El modelo de seguridad contenido en el artículo 21 constitucional es un diseño elaborado en 1994 que ya dio de sí mismo, está agotado, es insuficiente y está superado por los sistemas y subsistemas contenidos en los nuevos modelos de seguridad que se encuentran sincronizados con los modelos políticos, económicos y sociales que han sido implementados e nuestro país importados de otras democracias.
Esta podría ser la razón por el que la presente administración no encuentra la puerta al problema de inseguridad, porque este diseño fue elaborado y responde a las necesidades de un sistema político distinto al que gobierna en este momento, en lo que también parece que nadie le dice al presidente esto. Mientras tanto el presidente López Obrador admite que los homicidios dolosos en su administración superan los de las anteriores, pero culpándolas.
Una de las deficiencias lo constituye la falta de sincronía entre los textos normativos, con la visión de gobierno.
En otras palabras, esta administración trabaja sobre el diseño de seguridad que implementaron las administraciones del PRI y del PAN, con una mezcla de austeridad en las instituciones que solucionaría muchos de los problemas.
Por ejemplo, la ausencia presupuestal detonó la crisis de los sistemas críticos en informática que provocó la penetración ilegal de personas no autorizadas a los sistemas informáticos de Petróleos Mexicanos, hasta ahora, la más grave conocida debido al chantaje económico que ejercieron para liberar información.
La función de Estado en seguridad señalada en la Constitución sigue manteniendo vigente a la seguridad pública, como eje rector de ésta, cuando han aparecido nuevas amenazas que poco a poco se han convertido en permanentes y se aparejan con la seguridad pública.
Entre ellas, la corrupción y la impunidad que en algunas regiones el país ha desplazado a la autoridad legítimamente constituida para imponer su ilegal predominio.
Paralelo a esto también la falta de una visión incluyente para incorporar en el texto constitucional esas nuevas amenazas y con ello, actualizar los programas nacionales en materia de seguridad o los que se derivan de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Apostar la pacificación del país en la Fuerzas Armadas no es el mejor instrumento cuando para ello se ordena no provocar enfrentamientos con la delincuencia. No se trata de disparar por disparar, pero tampoco que nuestros marinos y soldados sean el hazmerreír de la delincuencia.
Dotar a las Fuerzas Armadas de nuevas atribuciones para desplazar a los civiles tampoco es la solución al problema. Le crea problemas de opinión pública a las Fuerzas Armadas, los obliga a insertarse en funciones que desconocen, abre innecesariamente la puerta para que se hable de la militarización del país y provoca que las entidades federativas se desentiendan del problema de la seguridad.
La clase política gobernante en los estados y municipios obedece a sus intereses y sólo procura a la federación para solicitar más recursos económicos, pero con un mal sabor de boca por el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia.
Por eso es por lo que en el diseño de la seguridad pareciera que la federación transita con pasos ciegos lo mismo sucede con las entidades federativas, a veces con conocimiento y otras por conveniencia.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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