Guillermo Buendía
La consigna de los legisladores de la alianza Juntos Haremos Historia se escuchó reiteradamente en el Salón del Pleno de la Cámara de Diputados –“seis de seis”, en referencia a ganar las gubernaturas que se disputan en la jornada comicial del mes próximo- se convirtió en las campañas en costo político para los candidatos de Va por México. Desde las curules morenistas y aliados se entonó la consigna contra los oradores de la oposición cuando hacían uso de la palabra en la tribuna. La acusación “traidores del pueblo” surgida durante el debate y votación de la reforma constitucional en materia energética se extendió rápidamente en redes sociales con las fotografías de los diputados del PRI, PAN y PRD, fundamentalmente, en los estados donde habrá elecciones.
La confrontación ideológica y política es consustancial de las democracias liberales que, en procesos electorales, cuando llega a la polarización discursiva -resultado de la lucha por el poder entre los partidos- y permea más allá de los plazos temporales del periodo electoral, y al incidir en las interrelaciones sociales queda rebasado el orden jurídico y el tramado institucional del Estado para regular la disputa partidista y los movimientos sociales. El activismo social permanente hace de la confrontación el mecanismo de presión política sobre la gestión gubernamental con la finalidad de obtener el sentido deseado a demandas o denuncias. Sin embargo, otro fenómeno de mayor envergadura subyace: la polarización discursiva -difundida a través de los medios de comunicación y redes sociales- manejada de forma preponderante con mensajes de menosprecio, insultantes, ofensivos y calumniosos dentro del contexto de la divulgación de noticias falsas y estrategias de desinformación, direccionados según los perfiles de filias o fobias ideológicas y políticas, deterioran el tejido social cuando se transforma la polarización en actos discriminatorios, racistas o clasistas.
La polarización discursiva de los actores públicos insertados en partidos, esferas de gobierno o entidades autónomas encargadas de organizar elecciones o resolver recursos de impugnación, así como en medios y redes, al trasladarse a las interacciones sociales sin ser procesada por los filtros críticos del manejo que se hace de la información, no se interpreta como expresión de la lucha política de los partidos por el control del manejo de los contenidos “informativos” del mensaje político, sino como visos de incitación a la violencia política incubados en el tejido social. Generar contenidos para los mensajes que influyan en la percepción de hechos descontextualizados -no acontecimientos de procesos políticos- es el área estratégica de la comunicación política cada vez más inclinada a la polarización.
Esto se observa en este periodo de las campañas políticas de los candidatos para las seis gubernaturas. El intenso proselitismo en redes sociales, medios impresos, televisivos y radiofónicos se está dando con sesgos claros de confrontación social, fuera del ámbito partidista donde las consecuencias de la guerra sucia son manejables. Las “denuncias” de violencia política hechas por panistas y priistas que acusan actos “vandálicos” morenistas (pegar carteles improvisados con las fotografías de los diputados federales de los distritos de los estados donde hay un proceso electoral, y por supuesto, fotografías del candidato a gobernador con leyendas de “traidores del pueblo”, en la casas de campaña y demás espacios públicos de mayor concurrencia) es el costo político que paga la oposición por su voto a favor de mantener las reformas peñistas que propiciaron contratos de autoabasto fraudulentos -de acuerdo con la resolución de la SCJN al declarar constitucional la LIE- que ocasionan una altísima afectación a la hacienda pública en subsidios y desmantelamiento gradual de la infraestructura eléctrica de la CFE en beneficio de las empresas monopólicas transnacionales.
La reducción de actos masivos proselitistas en sitios públicos de los candidatos de la coalición Va por México forma parte de la estrategia de mitigar riesgos políticos. En cambio, se ha privilegiado aquellos en lugares cerrados donde se controla el acceso exclusivo de partidarios. No obstante, la candidata a gobernar el estado de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, declinó su asistencia al debate ciudadano organizado por la COPARMEX, con el argumento de mantenerse puntera en las encuestas. La consecuencia a no quedar expuesta en el debate a la acusación de “traidora del pueblo” al votar en contra de los programas sociales lopezobradoristas y mantenerse en abierta oposición a las obras de infraestructura emblemáticas del gobierno de la 4T, representa un alto riesgo de perder los índices de preferencia de voto, a menos de un mes de la jornada comicial. El vacío lo ocupó Nora Ruvalcaba, de MORENA. Aunque los debates organizados por la autoridad electoral del estado están programados para el 17 y 24 de este mes, en estos foros públicos de la sociedad civil y oficiales las inasistencias marcan presiones políticas en contextos de polarización discursiva.
