con aportaciones privadas pero conforme a los topos que señale la ley.
La reducción de curules en los congresos de las 32 entidades federativas, así como las concejalías de los ayuntamientos. La elección sería también por representación proporcional mediante listas votadas en las entidades o municipios, según se trate.
En fin.
Así que de todos modos, en el INE, en las salas del TEPJF, en los Institutos y Tribunales Estatales Electorales, vayan preparando maletas, salvo el personal del Servicio profesional electoral de las autoridades administrativas electorales pues el proyecto plantea que “podrían” quedarse.
Preparen las maletas por si acaso Morena consigue los votos del PRI para reunir la mayoría calificada. Y si no, de cualquier manera la bancada del partido guinda va por una reforma electoral en un Plan “B”, consistente en modificar las leyes secundarias en materia electoral, aunque sin los temas torales de la iniciativa de AMLO, pero sí podría reducir estructuras de los órganos electorales.
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