México y Estados Unidos poseen una relación compleja, derivada de una frontera
geográfica, cultural, de seguridad, económica y política, con beneficios y perjuicios
para ambas partes, en el que a veces se gana y a veces se pierde.
Desde siempre una de las preocupaciones del gobierno norteamericano en la
relación con nuestro país lo constituye, además de los temas económicos, los
temas de la agenda de seguridad.
Sobre los temas económicos, la noticia de la culminación de las negociaciones del
acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, que substituye al Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), abre una nueva etapa en las relaciones con
nuestro vecino país del norte, a propósito de la visita del presidente López
Obrador a Washington, D.C.
Pero la economía va muy de la mano con los temas de seguridad, agenda
prioritaria del gobierno norteamericano, en el que ambos gobiernos han cometido
excesos en seguridad.
En febrero de 2011 el gobierno del vecino país del norte comenzó a realizar vuelos
espías con aviones no tripulados, con el objeto de recoger información de
inteligencia sobre la actividad de los principales cárteles de la droga en la frontera
con México.
También el operativo “rápido y furioso” dado a conocer por un agente
norteamericano, en el que el gobierno de ese país señala que nuestras
autoridades estaban debidamente avisadas, en el que se introdujeron armas de
manera ilegal.
Pero de este lado el problema no es sencillo. El saludo que hizo el presidente
López Obrador a la madre de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y el
reconocimiento a la liberación del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán no será
pasado de largo en las pláticas sobre la preocupación de la seguridad mexicana.
Tampoco la liberación de la madre y la hermana de José Antonio Yépez Ortíz “El
Marro”, así como el soborno al Poder Judicial para liberar a José Ángel
Casarrubias “El Mochomo”, junto con el intento de asesinato del secretario de
seguridad de la ciudad de México, presuntamente realizado por el CJNG.
Se trata de sucesos que exponen la corrupción sistémica en algunas
dependencias de los órganos del Estado mexicano, pero que su impacto puede
ser determinante para la permanencia de las inversiones extranjeras.
Uno de los riesgos del avance de la violencia lo constituye, que Washington
presione al gobierno mexicano, para nuevamente permitir que agencias de
inteligencias norteamericanas instalen oficinas de coordinación, pero no sucedió
en esta administración.
Hoy el informe sobre las prácticas de derechos humanos en el mundo que expidió
el Departamento de Estado norteamericano ha puesto a México en una posición
que resalta las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones
arbitrarias, feminicidios, actos de tortura, libertad de expresión y violencia de
género, principalmente, aunque hábilmente el presidente López Obrador ha
descalificado, pero no deja de evidenciar una relación con pinzas.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