En Hidalgo, la candidata del PRI-PAN-PRD, Carolina Viggiano se mantiene por debajo de las encuestas que miden las intenciones de voto, que dan una delantera significativa a Julio Menchaca de MORENA. El intento perredista de buscar la intervención de las autoridades electorales para sancionar la asistencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y de las gobernadoras de Campeche y Colima, Layda Sansores e Indira Vizcaíno, respectivamente, a un mitin de apoyo a la candidatura morenista, es un acto mediático. Sin embargo, la “queja” al no pasar de ser enunciativa de supuestos delitos, se inserta en la lucha de descalificación de lo que han dado en llamar el oficialismo, instrumento de múltiples usos para acusar, en este caso, principios de igualdad, equidad y neutralidad a los que deben sujetarse los servidores públicos como supuestos limitativos por ley de derechos políticos. El INE posee facultades para investigar quejas y atribuciones para emitir sanciones que no vulneren la legalidad cuando quienes asisten sin representación gubernamental, en días de descanso laboral y cubriendo los gastos con ingresos propios, ejercen plenamente los derechos ciudadanos de participación política.
El bastión del PRI, retenido por cerca de un siglo, consolidó una clase política alrededor de feudos familiares. La lista de ex gobernadores: Javier Rojo Gómez, Manuel Sanchez Vite, Jorge Rojo Lugo, Adolfo Lugo Verduzco, Humberto Lugo Gil, Guillermo Rossell de la Lama, Jesús Murillo Karam, Manuel Angel Nuñes Soto o Miguel Angel Osorio Chong, algunos de los cuales se puede decir fueron influyentes políticos durante los gobiernos de los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de Leon o de Enrique Peña Nieto en los procesos privatizadores de las industrias petrolera y eléctrica, en la procuración de justicia o del control interior del pais. Un estado dominado por organizaciones criminales dedicadas, en los últimos veinte años, al robo tolerado de hidrocarburos y gas, y una marginación social en los municipios que conforman la zona metropolitana y muy alta marginación en zonas rurales, poblaciones a las que promete la candidata Carolina Viggiano un “Tren Tolteca para beneficiar a las familias de Hidalgo”.
El caso de Tamaulipas arrastra una compleja problemática política revelada por las acusaciones de Emilio Lozoya Austin, ex director de PEMEX y actualmente preso, contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado, por estar implicado en hechos de corrupción del caso Odebrecht; el juicio de desafuero detenido por una controversia constitucional ante la SCJN, y su inminente detención una vez terminado el acto protocolario de transmisión de poder a Américo Villareal Anaya, si se concretan las intenciones de voto que le colocan puntero en las encuestas. El triunfo de MORENA, sin duda alguna, provocará la recomposición de los carteles del Golfo, Sinaloa y los remanentes de los Zetas que se disputan esta ruta estratégica del trasiego de drogas y contrabando de armas, aparte de la existencia paralela de rutas de migrantes y trata de personas controladas por diversas organizaciones rivales en permante lucha, causa por la cual en el pasado reciente han dejado matanzas impunes. Una frontera con altos índices de homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto colocan a Tamaulipas en el centro de conflictos de la relación bilateral con Estados Unidos. Una relación que no se resuelve con una propuesta de campaña del candidato PRI-PAN-PRD, César Verástegui Ostos, de un programa de inversiones para traer industrias maquiladoras al estado.
Si el narcotráfico es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, los nexos de la clase política tamaulipeca con el narco han marcado a los tres últimos gobernadores antes de la alternancia, en 2016, representan una amenaza a la gobernabilidad y estabilidad de toda la región fronteriza. Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvalcaba, gobernaron el estado desde 1999, fueron investigados por las autoridades mexicanas y norteamericanas ante evidentes vínculos con las organizaciones del narco. El primero fue exonerado de los cargos, los dos restantes están presos actualmente. Matamoros -cuna del cártel del Golfo cuyo auge se dio durante los años noventa del siglo pasado, encabezado por Juan García Abrego, extraditado a Estados Unidos- es hoy una plaza bajo el control del narco.
