Por segunda ocasión abordamos aquí la necesidad de establecer nuevas reglas democráticas para evitar la centralización presidencial en la designación del candidato del partido en el poder. Con datos relevantes de atomización, dispersión y debilitamiento de los partidos y con indicios de sobra sobre el desprestigio de la clase política, mantener el modelo dedazo sería una garantía para una pérdida de control de las elecciones de 2024.
La intervención directa del presidente de la República en turno desde la Constitución de 1917 hasta la fecha ha sido el elemento central del sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional. Su origen se dio a partir de la negativa de los grupos revolucionarios victoriosos en 1917 de avanzar hacia la construcción de una republica de leyes e instituciones.
La centralización del poder en la presidencia de la república –con los antecedentes de los Tlatoani indígenas, de los virreyes coloniales y de los hombres fuertes republicanos– no construyó la república que se esperaba y sí contribuyó a evitar la dinámica democratizadora en las instituciones.
La experiencia política de la alternancia mexicana ha revelado que la configuración sistémica evitó la construcción de clases e instituciones con autonomía relativa y que el control corporativo de las clases productivas no permitió la maduración de grupos sociales.
Las reformas sistémicas de 1968 a la fecha no han tocado las áreas de poder de grupos fácticos y por lo tanto no han contribuido a dinamizar el funcionamiento de la democracia. Hoy tenemos elecciones cada vez más libres, pero esos procesos no han reconfigurado la vieja representación corporativa de las mismas élites de siempre, sea bajo los gobiernos del PRI, el PAN o Morena.
La alternancia del 2018 ha modificado algunas viejas reglas de las relaciones del poder, pero sin afectar la estructura presidencialista sin contrapesos institucionales y con iniciativas para ir anulando los precarios equilibrios de organismos de representación social que habían ido equilibrando ciertas decisiones autoritarias.
El modelo de nominación del candidato presidencial de Morena es el mismo que ha venido ocurriendo en el sistema/régimen desde la primera elección posrevolucionaria en 1920. La forma ostentosa en que el presidente López Obrador está conduciendo la nominación del candidato de su partido no contribuye a una movilidad de reglas políticas.
No hay ningún indicio que permita tener expectativas positivas sobre cambios en las reglas políticas que influyan a favor o en contra de la consolidación democrática, pero se puede aventurar la hipótesis de que la del 2024 será la última –ahora sí– elección al estilo del viejo régimen del dedazo y que las fuerzas sociales con mayor equilibrio en el Congreso estarían obligadas a sentarse para discutir la reconfiguración del régimen pasando del modelo de presidencialismo autoritario aún régimen republicano de leyes e instituciones.
El estilo unitario de gobierno del presidente López Obrador está agotando el modelo de la centralización de las decisiones, sobre todo cuando su partido por sí solo no tiene la mayoría absoluta en el Congreso y solo se fortalece por el control político territorial de casi el 60% de los gobiernos estatales.
Aun con ese poder territorial, el próximo presidente de la república no tendrá la fuerza suficiente para mantener el modelo de centralización de decisiones del poder y se verá obligado a negociar con la oposición atomizada algunas leyes que requieren de la mayoría calificada de tres cuartas partes del espacio legislativo.
En este contexto, sería una buena idea comenzar a retomar las viejas discusiones que vienen desde el 68 estudiantil y que han propuesto la transición del régimen político mexicano hacia una transición democrática que lleve a una república de leyes e instituciones. Si no se da ese debate, la capacidad de gestión presidencial del próximo jefe del ejecutivo federal será insuficiente.
