El tema de la seguridad es el más delicado del gobierno de López Obrador porque afecta de manera directa al ciudadano. Por tanto, el objetivo de la estrategia debiera darle prioridad, por lo tanto, a las preocupaciones de las personas, quizá antes de buscar acuerdos de paz con los grupos delictivos.
El saldo de un año de estrategia de seguridad arroja resultados positivos en cuanto a la reestructuración de los instrumentos sociales, judiciales, penales y coercitivos, pero pendientes que generan protestas ciudadanas: ahora el problema no son los cárteles del crimen organizado, aunque las cifras de homicidios dolosos hayan aumentado, porque se trata de ajustes de cuentas o de disputas de territorios entre bandas.
La queja ciudadana creciente radica en los delitos al menudeo porque afectan la seguridad de las personas y el daño a su patrimonio. Y aunque se trata de delitos de fuero común que corresponde a la responsabilidad de gobernadores y alcaldes, en realidad el motor de la nueva estrategia está en el gobierno federal y su Guardia Nacional.
El secretario federal de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, apenas ha dejado entrever el infierno que encontró en policías estatales y municipales. Pero en sus esfuerzos por entrarle a resolver ese problema se ha encontrado con una secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sin capacidad de influir ante autoridades locales para apoyar las reformas policiacas. En este sentido, la falla de la reorganización policiaca de corporaciones locales tiene en Gobernación un pasivo creciente.
Además de las policías locales, la estrategia de seguridad requiere ocupar el espacio dejado por la desaparición de la Policía Federal, porque se ha señalado con insistencia que la Guardia no desarrolla funciones de persecución del delito. Sin un cuerpo de seguridad operativo para perseguir delincuentes y bandas que afectan al ciudadano y a su patrimonio, la tendencia delictiva seguirá creciendo. A nivel de delito al menudeo las bandas se han percatado que nadie las persigue y las leyes actuales dejan muchos espacios para la liberación de delincuentes capturados o ya presos.
Un espacio descuidado por las autoridades es la estructura de empresas de seguridad privada, porque la estructura oficial de supervisión y control es insuficiente para el numero de empresas sobre todo ilegales que operan. Asimismo, la seguridad publica tiene facultades para apoyarse en la seguridad privada y en sus cientos de miles de efectivos, pero no existen mecanismos para hacerlo. Los guardias de seguridad privada carecen de facultades policiacas, pero manejan información de inteligencia que las autoridades federales no han sabido aprovechar.
La estrategia de seguridad no necesita ser cambiada, sino que requiere relanzamientos en sus áreas más sensibles. La estrategia se ha centrado en temas de seguridad interior en tanto que se combate la inseguridad que afecta al Estado, a las instituciones y a la estabilidad social y económica. Pero los ciudadanos quieren ver resultados en los asuntos que le conciernen a él y a sus familias: asaltos en calles y lugares públicos, robos de casas y vehículos y sobre todo asaltos a negocios con nula capacidad para contratar seguridad privada y que mantienen buena parte de la actividad productiva cotidiana.
Ya pasó un año y el segundo exige atender a la ciudadanía.
@carlosramirezh
