Pululan las organizaciones de mujeres cuya lucha es la erradicación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Pero no se ven de manera masiva (ni mínima) saliendo en defensa de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.
La ministra presidenta es víctima de la violencia más cruda: La institucional. La del titular de un Poder a la titular de otro poder. Por lo menos así se entiende la manifestación de integrantes del Frente Nacional Obradorista, quienes instalaron un plantón frente a la sede de la Corte para recabar 150 mil firmas para solicitar la renuncia de Piña.
Su renuncia a la presidencia de la Suprema Corte, no al cargo de ministra. Pues lo que importa es el timón del máximo tribunal constitucional mexicano. Pero si los siete ministros y ministras que rechazaron el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, piensan como Piña, ni tirándola cambiarán las decisiones.
Y que han venido siendo decisiones, en su mayoría, para garantizar el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son los ministros y ministras Ricardo Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto PérezDayán; además de la ministra presidenta Norma Piña.
En tanto, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, así como el ministro Arturo Zaldívar votaron en contra de invalidar las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
¿Qué ministras y ministros son más corruptas y corruptos? Hay que concederles el beneficio de la duda para decir que ninguna, que ninguno; que más bien actuaron conforme a su muy particular forma de interpretar las reformas y la Carta Magna, en cuyo artículo 21 establece que: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil…”
Pero a veces el ‘pueblo’ y la ciudadanía en general no lo entienden, porque son temas técnicos. Pero lo entenderían si la Suprema Corte socializara más sus resoluciones, incluso con un lenguaje más común.
En cuestión mediática y de llegarle a la gente, sobre todo a la proclive al lopezobradorismo, le gana AMLO; pega muy bien su etiqueta de “corruptos” a toda persona o ente público que piense distinto a él, que disienta de sus iniciativas de reformas constitucionales o legales, o de cualquier otra propuesta.
Retomando el tema de la manifestación de Frente Nacional Obradorista, cabe preguntar: ¿Éste actúa de motu propio? ¿O fue enviado por alguien? El Gobierno Federal, quizá a través del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como encargado de la política interna debería llamar a la cordura a dicha agrupación para que cesen en su violencia en contra de la ministra presidenta y siete ministros y ministras.
Por cierto, las resoluciones de la Corte las toma el Pleno, no una sola persona; o sea, son colegiadas. Y cada ministro, cada ministra, del total de once, piensa, tiene su propio criterio, son personas avezadas en materia constitucional. Entonces, difícilmente pueden ser manipuladas. Además, los tiempos de la supeditación de un Poder a otro han quedado atrás.
Por otra parte, la ministra Piña Hernández no tiene la culpa de que la ministra Yasmín Esquivel Mossa haya sido acusada de plagio de la tesis profesional para titularse en la Licenciatura en Derecho, lo cual influyó en el ánimo de la mayoría de ministros y ministras para no elegirla como presidenta de la Corte; en su lugar, eligieron a Norma Lucía.
Sin embargo, desde su elección, la ministra Norma Lucía ha sido víctima de violencia, primero por ese hecho y luego por su postura en defensa de la Carta Magna, por su discurso, por sus proyectos de sentencia, por su voto en el Pleno, por sus resoluciones. Pero ella, según se ha dado cuenta en su historial jurisdiccional, siempre ha actuado en ese sentido.
¿Qué Norma Lucía llegó a ser ministra en un sexenio presidencial distinto al de AMLO? Sí. Igual ocurre con la mayoría de ministros y ministras. Cuando concluya el mandato de López Obrador, habrá tres con esta etiqueta. ¿Quieren que sea diferente? Reformen el artículo 96 de la Constitución, el cual establece que:
“Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
“En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.”
Retomando el tema, ¿dónde están las mujeres qué defienden a las mujeres de todo tipo de violencia? Es como para que las mujeres ya se hubiesen pronunciado masivamente porque cese la violencia en contra de la ministra presidenta.
Por cierto, hay 250 mujeres en la Cámara de Diputados Federal, y una mayoría de mujeres en la Cámara de Senadores. No obstante, no han dicho ni ‘pío’.
