Los ojos de millones de personas de todo el mundo vieron con azoro e indignación las imágenes del horror: un pelotón de policías disparando sus armas para reprimir a balazos una manifestación de mujeres que exigían justicia por el homicidio de “Alexis”, la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado el lunes pasado por la tarde en una obra en construcción en Tulum, luego de haber “desaparecido” el sábado 7 de noviembre.
Ni en los más delirantes sueños de un turista cabe imaginar que el estado de Quintana Roo –la joya de la corona del turismo mexicano por la belleza de su naturaleza– se puedan cometer crímenes tan atroces como el de Alexis. Y todavía peor: que la policía recurra a las armas para reprimir a las mujeres.
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En la refriega cuatro reporteros resultaron heridos, ya sabemos que México es el país más mortífero del mundo para los periodistas y que justo el presidente de la república es el peor enemigo de la prensa. En el gobierno de Obrador los periodistas como las mujeres no tienen garantías, en cambio a los narcos y a los criminales se les “combate” con besos y abrazos. Este gobierno, incluso, ha llegado a lo inaudito: criminalizar a las organizaciones feministas. Una política que no debe tolerarse y que merece el repudio de todos.
Imaginar que una mujer tan sólo por asistir a un acto de protesta puede significar la muerte. A todas luces parecería una locura pensar que un centenar de policías se sintieran “amedrentados” por unas mujeres que sólo manifestaban su indignación por un femenicidio.
El gobernador y la alcaldesa de Cancún –como los policías– también sacaron su arsenal de mentiras y se lavaron las manos. Pero las armas políticas de Carlos Joaquín González y Mara Lezama son más letales que las de sus testaferros bajo sus órdenes.
La incompetencia de ambos para gobernar no es una sorpresa. Carlos Joaquín –el hijo bastardo de la dinastía forjada por Nassin Joaquín Ibarra– saltó a la política bajo el manto protector de su padre y su medio hermano Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía en el gobierno de Peña Nieto e involucrado en el escándalo de Odebrecht. Pedro Joaquín Coldwell fue presidente del PRI en la campaña de Peña Nieto a donde fueron a parar los fondos ilícitos negociados por Lozoya.
La vida de Carlos Joaquín transcurría en Mérida –de donde él es nativo– se dedicaba entonces hasta hace unos años a la venta de aparatos celulares en una pequeña tienda e incluso llegó a recibir ofertas del espectáculo para trabajar como el “doble” de Chavo del Ocho por su gran parecido con el comediante Roberto Gómez Bolaños.
El nepotismo y las maniobras políticas construyeron la trayectoria de Carlos Joaquín hasta colocarlo en la gubernatura de Quintana Roo en una alianza tejida desde los más altos niveles del poder en el gobierno de Peña Nieto, gracias a la poderosa influencia de su medio hermano Pedro Joaquín Coldwell metido en el escándalo del Caso Lozoya.
Mara Lezama –la alcaldesa de Cancún– saltó a la política por la popularidad que le dio un programa radiofónico de chismes y denuncias ciudadanas. Se inició como reportera en un periódico local y su paso por la radio la catapultó a la política y en su primer intento por obtener la candidatura al gobierno municipal de Cancún tranzó con el exgobernador Félix González Canto su nominación a cambio de una importante suma de dinero.
Lo grave es que al inicio de su gestión como alcaldesa en Cancún aparecieron varias mantas de grupos del narco donde le reclamaban su apoyo, pues a cambio la señalaron de recibir decenas de millones de pesos para su campaña.
Tras los reclamos de los narcos, lo atroz llegó después cuando apareció en una de las calles céntricas de esa localidad el cuerpo desmembrado de uno de sus escoltas que cuidaba de la seguridad personal del hijo mayor de Mara Lezama.
No es un secreto para nadie que el narco reina sobre los destinos de Cancún y de todo el territorio quintanarroense.
No es fortuito el escándalo que protagonizó uno de los políticos más populares en el estado cuando se descubrió la maraña de intereses políticos con los cárteles de las drogas con el llamado maxiproceso a finales de la pasada década de los noventas que derivaron después en la captura y el proceso penal contra el gobernador Mario Villanueva Madrid por delitos del narcotráfico tanto en Estados Unidos como en México.
