El proceso de designación del candidato presidencial del partido en la presidencia de la república llegó a ser el factor de cohesión de la élite política gobernante, pero con fracturas que fueron minando las bases de fuerza política del PRI.
Los presidentes salientes de la República mantuvieron su fuerza política no solo para imponer a sus preferidos ante otras opciones dibujadas, sino también para administrar acuerdos con los políticos y sus seguidores que no ganaron la candidatura.
El PRI daba para todos, pero el presidente de la república sabía ejercer el poder y la fuerza para mantener la estabilidad del grupo gobernante. Y a ello contribuía la redistribución del poder entre todos los aspirantes. En 1975, por ejemplo, el presidente Echeverría jugó con los ánimos de tres precandidatos, pudo imponer a López Portillo, nombró presidente nacional del PRI al perdedor Porfirio Muñoz Ledo y colocó en la dirigencia capitalina del partido al otro perdedor Hugo Cervantes del Río.
Y todos contentos.
En 1987 el presidente Miguel de la Madrid se negó de manera terminante a pactar con Cuauhtémoc Cárdenas una nominación presidencial con votos de la militancia y prefirió la salida del líder político disidente a subordinar su poder de decisión. Cárdenas abandonó el PRI y colapsó la elección presidencial de julio de 1988.
En noviembre 1993 el presidente Salinas de Gortari jugó con las expectativas de Manuel Camacho Solís cuando siempre tuvo en mente a Luis Donaldo Colosio como su sucesor. Ante el enojo de Camacho y su amenaza de salirse del gobierno y del partido, Salinas ejerció todo su poder institucional para impedirlo con amenazas graves de uso de la fuerza; Camacho aceptó a regañadientes la cancillería y aprovechó el colapso zapatista en Chiapas para catapultarse a la comisión de negociación de la paz, pero siempre mantuvo el juego de percepciones de que no fuera un cargo público para seguir manejando la insinuación de que podría ser candidato independiente.
El presidente Zedillo careció de pericia política para manejar su propia sucesión en el 2000 y buscó la competencia abierta entre candidatos y el voto de los priístas. Pero en el fondo, esta salida fue de emergencia porque los priístas habían modificado los estatutos para ponerle candados a la candidatura presidencial y exigir un cargo previo de elección popular. Los preferidos de Zedillo, los tecnócratas Guillermo Ortiz Martínez y José Angel Gurría Treviño, quedaron fuera de la competencia.
Zedillo llegó al proceso electoral del 2000 con una competencia entre tres principales precandidatos: Francisco Labastida Ochoa como el oficial emergente y los políticos Manuel Bartlett Díaz y Roberto Madrazo Pintado, estos dos últimos con la bandera del rescate de la Revolución Mexicana y del proyecto nacionalista de desarrollo que el neoliberalismo salinista-zedillista había aplastado como discurso histórico.
En el ánimo del presidente Zedillo siempre estuvo la certeza de que Labastida era una carta sacrificable porque no garantizaba la continuidad del proyecto neoliberal. En cambio, Vicente Fox Quesada y el PAN era más garantía de continuidad de la economía de mercado y más cuando Fox mandó el mensaje de que su secretario de Hacienda sería Francisco Gil Díaz, el economista del Banco de México y del ITAM que era considerado el jefe de los Chicago Boys mexicanos, esos economistas de mercado que se habían forjado en el pensamiento de Milton Friedman y el neoliberalismo.
Zedillo había cometido el acierto de mantener una distancia crítica del PRI, pero sin perder el control del partido, pues durante su presidencia tuvo nada menos que siete presidentes del comité ejecutivo del partido. Con la presidencia partidista de Santiago Oñate Laborde se realizó la XVII Asamblea Nacional que modificó los estatutos para bloquear a los tecnócratas zedillistas.
De ahí la gran lección de la historia de las nominaciones presidenciales en el PRI: no hubo sucesión feliz.
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