No hay peor decisión para enfrentar una crisis que mezclarla con conflictos políticos que solo generan inestabilidad, disputas y violencia.
En medio de las tres grandes crisis nacionales –económica, pandémica y de seguridad– se ha levantado la veda al gran tema que garantiza por sí mismo una lucha desestabilizadora: la disputa por la candidatura presidencial del presidente en turno, mal llamada sucesión presidencial.
En el pasado eran los grupos políticos y de poder los que presionaban por adelantar preferencias de precandidatos. No es nada nuevo. Hoy, sin embargo, es el propio presidente de la República quién se ha encargado de colocar a la sucesión de 2024 en la gestión de cuando menos tres importantes carteras ministeriales: gobierno de Ciudad de México, Secretaría de Relaciones Exteriores y jefatura política del Senado.
Sectores, políticos y sociedad han sido lanzadas al circo romano de la sucesión presidencial, pero a costa de descuidar las tareas urgentes de estabilización de las tres grandes crisis: el crecimiento económico será menor al esperado y apunta a un sexenio recesivo de crecimiento cero, pronto el país rebasará la cifra de 300,000 muertos acreditados a la pandemia y la inseguridad no ha bajado en medio de matanzas en el país.
Los conflictos políticos y violentos en sucesiones presidenciales desde 1958 han aconsejado la definición de nuevos protocolos de gestión de la nominación del candidato del gobierno en turno, pero nunca se había visto como hoy que la sucesión comenzará desde mediados del sexenio, dejando la segunda mitad de la administración al garete de los jaloneos entre los grupos que quieren llegar a la presidencia en 2024.
El modelo priísta típico de dedazo presidencial dejó de ser eficaz en 1988, pero es la hora en que los presidentes posteriores –surgidos del PRI, PAN y Morena– no han aceptado que la estabilidad del país requiere de nuevas formas democráticas de hacer política.
@carlosramirezh
