Desde luego que es de celebrarse la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral contra Félix Salgado Macedonio: Sin embargo, hace ya varias semanas que el tema dejó de ser meramente jurídico, haciéndose cada vez más político. Ignorar esto puede hacer que se convierta en una crisis de gobernabilidad o, por lo menos, abone al desmantelamiento de nuestras instituciones.
Se presentarán algunos temas a considerar, para tener una mayor perspectiva y contar con mejores elementos para el análisis y la acción.
El modelo electoral fracasó. Un sistema mal diseñado, sea por acto u omisión, puede ser estable en tiempos normales, aunque seguramente colapsará durante momentos de crisis. Aunque las reglas electorales lograron brindar certeza en los procesos por décadas, las reformas de 2007 fueron un punto de inflexión, al convertir al sistema de partidos en un oligopolio cerrado, donde es difícil entrar, pero con reglas de competencia bajas.
El sistema de prebendas y privilegios hicieron, además, que el principal incentivo para formar un instituto político fuese acceder al financiamiento público, bastando mantener un umbral de representación bajo para mantener la beca. No se aprobó un mecanismo que brindará en el mediano plazo mayor dinamismo a los institutos políticos, como la posibilidad de reelección inmediata, hasta que no se podía con la presión.
Como resultado, se enquistaron dirigencias partidistas de gabinete, cuya única virtud y fortaleza es el control vertical de recursos y candidaturas. Si se añade un modelo de comunicación restrictivo, se tiene una élite política poco competitiva. El modelo en sí mismo está sobrerregulado hasta el absurdo, las sanciones a partidos y candidatos no suelen ir más allá de pagar dinero que reciben del presupuesto. Sobre todo, las prohibiciones a ciertos actos o actividades solo fomentan maneras ingeniosas de darle la vuelta a lo pactado.
Seguramente tiene virtudes el modelo electoral, como un Consejo General colegiado, formado por consejeros nominados por los partidos. Desafortunadamente, se hizo creer que debían ser “independientes”, en vez de refrendar el equilibrio entre intereses en un proceso de toma de decisiones plural.
López Obrador nunca ha sido, no es y nunca será, un actor institucional. Cuando se escriba la historia, se señalará en tono irónico la forma que los partidos pactaron las reformas de 2007 y 2013, las cuales llevaron a su colapso, buscando apaciguar a la persona que, desde la presidencia, busca acabar con estas reglas: López Obrador. Lo sorprendente es que, al día de hoy, la hoy oposición no quiera darse cuenta que esto era totalmente predecible.
La retórica de López Obrador, como la de cualquier gobernante populista, apoya la democracia mientras le favorezcan los resultados y cuando no, buscará eliminar todo contrapeso. Era de esperarse que busque eliminar, o al menos, capturar al INE, y el escándalo de Salgado Macedonio no es más que una excusa para intentarlo. Lo asombroso es que se haya apostado por apaciguar al tabasqueño desde 2006, siendo cómplices de esa táctica los propios consejeros del instituto electoral.
El sistema electoral goza de bajo apoyo. Por más que se desee movilizar a la opinión pública a través de hastag contagiosos, las instituciones electorales están tocadas desde 2006, y López Obrador se ha preocupado por mantener su cuestionamiento a las autoridades cada elección. Por si fuera poco, las percepciones sobre los partidos tras las reformas políticas de 2007 y 2013 son negativas pues, según estas, los institutos se “sirvieron con la cuchara grande”. Es fácil atacar a las reglas electorales bajo estos argumentos.
¿Qué puede suceder? Los elementos anteriores sugieren que el INE, en efecto, está en su etapa final como lo conocemos. El presidente podría colgarse de esta coyuntura y enarbolar la bandera de su reforma. Los argumentos serían simplistas, pero apegados a su exitoso discurso del combate a la corrupción. Con esto, además, contaminaría las elecciones locales con un tema federal: algo que ha buscado desde hace tiempo. También podría aprovechar el relevo de tres consejeros para capturar el Consejo General.
¿Qué hacer? Si la oposición gana, como pareciera, poco más de una tercera parte de la Cámara de Diputados, sería punto de veto para una reforma constitucional y, quizás, podría negociar consejeros propios. Pero una posición de bloqueo o meramente reactiva envalentonaría al presidente, convirtiendo otra vez la desconfianza a las autoridades electorales una bandera de batalla.
En todo caso, quizás no es tan relevante el número de asientos que la oposición gane en junio, sino el tipo de oposición que deseen ejercer. ¿Buscarán la autocrítica y apostarán por la calibración, o seguirán ignorando que 2018 fue un final de época?
@FernandoDworak
