La inevitable y necesaria reforma energética va a abrir una parte del debate menos importante: el histórico. Como no se vislumbra en ninguna de las propuestas la privatización del recurso del subsuelo ni la venta de Pemex, entonces el país podría enredarse en una discusión sin sentido.
El escenario histórico de 1938 y del 2013 es diferente: hace setenta y cinco años el mundo se preparaba para una guerra, el petróleo no se perfilaba como recurso estratégico, las compañías extranjeras petroleras se negaron a respetar al Estadio mexicano y a sus instituciones y el presidente Cárdenas percibió la urgencia de defender los recursos naturales.
De acuerdo a lo que se analiza del entorno de las diferentes propuestas de reforma energética, hay dos puntos no negociables: la propiedad de los recursos del subsuelo para la nación, el Estado y los mexicanos y la propiedad estatal de Pemex. En todo caso, los puntos a debate son los de la participación de la empresa privada en algunas de las labores alrededor del petróleo.
El debate no se debe agotar en la soberanía ramplona que ofrece molinos de viento contra los cuales luchar, aunque la reforma debería servir para reafirmar la propiedad nacional de los recursos del subsuelo. En todo caso, el tema central radica en las formas de participación de las empresas privadas para contribuir a la potenciación del petróleo como factor del desarrollo.
México se enfrenta a un escenario estratégico similar al de 1981 cuando la lucha de los productores por la revalidación de los precios condujo a una caída de las cotizaciones y México decidió vender petróleo en función de sus propios precios y no de los del mercado y los ingresos se desplomaron por falta de clientes. El petróleo es un recurso de utilización básica, no nada más un símbolo; de ahí que el debate sea cómo potenciar el desarrollo de la industria petrolera sin ceder la propiedad de los recursos naturales.
El mercado petrolero internacional está cambiando. La tendencia a la alza de los precios del barril –alrededor de cien dólares– ha llevado a los grandes consumidores –Estados Unidos y China– a desarrollar sus propias industrias energéticas, lo que puede conducir en menos de quince años a un cambio estructural en el mercado y los productores primarios podrían declinar sus utilidades. De ahí la urgencia de modernizar la industria energética.
El debate de la reforma energética, por tanto, debe alejarse del tema de la propiedad del recurso y de Pemex para llevarse hacia las formas de participación privada no sólo en la fase primaria de extracción, sino en los temas de desarrollo de una planta productiva nacional más dinámica y eficiente, a la refinación y sobre todo a la urgencia de un desarrollo tecnológico que suba al país de productor primario a una fase de industrialización generalizada.
En todo caso, la reforma energética debe eludir el hoyo en que cayeron las reformas estructurales del gobierno de Carlos Salinas de Gortari: la privatización del ejido no condujo a la agroindustrialización del campo y la privatización de las empresas públicas sólo creó una nueva gran burguesía sin efecto social y económico en la planta productiva.
En el fondo, la reforma energética puede ser el gran salto cualitativo de México hacia mejores niveles de desarrollo nacional si acaso los partidos crean un espacio de debate de los temas de fondo. El desafío se localiza en los que son hoy grandes consumidores e importadores de petróleo y que en menos de quince años puedan ascender a países autosuficientes e inclusive exportadores de crudo.
Si es bueno no pelear con la historia, lo peor podría ser reñir con el futuro.
