Resulta paradójico que la existencia del Pacto por México como base para un mecanismo de negociación de acuerdos políticos haya sido arrinconado a una agenda demasiado precisa de temas y que –como en el caso educativo– los disidentes se hayan metido en un fase de tensión dinámica.
Las reformas del sistema político entraron en la dinámica más perversa de todo mecanismo de negociación: la dialéctica calle-parlamento. Lo grave es que lo conseguido en el parlamento entre las fuerzas político-partidistas que estarían representando a partes sustanciales de la sociedad pueda ser echado abajo en la calle donde no valen las razones sino las masas y la confrontación.
En este contexto, buena parte del análisis político tiene un escenario de estudio bastante novedoso: la existencia de poderes fácticos sociales, es decir, de organizaciones de masas que llevan la negociación a la orilla de la ruptura para obtener beneficios no tanto en un toma-daca sino en la conquista violenta de agendas.
Los maestros disidentes, agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, constituyen un poder fáctico de tipo rupturista. Al final, su objetivo no es frenar una reforma constitucional aprobada por el 90% del Congreso y la mayoría de los congresos estatales sino convertir la oposición al tema de la evaluación en un punto de ruptura institucional. El objetivo final de la CNTE en su lucha educativa busca arrodillar al Estado por la vía de la presión callejera.
El problema es de representatividad. La CNTE no es un organismo laboral sino un movimiento de masas con el propósito de modificar la forma representativa y republicana de gobierno e instaurar un modelo de ejercicio del poder directo de las masas. En Oaxaca, por definición de la Sección XXII de maestros, la insurrección del 2006 se fijó la meta de convertir al estado en una Comuna revolucionaria. El tema no debiera asustar de no ser por los métodos: la Constitución prevé el cambio de la forma de gobierno pero establece los mecanismos institucionales. Al final, la XXII y la CNTE buscan un asalto al poder.
Los movimientos de masas se convierten en poderes fácticos cuando se salen de los cauces institucionales que permiten todo tipo de reformas. El problema se localiza en el hecho de que esos poderes de masas carecen de mayoría institucional y por eso convierten sus movilizaciones callejeras en elementos de presión social. Pero un plantón no puede decidir el rumbo institucional de la república.
La CNTE y sus aliados perdieron espacios institucionales cuando el PRD optó por el camino del cambio pactado y se alejó de la presión callejera que privilegio López Obrador y que no condujo a victorias electorales. Al quedarse sin partidos y sin representación legislativa, la CNTE y aliados decidieron aumentar el grado de presión callejera con marchas, plantones en carreteras y asentamientos en las puertas de negocios privados para impedir su funcionamiento. La intervención policiaca en la carretera Acapulco-DF el viernes 5 de abril puso límites a esas prácticas.
Orientados a la ruptura sistémica, sin ninguna posibilidad de negociar reformas y organizados para cambiar por la fuerza la forma republicana y representativa de gobierno, el CNTE y sus aliados decidieron la presión callejera con ello se convirtieron en un poder fáctico y por tanto en un desafío al sistema político. Y tomarán la calle para bloquear los acuerdos en el parlamento.
