La crisis política, económica y social en que ha puesto la presencia del #COVID19 al gobierno federal, debería otorgar experiencia y conocimiento para replantear qué es la seguridad para el Estado mexicano. Más de cien mil muertos lo reclamarían.
Para el Estado mexicano la seguridad solo se circunscribe a salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, y contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, tal y como aparece en el artículo 21 constitucional, es decir, solo a cuestiones de seguridad pública cuando en realidad, es más, mucho más.
De la Ley de la materia se obtiene un concepto de seguridad nacional que abarca, la seguridad política del Estado, el mantenimiento del estado de derecho, de las partes de la Federación, de la defensa del país y, por último, de la democracia, entendida como el desarrollo económico, social y político, es decir, lo que debería presentarse como objetivos nacionales en la Constitución, aparece como objetivos de la norma.
Para la formación del concepto de Estado, los ciudadanos, el territorio y el gobierno ocupan la misma jerarquía, pero para la función de Estado de la seguridad, es distinto.
La lógica es, que el concepto de seguridad contenido en los objetivos nacionales que se encuentran en los primeros 29 artículos de la Constitución no contempla las hipótesis jurídicas de desarrollo económico, político y social, que están contenidas en la Ley de Seguridad Nacional, dado a que la seguridad no solo se trata de un sentido de orden y paz públicos, sino que en una interpretación ampliada también es de desarrollo del ciudadano en esas vertientes.
En el plano económico, esta administración prefiere obtener dinero fresco por la derogación de fideicomisos para ciencia y cultura, que prescindir de proyectos que ni siquiera ha comenzado su construcción, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.
Para no variar, la falta de pronunciamiento sobre el proceso electoral o sobre el ganador de la elección norteamericana, no abona al ambiente político de buena vecindad y, por consecuencia, de consultar la venta de una posible vacuna.
En el plano social, el gobierno federal desoye la opinión pública, así como la de expertos o consultorías internacionales en materia económica, que advierten la amenaza que constituyen sus políticas. En su momento le salió muy caro el rescate de mexicanos en el exterior y el transporte de insumos médicos desde China, con la renta de aviones comerciales, cuyo vuelo se calcula en unos 900 mil pesos cada uno, como reclamo por traer a Evo Morales de Bolivia.
En el plano político, el gobierno federal minimiza, desprecia, descalifica y hasta insulta las opiniones de medios de comunicación, de la academia y de la clase política con su ejército de seguidores en redes sociales, en vez de sumarlos al esfuerzo nacional por superar esta crisis.
Desafortunadamente hoy lo importante es acumular esta experiencia desagradable y con ella, más adelante convertirla en corregir o aumentar la legislación o planeación en seguridad para el país.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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