A las pocas horas del atentado de hace dos domingos en Salamanca, Guanajuato, usuarios de redes sociales y políticos de oposición se apresuraron en nombrar a la tragedia como un acto de “narcoterrorismo”. Incluso, varios solicitaron abiertamente la intervención de Estados Unidos. Si bien el incidente es lamentable y condenable, ¿qué hubiera pasado sin, en efecto, era lo que proclamaban estas personas?
Empecemos por definir “terrorismo”: un acto de violencia premeditada y con motivos políticos, perpetrada contra objetivos civiles por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar a un público determinado. Se trata, en su aleatoriedad, de generar un clima de inseguridad y terror.
Se percibe aquí una diferencia central: por lo que se sabe, el atentado en Salamanca se concibió para asesinar a una persona determinada, con el fin de dar un ejemplo a los negocios de una localidad para sujetarse a un “cobro de piso”. Es grave y refleja la debilidad del Estado, pero si fuese terrorismo, los ataques serían aleatorios, para dejar un mensaje claro: nadie se encuentra a salvo de morir violentamente.
¿Cómo se procesaría el todavía hipotético problema del terrorismo en México? A nivel mundial, ha habido olas de terrorismo, como el comunista durante los setenta y ochenta, o el integrismo islámico en los últimos veinte años. Incluso han existido grupos que realizan estos actos en un país determinado, como la ETA en España, o el ERI en el Reino Unido.
¿Cómo se supera este problema? En algunos casos, y suponiendo que el objetivo de estos grupos no es desestabilizar a un país, a través de largas jornadas de diálogo y negociación. A menudo, implica la colaboración entre varias naciones para intercambiar información y desarticular células combatientes. Es indispensable invertir en seguridad, espionaje y tecnología para compilar y procesar información, especialmente cuando se trata de procesos cada vez más sofisticados. Sobre todo, si el objetivo del terrorismo es resquebrajar la confianza en las instituciones públicas, se requiere de un discurso claro de identidad colectiva, que permita contrarrestar los embates.
Por desgracia, hay riesgos, como el interés que se podría tener por parte del Estado para mantener un estado de psicosis, para limitar garantías y controlar los flujos de la información, invocando un “estado de excepción”. Incluso los gobiernos podrían usar estos ataques para desmantelar las democracias y perseguir opositores, en el afán por permanecer o perpetuarse en el poder.
Dicho lo anterior, cabría plantear algunas preguntas en el caso que tengamos un ataque terrorista:
¿Tiene el gobierno la capacidad para recabar información oportuna y prevenir futuros ataques?
¿Qué tan confiable sería, si llegase a solicitar facultades de emergencia, o decretar estados de excepción?
¿Tendríamos la seguridad que el Estado no haría una cacería de brujas, en el nombre del combate al terrorismo?
¿Cómo se tejería una idea de problema compartido, para contrarrestar la psicosis y la desconfianza, en el actual ambiente de polarización?
Sobre todo, ¿cuál sería el impacto para nuestro país si, en la defensa de su seguridad e intereses, Estados Unidos declara a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas?
Como en cualquier otro tema, es necesario tener cuidado con lo que se desea: no vaya a ser que se cumpla.
@FernandoDworak
