Guillermo Buendía
Las confrontaciones del gobierno mexicano contra las tres principales calificadoras no se originan por la emisión en sí de los reportes de riesgo de la capacidad crediticia de Pemex y CFE, sino en la presión que ejercen para frenar las políticas de rescate de estas empresas estratégicas dentro de los planes de desarrollo de la economía nacional. Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings se han constituido en los últimos años en poderosos instrumentos de coacción del sistema financiero internacional cuando evalúa el riesgo crediticio de empresas y gobiernos al momento de solicitar préstamos o emitir títulos de renta fija. Las calificaciones dinámicas al medir la solvencia del prestatario determinan la tasa de interés, condiciones y plazos del financiamiento en función directa de maximizar el valor para los prestamistas; es decir, según la evaluación de riesgo crediticio la calificación cambia con el objetivo de protegerse de la insolvencia, de ahí el énfasis de los grupos financieros privados de imponer una estricta regulación al financiamiento. Regulación reservada como atribución del sector público hacia los años setenta, y que ha sido transferida paulatinamente con el arraigamiento de estas entidades privadas, a tal grado de haber establecido un complejo régimen regulatorio supranacional que sólo se entiende como injerencista.
Standard & Poor’s, Moody¿s y Fitch Ratings manejan alrededor del 90 por ciento del mercado internacional –las dos primeras 40 por ciento cada una y la tercer el otro 10 por ciento- concentración que ha generado conflictos de interés e incompatibilidad de la acción regulatoria de la calificación de riesgo con la solvencia real, induciendo la gestación de crisis financieras de alcance mundial. Es por esta razón que los servicios de información ofrecidos a los prestamistas deben asegurar la liquidez de los mercados y fomento de la actividad financiera. Allegarse de información económica-financiera de empresas y gobiernos –acopio exhaustivo de informes confidenciales, reservados o clasificados, cruzados con información privilegiada del sistema bancario privado y de los bancos centrales- hace de las calificadoras de riesgo empresas privadas de inteligencia financiera vitales para la estructura de los aparatos de seguridad nacional de Estados Unidos, Reino Unidos y demás potencias desarrolladas, incluyendo China y la Federación Rusa.
La función de las calificadoras de riesgo está dirigida para asegurar los intereses de la inversión extranjera en México u otras partes del mundo. Las industrias petrolera, eléctrica, minera y de infraestructura son donde se encuentran los montos significativos de la inversión extranjera, las que el gobierno Federal rescata como acto de soberanía nacional, convirtiendo a éstas, además, en eje de desarrollo económico. Precisamente este es el punto de la confrontación. Detrás de la calificación de riesgo está el esquema de los términos de financiamiento –traducido en deuda externa pública y privada- condicionante del desarrollo de sectores industriales estratégicos de los países subdesarrollados (de contar con yacimientos petroleros, mineros o infraestructura manufacturera) que formen parte de las cadenas productivas integradas a nivel mundial por las economías imperialistas reunidas en el G-20. Al condicionar el financiamiento se mantiene la dependencia económica asociada a otros mecanismos, como la extracción intensiva de recursos naturales no renovables, obstruir la aprobación de legislaciones de protección del medio ambiente e impedir prácticas contaminantes, defensa de los derechos laborales, impulsar mejoras normativas en materia fiscal (exención de impuestos) o incluso, los que impiden el acceso de tecnologías a través de estrictas regulaciones de patentes propiedad de las empresas trasnacionales monopólicas. En este sentido, la calificación tiene como objetivo fundamental la concentración y centralización de la riqueza global disputada por los monopolios financieros.
El caso de México es ilustrativo. La Balanza Comercial registra un superávit con Estados Unidos desde 1995 a la fecha. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana la relación comercial bilateral se revisó con fines de modificar esta tendencia, por lo que ordenó renegociar el TLCAN y firmar otro, el TMEC. Al instrumentar una férrea política proteccionista, Estados Unidos encareció el comercio con México para equilibrar el intercambio comercial, sin antes corregir las causas de esta distorsión: flujos de capital en terceros países y ventajas competitivas. En 2016, México exportó 525 mmdd, siendo el cuarto mayor déficit comercial bilateral de Estados Unidos después de China (347 mmdd), Japón (69 mmdd), Alemania (65 mmdd) y México (63 mmdd). Los principales productos exportados se relacionan con la industria automotriz (48.9 por ciento); electrónica, telefonía, redes inalámbricas y procesamiento de datos (18.6 por ciento) y petrolera (5.4 por ciento). Del total de importaciones de México hachas a Estados Unidos, en el periodo de enero a octubre de 2016, el 10 por ciento correspondieron a gasolinas, aceite diésel, propano y gas natural. En este contexto, Moody’s reaccionó de forma inmediata contra las políticas disruptivas contenidas en el Plan de Negocios de Pemex, de junio de 2019, bajando la calificación a ésta. Es justo el punto de la confrontación y razón de la reunión del señor Larry Fink, presidente ejecutivo de Black Rock, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2020. Este encuentro revela el nivel de presión sobre la política económica de la 4T, cuando a principios de ese año el mayor administrador de activos del mundo –casi siete billones de dólares- declaró retirar inversiones de países y empresas no comprometidas con la sustentabilidad. El 7 de mayo de 2018, el candidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia conoció el interés del señor Fink por saber los planes de gobierno. A casi tres años de aquella primera entrevista, el curso legal de la suspensión de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica apenas promulgada, ha puesto en primer plano el conflicto político entre el interés público del Estado de rescatar la soberanía rectora de la industria eléctrica , y el interés de las trasnacionales para hacer valer el criterio competitivo del lucro, instado por la oposición PRI-PAN-PRD, la misma que hace ocho años suscribió el Pacto por México del presidente Enrique Peña Nieto, acuerdo por el cual se concretó la privatización de las industrias petrolera y eléctrica a través de las llamadas “reformas estructurales”.
Sin embargo, otro aspecto de la injerencia de los poderosos grupos financieros en la economía nacional –consecuencia de las calificaciones emitidas- es la fuga de capitales. La Balanza de Pagos del cuarto trimestre de 2020, publicada por el Banco de México, registró una “desinversión” de bonos gubernamentales por 18 m 758 mdd, de los cuales 9 m 019 mdd son de inversionistas mexicanos (domésticos) y extranjeros (no residentes) 9 m 739 mdd. Las razones de los analistas acusan “episodios de incertidumbre” como la causa de “búsqueda” de estabilidad financiera. La fuga de capitales al presionar la paridad cambiaria del peso frente al dólar y otras monedas “fuertes”, ocasiona devaluaciones –“depreciaciones” las llaman ahora- llegando a cotizarse a más de 22 pesos por dólar, en el segundo trimestre del año pasado, aunado a esta situación, la caída del precio del petróleo. En México el rendimiento es alto, 4.25 por ciento, pero el riesgo proviene de las políticas de recuperación, como el financiamiento de Pemex, la cancelación del aeropuerto y de la planta cervecera, la reforma eléctrica, señalan los economistas que trabajan en empresas consultoras filiales de los monopolios financieros extranjeros. La fuga de capitales se dio precisamente en el periodo durante el cual el Congreso procesaba la iniciativa presidencial de reformas de la industria eléctrica. Trust y consorcios extranjeros privados tienen en los monopolios financieros el control económico mundial, del que México no está sustraído. El poder de la oligarquía financiera para desestabilizar cualquier gobierno está al orden del día. La intervención toma nuevas formas, pero no deja de ser intervención. El caso boliviano es muestra de ello.
