Gerardo Lozada Morales
El Instituto Nacional Electoral (INE) encabezado por Lorenzo Córdova ha dado muchas noticias durante el periodo vacacional, principalmente por la postura que han mantenido en contra del ejercicio democrático de la Revocación de mandato presidencial, pues se postularon el pasado 16 de Diciembre mediante la votación de seis consejeros, a posponer el ejercicio. Suceso que provocó una marea de notas periodísticas y reacciones en redes sociales, hasta el momento en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les mencionó con el respaldo de la ley que están obligados a cumplir con el ejercicio de revocación.
Lo que es sorprendente y paradójico, es que el origen de la renuencia del INE; tanto de Córdova como de Murayama, es el descontento al recorte presupuestal para este año 2022, algo que el propio Córdova en comunicado señaló que harían la revocación de mandato pero sin garantizar que sea pleno porque “no les alcanza”, y que no van a “vulnerar el salario de sus trabajadores”. De igual manera, los dos funcionarios han dado sus posturas en redes y en comunicado, argumentando que tienen el descontento de sectores “académicos”, “formadores de opinión”, organizaciones, etc… Empero, lo que también fue sorpresa en el periodo vacacional, es que tienen una denuncia penal desde el 29 de diciembre y que aún permanece activa en la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de Córdova, así como de los consejeros que votaron a favor de posponer la revocación de mandato: Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz, Beatriz Claudia Zavala, y el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. Esto ha abierto un expediente donde los mantienen en la mira de la Fiscalía Anticorrupción, bajo los delitos de: “coalición de servidores públicos y abuso de autoridad”. Córdova aclaró en un comunicado que las acusaciones penales en su contra siguen su curso a pesar de ser una “institución autónoma”, que recurriría de nueva cuenta a la Secretaría de Hacienda para solicitar más presupuesto, y en su caso, si continúa la negativa, en un lenguaje cínico expuso que “si la gente quiere revocación de mandato la habrá” así haya menos casillas y menos boletas, etc., etc., etc., porque ajustarán el presupuesto que tienen.
Ante estos fenómenos, el Presidente López Obrador se ha mantenido acorde a las reglamentaciones, pero sí ha expuesto en las mañaneras los sueldos multimillonarios de los consejeros y de los subcontratados, así como servicios médicos especiales que debieron suspenderse mencionando que: “uno de los consejeros se había sometido a una cirugía plástica utilizando recursos de la institución”. Y pese a que el Presidente no dijo las cantidades exactas, expongo a continuación el salario de Córdova y Murayama para darnos una idea: cada uno gana $169 mil pesos netos, un vehículo nuevo, bonificaciones cerca de los $4 mil para equipo celular y costos de telefonía móvil y $14 mil pesos para alimentación. Al igual que hace unos meses se develó que los subcontratados por los consejeros como lo son: consultores, asesores, investigadores para redes sociales y más ascienden a los casi 4 millones de pesos cada uno.
Sin duda alguna, nos encontramos en una encrucijada frente a una Institución heredera del viejo régimen antidemocrático del país, aquel que mantuvo a funcionarios públicos del IFE hoy INE como una casta de aristócratas que en ningún momento operaron a favor de la democracia, pero que están completamente acostumbrados a vivir derrochando dinero cuando contrariamente deberían ser verdaderos servidores públicos. Cabe recordar que la verdadera batalla del INE no es la democracia, es la defensa de sus sueldos y privilegios. Hoy rumbo a la contienda presidencial del 2024, es urgente hacer un llamado para reformar al INE o desaparecerlo y encontrar nuevos mecanismos para la participación democrática, así se tenga que reinventar el sistema electoral.
El autor es doctor en Ciencias de Gobierno y Política por ICGDE-BUAP y Catedrático de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
