Este lunes, amanecimos con la sorpresa (aunque, por desgracia, nada nueva), de que un gran contingente de jóvenes tomó las armas para establecer otro grupo más de autodefensas con el fin de enfrentarse al crimen organizado que azota lo zona de Pantelhó, en los Altos de Chiapas (Reforma, 19 de julio, Pag. 1).
Pues parece ser, que es otro acontecimiento más que resulta de la irresponsable política presidencial de “abrazos y no balazos”.
El gobierno es uno de los componentes esenciales del concepto de Estado, que, junto con el pueblo (el más importante de sus componentes) y el territorio, tienen como fin el generar el bien común del pueblo. A estos tres componentes se les tiene que agregar un cuarto, que es el catalizador necesario para el cumplimiento de los fines del Estado. Este componente esencial es el del Estado de Derecho.
El Estado de Derecho es el conjunto de normas y principios establecidos en la Constitución, en las leyes que de ella emanan, reglamentos autónomos emitidos por los municipios, constituciones y leyes locales, formuladas por las entidades federativas, y reglamentos administrativos que expiden, tanto el presidente de la República, como los gobernadores de los Estados y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Además de lo anterior, dentro del Estado de Derecho, se comprenden los precedentes judiciales dictados por los Tribunales Colegiados de Circuito, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por último, también se tiene que considerar que forma parte del entramado que comprende el Estado de Derecho, las normas establecidas por los tratados internacionales en los que México es parte, así como las resoluciones de cortes y paneles de resolución de controversias emitidas por órganos y tribunales establecidos bajo esos tratados.
Como dijimos antes, el propósito de la existencia del Estado es el darnos bien común. Los dos elementos necesarios para que eso suceda, es la necesidad de que el Estado, primero, más que nada, nos brinde seguridad y justicia. Para que existan estos dos elementos esenciales, es necesario que cuando se quebrante la ley, haya consecuencias. Al efecto, hay un precepto romano que dicta nulla poena sine lege. Es decir, no hay pena sin la existencia de una ley previa. Al respecto, el concepto de pena es necesario para hacer cumplir la ley, ya que dicho cumplimiento no necesariamente se da por voluntad propia; por lo que, al haber un incumplimiento de la ley o el quebrantamiento de esta, el Estado debe de tener la potestad de ejercer lo que se llama “violencia legítima”.
Cuando se trata de personas que hacen a un lado las disposiciones legales de respetar la integridad física de las personas, matan, roban, despojan, extorsionan si no se cumplen con sus deseos que están totalmente al margen de la ley, el Estado debe ejercer violencia en contra de ellos, para perseguirlos y hacer que se respete el Estado de Derecho, para garantizar la seguridad y justicia del pueblo, elementos esenciales para generar el bien común.
Si tenemos a un presidente de la República que se rehúsa a hacer cumplir la ley, decidiendo darles abrazos a los delincuentes, en lugar de aplicarles la ley ejerciendo la fuerza del Estado, tenemos a un Ejecutivo Federal que esta entregando la soberanía nacional a personas que, aunque sean mexicanos, se comportan al margen de la ley, imponiendo ellos sus normas a la fuerza en vastas regiones del país.
Lo anterior está ocasionando que muchos pobladores tomen el cumplimiento de la ley en sus manos, al margen del gobierno, creándose un círculo vicioso de pérdida de soberanía. Eso no lo debemos permitir, por lo que debemos ejercer nuestro derecho constitucional en el 2022, de revocarle el mandato al presidente, quien se niega a ejercer el Estado de Derecho en México, en detrimento del bien común de los mexicanos.
@CarlosAnguloP
