La Evaluación Nacional de Riesgo 2019-2020 que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) arrojó que entre las fortalezas y vulnerabilidades se encuentra, la delincuencia organizada, corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país.
Además, existe una transición de la delincuencia del ámbito físico hacia el cibernético, derivada de la pandemia por el COVID-19.
Por eso es que la banca múltiple tiene un alto riesgo de ser infiltrada y utilizada por grupos delictivos para lavar dinero, así como la banca múltiple relacionada con centros cambiarios, debido a la cantidad de operaciones, usuarios y montos.
Esto puede explicar las diversas ocasiones en que han sido penetrados los sistemas de pagos SPEI del Banco de México.
Por eso el papel anticorrupción que juega la UIF es determinante, junto con otras instituciones del Estado mexicano, para erradicar prácticas que perjudican el sistema financiero mexicano, incluida las que realizan algunos personajes de la clase política.
Sus servicios pueden hacer posible desmantelar estructuras de la delincuencia, bajo la lógica de follow the money, es decir, seguir la ruta de origen y destino del dinero.
Pero también puede colaborar en delitos cibernéticos. En mayo de 2018 se tuvo conocimiento que los procesos en la infraestructura crítica que regula el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que opera el Banco de México (Banxico) afectó principalmente las transacciones en ese sistema que utilizan las instituciones Banamex, Banorte y BBVA Bancomer, cuyas últimas dos instituciones afirmaron que se trató de incidencias. Esta falla pudo haberse extendido a todas las instituciones del sector bancario mexicano.
Por estas razones es que no puede tomarse a la ligera la investigación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) a la que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en enero pasado, que señala que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió tarjetas a nombre de 1,495 beneficiarios por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, en los que se depositaron 68.8 millones de pesos, en un fraude que consistió en una repetición en 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas, entre cuyos beneficiarios, hubo quienes ni siquiera recibieron una tarjeta.
No solo eso, sino que también evidencia la fragilidad informática de los sistemas financieros del gobierno mexicano, cuando en la primera quincena de enero del 2020 se supo que la infraestructura crítica del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) también fue vulnerada, aunque hasta ahora sin que se sepa de algún daño patrimonial.
Más recientemente la afectación a PEMEX a la Lotería Nacional, así como a la Secretaría de la Función Pública.
Estas deficiencias en la infraestructura crítica, programas y sistemas podrían ser los causantes de que las transacciones que alteran la economía por la vía el sistema financiero mexicano, como el lavado de dinero no sean detectadas, o además que las transacciones cuantiosas de dinero producto de la corrupción, no puedan ser detectados por los mecanismos del Sistema Nacional Anticorrupción en virtud a que la legislación no posee algún procedimiento para inspeccionar sus movimientos, sobre todo aquellos irregulares de los que se puedan suponer la existencia de hechos que constituyan delitos patrimoniales en contra del erario público.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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