Las cámaras del Congreso de la Unión siempre han tenido la facultad de legislar a favor de los derechos político electorales de los grupos vulnerables: Mujeres, indígenas, personas con discapacidad y, entre otros, la comunidad LGBTTTQI+.
Pero por muchos años lo omitieron. Tanto que ha sido a punta de acciones afirmativas como tales grupos vulnerables hoy gozan de espacios políticos; incluso, las mujeres ya en el 50%.
En su mayoría, acciones ordenadas en sus resoluciones por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a petición de la ciudadanía, de personas pertenecientes a grupos vulnerables o de actores políticos.
Decíamos en ocasión anterior que hoy la composición de la Cámara de Diputados en la actual Legislatura Federal es la primera absolutamente paritaria, además hay más legisladores, legisladoras, indígenas, con alguna discapacidad o de la diversidad sexual.
Y no fue gracias a la facultad de legislar que en exclusividad tienen las cámaras del Congreso de la Unión, sino gracias a las acciones afirmativas (varias aterrizadas en ley), a la atribución del Tribunal Electoral de integrar derecho echando mano de los diversos criterios de interpretación y a las facultades del mismo para proteger los derechos político electorales de la ciudadanía, incluidos los de la militancia de los partidos políticos cuando estos se exceden en su autodeterminación.
Entonces, pretender acotar al Tribunal Electoral es un atentado en contra de la democracia, de los derechos político electorales de la ciudadanía y de la propia Constitución Política, en cuyo artículo primero se establecen los derechos humanos como columna vertebral del andamiaje jurídico mexicano y de la actuación de las autoridades.
Los derechos político electorales, son derechos humanos. Y en conjunto todo es democracia. ¿Qué pasa pues?¿Dónde está aquella oposición que exigía a Morena ‘no tocar’ a las autoridades electorales cuando salieron a las calles en defensa del INE? El TEPJF también es autoridad electoral, la máxima en materia electoral por mandato constitucional.
Pasa que el PRI, el PAN y el PRD en realidad solo salieron a las calles buscando reflectores para beneficio electoral rumbo a las elecciones 2024, pero no buscan democracia, ni proteger autoridades electorales y menos derechos políticos de la ciudadanía; las cúpulas partidistas pretenden entronarse por más tiempo por lo menos hasta pasados los comicios para decidir las candidaturas y, por supuesto, seguir manejando el financiamiento público.
Por eso se aliaron con Morena en la iniciativa para acotar al Tribunal Electoral, aunque morenistas dicen que la limitación sobre acciones afirmativas es idea panista.
Como sea, ningún legislador, ninguna legisladora, debería permitir mermar las atribuciones del TEPJF porque en su mayoría las personas legisladoras o son producto de alguna acción afirmativa, o de criterios de interpretación, o son producto de la protección de sus derechos políticos.
Un día de estos, algún legislador, alguna legisladora, como militante de su respectivo partido político querrá dirigirlo, pero si en éste se lo impiden ¿quién podrá defenderlo? No será el Chapulín Colorado, sino el Tribunal Electoral. Lo mismo si pretenden la postulación para reelegirse o para algún otro cargo de elección popular; o las mujeres, en su lucha por la igualdad sustantiva.
En fin, no tienen memoria.
QUITAR LOS DIENTES AL TRIBUNAL
Exacto, es como dice la diputada Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, le estrían “quitando dientes” al máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.
Textualmente, la legisladora oaxaqueña expuso:
“Le estaríamos quitando los dientes al Tribunal para que, de alguna manera, pueda garantizar los derechos políticos electorales de esos grupos… El Tribunal tendría que tener, de alguna manera, participación en revisar que se aplique la ley y garantizando los derechos de estos grupos minoritarios, sabemos lo que paso en Chiapas, en Oaxaca, y pues nosotros no estamos a favor de la simulación, estamos a favor de que sean los pueblos, estos grupos minoritarios los que accedan a estos espacios importantes de toma de decisiones.”
Lo expuso al anunciar que un grupo de más de 90 diputadas y diputados de Morena, PT, PVEM y PRI están en desacuerdo con el anteproyecto de reforma constitucional relativa al TEPJF, que lo limita para conocer y resolver sobre “acciones afirmativas” para los grupos sociales minoritarios y vulnerables respecto a la integración de las cámaras del Congreso.
La propuesta original (comentó) no consideraba tal limitación pero la bancada del PAN puso ese tema sobre la mesa como condición para apoyar el eventual dictamen.
Ups.
Si los líderes parlamentarios no los convencen o presionan, puede que haya 90 honrosos votos en contra en el Pleno legislativo, si acaso la propuesta pasa en Comisiones.
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