Otro gobernador sigue recluido en prisión por sus ligas con las mafias políticas del estado y por actos de corrupción. Nos referimos a Roberto Borge Angulo en cuyo mandato se fortalecieron los cárteles de la droga colocando a Quintana Roo como el mayor lugar del país en materia de lavado de dinero. Buena parte de la industria turística de esa entidad está permeada por el narco.
Ahora mismo el gobierno de Carlos Joaquín González es dominado por una mafia conocido como el Grupo Tepito, una organización de políticos vinculados a grupos criminales.
Quintana Roo es un asunto de seguridad nacional al que se debe prestar mayor atención y donde la prensa mayormente se encuentra al servicio de estos grupos que controlan el estado. De ahí el silencio cómplice de la prensa para que la verdadera información de la realidad social y política no trascienda más allá de las fronteras de esa entidad.
Las ligas de Carlos Joaquín con la mafia conducen hacia su amigo y socio Juan Vergara, quien fue el encargado de recaudar los recursos para la campaña de Carlos Joaquín y en la que se presume recibió fondos del narcotráfico.
Juan Vergara fue puesto efímeramente en prisión por la PGR cuando se investigó su fortuna. Vergara fungía entonces como secretario de Finanzas en el gobierno de Carlos Joaquín.
Con una vida ostentosa, Juan Vergara propietario de una residencia al más puro estilo del Negro Durazo, está ligado a diversos grupos políticos, principalmente con algunos conspicuos personajes poblanos, pero esa es otra historia que abundaremos en este espacio.
El Caso de “Alexis”, la joven asesinada y descuartizada en Tulum es una muestra de la violencia que se vive en el estado de Quintana Roo, cuyas playas se encuentran resguardas por militares por la acechanza del narco.
Las estadísticas de la violencia son irrefutables. Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en violación de mujeres y trata de personas, así como de homicidios dolosos y femenicidios, según los monitoreos del Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo (Osege) y del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Hace poco Linda Guar, vocera de dicho observatorio –certificado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) –dio a conocer un análisis de los 13 principales delitos que se cometen en Quintana Roo.
De acuerdo a sus reportes los delitos de violación pasaron del sitio 21 al número uno, al registrar un incremento de 294 por ciento; en trata de personas el estado pasó del octavo al primer lugar con un incremento de 241 por ciento; en narcomenudeo, del lugar 13 bajó al 10, aunque con un incremento de 23 por ciento.
En feminicidios se pasó del sitio 20 al número 14, con un crecimiento de 46 por ciento.
En homicidio culposo está en el lugar número uno a nivel nacional; en secuestro se pasó del lugar 14 al séptimo, ante el incremento de 22 por ciento de ilícitos.
En extorsión estaba en tercer lugar y subió al segundo, por el incremento de 29 por ciento; en robo con violencia del sexto sitio pasó al cuarto, por incrementarse 13 por ciento.
En robo de vehículo ocupaba el trimestre de 2019 el noveno lugar, ahora está en el quinto, al incrementar la incidencia 11 por ciento; el robo a casa-habitación, del cuarto lugar pasó a la sexta posición, aunque tuvo una disminución de 28 por ciento. El robo a negocio disminuyó 4 por ciento. El robo a transeúnte pasó del quinto al octavo, al disminuir 23 por ciento.
Estos son las estadísticas rojas del “paraíso” quintanarroense. El rostro oscuro de Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y otros siete lugares más que anualmente visitan millones de turistas extranjeras, muchos de ellos que también han sido víctimas de las mafias criminales.
No en balde el gobierno de Estados Unidos ha emitido una alerta roja para que sus ciudadanos no visiten Quintana Roo por la amenaza y riesgos a su seguridad.
Es así que Estados Unidos mantiene el Nivel 2 de mayor precaución para viajar a Quintana Roo y advierte de un aumento del riesgo a causa del incremento de los homicidios. El documento del Departamento de Estado advierte a sus ciudadanos que “la actividad criminal y la violencia, incluido el homicidio, ocurren en todo el estado” y que los actos criminales ocurren en lugares frecuentados por turistas estadounidenses.
Por esta razón el gobierno de Donald Trump mantiene el nivel de alerta a sus ciudadanos para viajar al Caribe mexicano asegurando que “la mayoría de los homicidios parecen ser objetivos; sin embargo, los asesinatos de organizaciones criminales y las batallas territoriales entre grupos criminales han resultado en crímenes violentos en áreas frecuentadas por ciudadanos estadounidenses. Los espectadores han resultado heridos o muertos en incidentes de disparos”.
