El Universal publicó una interesante nota donde se informa sobre el intento de cambiar la causa de defunción para cobrar lo correspondiente del programa Apoyo para Gastos Funerarios a Familiares de Personas Fallecidas por Covid-19.
Ocurrió en Juchitán, Oaxaca, un municipio donde ha sido común lucrar con la pobreza de la gente y con la desgracia humana; paradójicamente, siendo cuna de la izquierda oaxaqueña, emblemática en el país, donde muchos años gobernó el PRD y donde ahora gobierna Morena.
De acuerdo a la nota (también ilustrada vía la periodista Roselia Chaca) un ciudadano solicitó ayuda a personal del Registro Civil para cambiar la causa de muerte en el acta de defunción de su familiar: De insuficiencia respiratoria a Covid-19.
El favor tendría su recompensa: El ciudado le daría parte del dinero que cobraría a través del referido programa, el cual otorga 11 mil 460 pesos como ayuda a familias que han perdido un miembro a causa de la pandemia.
¿Qué tal?
Y aquí cabe recordar lo siguiente: Cuando el sismo del 7 de septiembre de 2017, Juchitán durante meses acaparó las primeras planas de diarios internacionales, nacionales y locales debido al movimiento telúrico, pero también por sus consecuencias colaterales.
Una de ellas: La acusación de que los recursos destinados por el entonces gobierno federal encabezado por el priista Enrique Peña Nieto no estaban llegando a las personas con pérdida de vivienda. Y las siempre “listas” organizaciones “sociales” (con sus excepciones) hasta conformaron frentes y organizaron marchas.
En todo había parte de verdad y parte de mentira.
Más tarde trascendieron versiones difíciles de creer, como estas:
Que personas cuya vivienda tenía daños ligeros, de plano tiraron media casa o la casa completa con tal de ingresar a los beneficios del programa de reconstrucción. Más por el levantamiento de su vivienda, iban por el recurso económico en especie o por los vales de materiales de construcción que luego cambiaban por efectivo.
Entonces Gloria Sánchez López del PRD encabezaba el gobierno municipal juchiteco; hoy diputada local de Morena, quien fue acusada por su sucesor en la alcaldía, Emilio Montero Pérez, de haber dejado un ayuntamiento colapsado económicamente.
Y entre tantos males sacados a colación por el nuevo munícipe (también de Morena), confirmó que la administración de su antecesora recibió 135 millones adicionales, además de 65 millones de una empresa eólica (sin especificar por qué, pero se sabe que por el cobro de un derecho o por dejarla asentar en suelo juchiteco).
En fin, el contexto viene a colación para redondear lo siguiente: En Juchitán existe una mala costumbre de pedir dinero por todo.
Ahí, cuna de la lucha social, ésta se tergiversó; hoy hasta parece sinónimo de corrupción.
Retomando el tema: El caso del ciudadano que pidió ayuda a personal del Registro Civil para cambiar la causa de la muerte de su familiar, debe ser uno de muchos.
Efectivamente, conforme a la bien documentada nota: Al menos 40 personas se han acercado a las oficinas del Registro Civil pidiendo el cambio de la causa de defunción a
Covid-19 cuando en el certificado se asienta deficiencia respiratoria, neumonía atípica o sospecha del virus.
Atinadamente se hace una comparación del antes y el después del programa Apoyo para Gastos Funerarios a Familiares de Personas Fallecidas por Covid-19; antes la gente ni quería hacer mención de la pandemia por temor a la discriminación social, después hasta se incrementaron los certificados de defunción.
Ojo, los certificados los extiende una instancia médica; las actas, el Registro Civil, en cuya oficina juchiteca el trabajador José Alberto rechazó la oferta del ciudadano y la notificó.
INVESTIGAR
El caso ocurrido en el municipio de Juchitán de Zaragoza, sirva para auditar el programa Apoyo para Gastos Funerarios a Familiares de Personas Fallecidas por Covid-19 y todas las dependencias relacionadas con el mismo.
Investigar los mismos casos reportados como defunciones COVID-19.
De modo tal de descartar el otorgamiento del beneficio a quienes falsean información.
Claro, no solo investigar, sino imponer la correspondiente sanción.
En todo el país.
Correo: [email protected]
