Marcela Maldonado Bodart
El rechazo en el Congreso de la Unión, a la propuesta de reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió la puerta para repensar en estrategias para visualizar el futuro de la industria eléctrica en México, pero también el rumbo de la soberanía nacional en la materia.
Este no es un tema menor, pues históricamente el manejo del sector petrolero y del sector eléctrico en México, ha estado ligado con un enfoque nacionalista del Estado Mexicano, dada la larga experiencia de intervenciones extranjeras, desde el México independiente.
En América Latina, por ejemplo, el sentimiento nacionalista sienta sus bases, a lo largo del siglo XIX, principalmente a través de las luchas de Independencia frente a la dominación colonial. En México, después del movimiento de Independencia, se pueden identificar políticas con enfoque nacionalista, y ya anti-colonialistas, mediante lo que se conoce como “juarismo”, para continuar con el México del siglo XX, a través del movimiento de la Revolución mexicana, que desembocaría en la Constitución de 1917, y que se consolidaría, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario (actualmente Partido Revolucionario Institucional -PRI-), y el “cardenismo”.
En perspectiva, la industria del sector eléctrico en México sentó sus orígenes a finales del siglo XIX, estando dos grandes grupos de capital extranjero a cargo de su desarrollo: Mexican Light and Power Company, de capital principalmente canadiense, y la Impulsora de Empresas Eléctricas, que operaba como filial de la empresa estadounidense American and Foreign Power Company.
No fue hasta 1937, cuando por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, se crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el fin de establecer un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en México, sin propósitos de lucro, para que con un costo mínimo, se pudiera obtener el mejor rendimiento posible, en beneficio del interés general[1].
A pesar de que la CFE, desde sus inicios, operó conjuntamente con las empresas de capital canadiense y estadounidense, su desarrollo fue encaminándose para operar como la única del sector, por lo que con el presidente Adolfo López Mateos, en septiembre de 1960, se concretó la nacionalización del sector eléctrico en México.
Desde 1960 hasta 1989, el crecimiento del sector eléctrico y el suministro de energía eléctrica, fueron financiados principalmente con recursos del gobierno federal, pero también a través de préstamos de organismos financieros internacionales, como del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, generando una creciente dependencia económica externa, que llevaría a incrementar, paulatinamente, la deuda externa mexicana.
Para 1990, la CFE se abrió a la inversión privada, nacional o extranjera, principalmente en el rubro de la generación eléctrica, como respuesta a una serie de reformas económicas, impuestas por organismos financieros internacionales, conocidas como el “Consenso de Washington”, a fin de cumplir con la instrumentación de una serie políticas de liberalización económica, que servirían de base para el desarrollo de un modelo neoliberal, extendiéndose el papel de las fuerzas de mercado, frente a una subordinación de las políticas sociales.
Así, la historia y evolución del sector eléctrico en México, hasta nuestros días, nos conduce a repensar en la tensión existente entre las dinámicas del contexto internacional y las del enfoque nacionalista. Esto es que, por un lado, vivimos en un mundo inmerso en procesos y dinámicas de interdependencia compleja, en donde existe una creciente necesidad de realizar alianzas, y cooperar, con los diferentes actores de los diferentes sectores, entre ellos los del sector privado, ya sea en el ámbito internacional y/o nacional, para generar mayor bienestar y desarrollo al interior del Estado. Por el otro, la visión nacionalista, en la que se replantea la importancia de la autodeterminación del Estado sobre los intereses y recursos nacionales, a fin de generar mayor certidumbre, seguridad e integridad a sus ciudadanos, y en donde el Estado considera vital ejercer su poder soberano, frente al de los diversos actores, para con ello, tratar de preservar y garantizar su propia existencia.
@marcelabodart
[1] Jiménez, R. (2010). Energía, desarrollo y globalización: los dilemas de la soberanía. CIECAS, IPN.
