El documental ‘Duda razonable, historia de dos secuestros’, filmado en Macuspana y difundido por Netflix, el gigante mundial de películas, viene a ser la última palada de tierra sobre el ataúd del sexenio de Arturo Núñez Jiménez, quien ha encabezado la administración más desastrosa de la historia de Tabasco, incluso por encima que la del priísta Andrés Granier Melo, a quien se le puede “disculpar” por su “ignorancia” en administración pública.
Paradójicamente, el marido de Martha Lilia López Aguilera ha sido el más culto y preparado de los gobernadores de, por lo menos, las últimas tres décadas.
Con todo ese bagaje, al exdirector general del IFE no se le puede “perdonar” que haya dejado a la entidad en condiciones infames como nunca antes, superando –o empatando, para el caso es lo mismo– el estado en que la dejó Granier.
Hay evidencias de que la administración y procuración de justicia fue uno de los renglones más retorcidos del gobierno de Núñez.
‘Duda razonable’ documenta, de una manera que no permite titubeo alguno, que en la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador se fabrican culpables, y que la fuerza del Estado es una maquinaria brutal cuando se ve amenazada por perder un caso judicial.
Si los personajes de carne y hueso de la filmación no pudieron salir del penal del pueblo de AMLO con una defensa encabezada por uno de los mejores abogados de Tabasco, Andrés Andrade, quien conoce las entrañas de la Fiscalía General del estado por haber trabajado ahí, y con peritajes a su favor levantados por especialistas de talla mundial que vinieron a Macuspana a demostrar científicamente que el presunto secuestrado estaba mintiendo, ¿qué nos espera a los ciudadanos que no contamos con un director de cine que no escatima recursos para producir una cinta taquillera?
Si ya de por sí es escasa la presencia de México en temas de derechos humanos, el documental presentado por Netflix ha terminado por hundir la imagen internacional del país que gobierna el tabasqueño López Obrador.
En 2019 que inició su gestión, una de las primeras declaraciones del entonces mandatario Adán Augusto López Hernández fue señalar que en la Fiscalía General del estado, durante la gestión de Núñez, se alteraron expedientes.
Poco después la propia FGET, a cargo de Jaime Lastra Bastar, abrió una averiguación previa en contra de quien resultara responsable por alterar la información del número de delitos que se enviaba al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Eso quiere decir que durante la administración de Núñez las cifras sobre los delitos del fuero común no correspondían a la realidad: se había ocultado el padrón real para hacer ver a Tabasco como una entidad donde se combatía la inseguridad.
¿Por eso la necesidad de fabricar secuestradores por montón?
Núñez sigue sin rendir cuentas por este y otros presuntos delitos, y quien fue su fiscal, Fernando Valenzuela Pernas, tampoco ha sido requerido.
En el caso de este último, quizá su suerte cambie si aumenta la presión mundial por ‘Duda razonable’.
Acaso como control de daños el gobierno de López Obrador pueda intervenir para que, muchos años después, se haga justicia en el expediente de sus paisanos que fueron víctimas de todo tipo de artimañas del Estado mexicano para ser enviados medio siglo a prisión, sin ninguna prueba científica de por medio.
La libertad de los protagonistas del documental de Netflix está en manos del poder Judicial de la federación.
@RodulfoReyes
