Según anuncios mediáticos, el Senado de la República se alista para en breve someter al Pleno el llamado “Plan “B” de la reforma electoral, promovida por Morena y cuestionada por la oposición, personajes representativos de la sociedad civil, y por la mayoría de consejeros, consejeras, del Instituto Nacional Electoral (INE).
En una o dos semanas, aunque el plazo para tener una reforma vigente para aplicarse en los procesos electorales federal y locales 2023-2024 vence a finales de mayo próximo.
Como dice el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila: “Hay dos hipótesis nada más: puede aprobarse o puede desecharse”. O sea, lo ya aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión no puede modificarse.
Lo mejor sería que el Senado deseche el “Plan B”, no por enteramente malo, porque para asegurar que una reforma electoral es ineficaz, hay que probarla. Claro, hay procedimientos y reglas, así como estructuras institucionales, probadas y cuya alteración generan dudas.
En su momento casi todas las reformas electorales generaron dudas por los riesgos que de algún modo representaba su aplicación. Hubo normas que pasaron la pueba y permanecen en el andamiaja jurídico electoral, incluso, perfeccionadas; las que no, fueron eliminadas.
Cuando la reforma del 2014 se dudó, incluso, de la capacidad del INE para cumplir con todas las funciones que ésta la dio; y ha podido. Por cierto, en el “Plan A” o en el “Plan B” le hubieran quitado funciones para disminuir su presupuesto.
Pero el hubiera no existe.
Lo mejor sería que el Senado deseche el “Plan B” para mermar los riegos a las elecciones concurrentes del 2024, sobre todo a la presidencial. Mermar, porque con reforma o sin reforma, riesgos siempre existen y muchos de éstos no dependen de las normas o de las autoridades electorales, sino de los propios partidos políticos (todos) y sus candidatos.
Sin embargo, en el contexto de la reforma electoral los actores políticos han polarizando tanto el ambiente rumbo a las elecciones del próximo año, que están generando miedo e incertidumbre en la ciudadanía, y hasta bandos de encono.
En columna anterior comentábamos que con “Plan B” o sin éste, dada la polarización, se corre el riego de violencia, porque si los resultados electorales favorecen a Morena, la oposición culpará al partido guinda y a su reforma electoral; y si los resultados favorecen a la oposición, Morena argumentará fraude porque no hubo reforma.
Es una probabilidad. Ojalá que no.
En fin. Si el Senado aprueba el “Plan “B”, viene la otra parte: Que la oposición presente acciones de inconstitucionalidad en contra de éste ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde finalmente se decidiría la suerte de las leyes electorales que conforman dicho plan.
La Corte puede declarar la inconstitucionalidad de los cuerpos normativos en su conjunto, algunos de éstos, o solamente artículos o porciones normativas, dependerá de la valoración que hagan en su momento (y en su caso) las y los ministros sobre que sí y que no resulta contrario a la Constitución.
Evidentemente, también dependerá del criterio de cada ministro, de cada ministra, y de la votación en el Pleno de la Corte, que si la mayoría tiene el mismo criterio de respeto irrestricto a la Carta Magna que hasta el momento ha mostrado la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, habrá revesés a todo lo que resulte inconstitucional del “Plan B”.
Entonces la oposición y Morena, así como el INE, tendrán que acatar la resolución de la Corte, llegado el momento y dado el caso.
CIERTO, LORENZO NO PUEDE…PERO Quien sabe si el consejero presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, tenga aspiraciones políticas; si las tuviera no las confesará cuando menos en este momento neurálgico.
Él como cualquier ciudadano tiene derecho a tener aspiraciones políticas.
Sin embargo, es cierto como él mismo ha dicho, ahora no podría buscar una postulación a diputado o senador, porque la normatividad le exige una separación del cargo de consejero presidente de tres años, y el plazo ya se pasó.
Aunque los requisitos para ser Presidente de la República no son tan restrictivos.
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