El sistema político nacido en 1929 llegó ya a su fin y el país encara la urgencia de una gran reforma de sistema/régimen/Estado que plantee el salto cualitativo del modelo priísta autoritario-presidencialista de nación a una república de leyes e instituciones.
La trayectoria política del PRI ilustra el tránsito de la decadencia y disfuncionalidad del sistema político y el agotamiento del aparato de ejercicio del poder autoritario. El PRI nació para mantener un grupo político en el poder y centralizar los valores y beneficios del gobierno y del Estado, ante la inexistencia hasta 1988 de una oposición real.
El agotamiento de la estructura priísta del gobierno y del Estado se advierte en la poca funcionalidad de la administración morenista en una nueva configuración social del México despriízado desde 1988. El fracaso del PRI en el gobierno de Peña Nieto fue producto de la reconstrucción de los viejos vicios priístas, en tanto que las limitaciones de Morena en la presidencia también responden a su funcionamiento priísta.
El PRI terminó su fase como partido en 1994, no solo por el asesinato de Colosio, sino por la separación formal del presidente de la república de sus funciones metaconstitucionales como jefe nato del PRI. Como agregado, Zedillo fue el primer presidente de la república que no pudo poner candidato a la presidencia y se vio obligado por las circunstancias del atrincheramiento del PRI a aceptar la alternancia presidencial al PAN.
La reforma del poder en México requiere no solo de la desaparición física del PRI, sino de la reconfiguración del sistema-PRI que impuso como estructura de poder en el funcionamiento de la república. El PAN y Morena en la presidencia encontraron el camino cómodo de la administración de privilegios en la gestión del sistema PRI para su beneficio, e inclusive sin preocuparse del PRI.
La verdadera transición mexicana a la democracia se dará en la evolución del sistema-PRI a una estructura de democracia de leyes e instituciones, no en la nefasta herencia priísta de funcionar en base al voluntarismo presidencialista autoritario que suele suspender el funcionamiento democrático de las instituciones.
La lucha desesperada del PRI por mantener su base mínima de datos y salvar la actual estructura antidemocrática de la república revela uno de los obstáculos más importantes que habría que remover para avanzar a formas con mejores equilibrios institucionales.
La oposición partidista se ha aglutinado en torno a organizaciones sociales de confrontación con el estilo unitario de gobierno del presidente López Obrador y ha perdido lo ha avanzado en los últimos años en el diseño de un discurso de transición a la democracia. El problema, sin embargo, no radica en López Obrador o Morena como obstáculos de modernización democratizadora, sino que se ubica en la ausencia de una oposición propositiva y en la falta de canales de comunicación entre la sociedad crítica y los partidos opositores.
El PRI bien pudiera servir, como última acción, como espacio para configurar corrientes sociales que definan un proyecto de transición hacia una república de leyes e instituciones, y no buscar de manera desesperada solo posiciones de poder. La alianza del PRI con el PAN, el PRD, la Coparmex y Claudio X. González no le redituará mayores votos al PRI como partido y sí le están restando autoridad moral y política para aspirar, casi como sueño guajiro, a regresar a la presidencia en el 2024.
Hasta ahora, ninguna de las fuerzas político-partidistas tiene una propuesta real de transición de México a la república de leyes e instituciones, sin entender que la crisis política y de gobierno está determinando la profundización de la crisis económica, porque el funcionamiento sistémico de control de lucha de clases ha impedido la definición de mejores opciones para el país.
Lo que queda, al final, es que el destino histórico del PRI depende de sus viejos adversarios hoy aliados desesperados y la estrategia del presidente López Obrador.
