Guillermo Buendía
El informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana integrado con el trabajo de inteligencia y respuesta operativa de las instituciones del gabinete de seguridad se dio en el contexto de asesinatos de periodistas, del resolutivo del Parlamento Europeo y pronunciamiento del Departamento de Estado norteamericano sobre la situación de riesgo de la prensa en nuestro país, deja ver la incesante actividad de las organizaciones criminales que atentan de manera frontal la seguridad interior, cuya consecuencia ha puesto en una situación crítica, desde hace más de veinte años, la estabilidad política.
El presidente Enrique Peña Nieto dejó pasar cinco años de su gobierno para hacer legal las funciones de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública. El 21 de diciembre de 2017 entró en vigor la Ley de Seguridad Interior, y con ello se transitó del debate crítico legislativo a los recursos de inconstitucionalidad que la SCJN, con la sentencia del 15 de noviembre de 2018, declaró la invalidez total de la Ley para cuando MORENA tenía la mayoría en la legislatura pasada. El Senado abroga la Ley el 18 de diciembre de 2019, dejando en el vacío legal nuevamente la función de las fuerzas armadas de vigilar las calles. En tanto, la realidad del país durante el sexenio de Peña Nieto evidenciaba violaciones a derechos humanos. Las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en “áreas de insuficiencia operativa, técnica y logística para enfrentar la amenaza” dio paso al “uso legítimo de la fuerza” por parte de las fuerzas armadas “para que por sí” actuar de manera permanente en salvaguardar “la gobernabilidad democrática”. Se echó mano del supuesto legal de salvaguardar el régimen democratico para justificar la represión.
A esto se sumó que el acopio de información en posesión de los órganos autónomos del Estado mexicano para elaborar inteligencia -requerida por el Consejo de Seguridad Nacional y establecido en la Ley con carácter obligatorio- daba a las fuerzas armadas un poder desproporcionado sobre las instituciones civiles. En este sentido, el viraje hacia un Estado donde el Poder Ejecutivo se erigía desproporcionadamente hegemónico sobre los otros poderes de la Unión por las atribuciones legales concedidas a las fuerzas armadas en la Ley de Seguridad Interior, no prosperó.
Quince días antes de que tomara protesta Andrés Manuel Lopez Obrador como presidente constitucional, la Ley de Seguridad Interior fue invalidada. Sin embargo, la violencia criminal desatada por el control territorial del trasiego y producción de drogas, de las rutas migratorias y de trata, no fue contenida hasta tal grado que la escalada y secuelas de las actividades de las organizaciones criminales comprometen la estabilidad política hasta hoy. Los homicidios dolosos -informó la secretaria Rosa Isela Rodriguez Velazquez van a la baja durante los últimos nueve meses, registrando una reducción del 26.4 por ciento hasta febrero- siguen siendo reflejo del poder armado del narcotráfico para controlar “áreas de insuficiencia operativa” de la seguridad pública. La Guardia Nacional y corporaciones policiales están rebasadas en la prevención de delitos del fuero federal y común. Y aunque no se trate de crímenes de Estado el asesinato de periodistas, ni las masacres sean perpetradas por las fuerzas armadas, la respuesta de las instituciones de seguridad del Estado atraviesan una situacion de crisis.
El subsecretario Ricardo Mejía Berdeja en el Plan Cero Impunidad detalla el seguimiento registrado por las cámaras públicas y privadas de halcones dedicados a recabar información de las víctimas, de la identificación de los ejecutores del crimen y detención, y de las órdenes de aprehensión. La reconstrucción del periodista asesinado da cuenta de la planeación de una ejecución, pero revela la falla fundamental de inteligencia: la prevención de identificar riesgos y amenazas. La inteligencia no es a posteriori. Si periodistas y defensores de derechos humanos son objetivo elegidos deliberadamente por el crimen organizado y de cuello blanco -por el alto impacto sobre la seguridad social y estabilidad política del país- también permite ser utilizado el asesinato de periodistas para que gobiernos extranjeros ejerzan presiones hacia las políticas rectoras del Estado mexicano en materia de recursos energeticos y que afectan los intereses de empresas transnacionales norteamericanas y europeas.
El gobierno lopezobradorista no ha salido del punto crítico para salvaguardar la gobernabilidad, más aún cuando representa en el escenario de la sucesión presidencial la estabilidad política del proceso electoral del 2024. Conforme se acerca el fin del gobierno de AMLO -cuando precipitó muy anticipadamente el proceso sucesorio- las presiones de los grupos impulsores de candidaturas presidenciales de MORENA pesan demasiado hoy sobre la autoridad presidencial. Aparte de la guerra sucia de la derecha desplegada por los partidos de la alianza Va por México que apuestan al desgaste de la legitimidad de la 4T, del presidente, del movimiento de regeneración y de los aspirantes presidenciales, la situación de crisis de la seguridad pública sigue siendo la piedra en el zapato.
La atención de las causas de la violencia criminal no se explica por la extensión social de programas de bienestar. Aunque así fuera, toda política pública para atender las desigualdades sociales debe ponerse a largo plazo para eliminar rezagos educativos, culturales, laborales. La violencia criminal refleja la descomposición social subordinada a los intereses del narcotráfico, secuestro, extorsión, desaparición forzada, trata y migración ilegal. La seguridad interior del país no está en el reporte efectista de datos estadísticos a la baja, sino en los órganos de seguridad del Estado mexicano para desactivar las amenazas que atentan contra la estabilidad política.