Algo parecido ocurre en Quintana Roo. El trasiego de cocaína proveniente de Colombia contempla rutas marítimas y terrestres del estado. Mario Villanueva Madrid gobernó de 1993 a 1999 -no asistió a la ceremonia de entrega del cargo a su sucesor Joaquin Hendriks Diaz- fue investigado por Mariano Herran Salvatti, entonces titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Salud de la PGR, de estar relacionado con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Ciudad Juárez, causa por la que estuvo prófugo y después encarcelado en Estados Unidos y México. La actividad del narcotráfico creció de manera exponencial desde hace tres décadas. Felix Arturo Gonzalez Canto y Roberto Borge Angulo, gobernadores priistas todos, dejaron libre esta plaza para el narco, dejando una ola de homicidios asociados con esta actividad criminal.
Sobre las circunstancias del crimen organizado y de la polarización detonada por las políticas públicas de bienestar y recuperación de la rectoría del Estado en áreas estratégicas del desarrollo económico del país impulsadas por el gobierno lopezobradorista se desarrolla el proceso electoral en Quintana Roo. Mara Lezama Espinosa de la coalición Juntos Haremos Historia, Laura Fernández Piña candidata de los partidos Acción Nacional y De la Revolución Democrática, y Leslie Hendricks Rubio del PRI, en ese orden aparecen en las encuestas que miden la intención de voto de los ciudadanos del estado, enfrentan una lucha política dominada por los intereses de empresas hoteleras, inmobiliarias y extractivas instaladas en zonas turísticas y aledañas -algunas extranjeras- a la par de los conflictos inducidos para interrumpir la construcción del Tren Maya -bajo el argumento de los daños ambientales ocasionados por esta obra denunciados por organizaciones ambientalistas- hacen complejo el proselitismo. Motivo por el cual Mara Lezama no asistió a un debate público con el resto de los candidatos.
El estado de Oaxaca es otro de los últimos bastiones priistas. La construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que conectará el Atlántico y el Pacifico, al cruzar por territorio oaxaqueño ha provocado cambios en las expectativas políticas sobre quién operará las inversiones nacionales y extranjeras con la instalación de parques industriales, desarrollo de la infraestructura carretera, aeroportuaria, la administración aduanera y las cadenas de suministros con fines de exportación, y por supuesto, atender el desarrollo del puerto de Salina Cruz, para los próximos diez años. El reacomodo de las fuerzas políticas del estado se da dentro del proceso electoral, una vez definidas las candidaturas importantes, para elegir gobernador el 5 de junio.
Por supuesto, el tramado de las relaciones políticas dominado por los clanes familiares de los exgobernadores es un obstáculo relativo para la candidatura morenista. Ulises Ruiz Ortiz, José Murat Casab y Heladio Ramírez López, entre otros exgobernadores, de poca utilidad les ha servido el control sobre jefes políticos regionales y dirigentes de organizaciones sociales y magisteriales en este proceso electoral dada la necesidad de reposicionar sus intereses en los planes de desarrollo del Istmo y de la elección del candidato presidencial del PRI en la coalición Va por México.
El proceso electoral de Durango es relevante en cuanto a la apertura de rutas alternativas del tráfico de drogas de los carteles Sinaloa, Ciudad Juárez y la Línea en los últimos años, debido a los operativos disuasivos de las fuerzas armadas en los estados de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Rutas que al ser disputadas han generado una violencia normalizada en la seguridad pública estatal, lo que demandó la presencia de la Guardia Nacional en tareas de vigilancia y reacción.
El gobierno de Jose Rosas Aispuro Torres dejó resultados negativos en el combate de los rezagos sociales, lo que sirvió para posicionar la agenda de propuestas de gobierno de la candidata Juntos Haremos Historia, Mariana Vitela Rodriguez, lo que no se tradujo en un despunte en las intenciones de voto en las encuestas realizadas, donde aparece con un empate técnico con Esteban Villegas Villareal, del PRI. En cuanto a la postulación de Patricia Flores Elizondo, ex panista y candidata de Movimiento Ciudadano -renunció al PAN por la falta de liderazgo de Marko Cortés para impulsar alianzas a su favor dentro de la coalición Va por México, aceptó la candidatura de MC aliado con el panismo- arrastra la herencia de haber sido la jefa de la Oficina Presidencial de Felipe Calderón Hinojosa y envuelta en los escándalos de corrupción registrados en la construcción de la Estela de Luz del Bicentenario. Los dos candidatos punteros tienen una larga carrera política en el PRI.
Los antecedentes tienen consecuencias políticas. Los candidatos a gobernadores en los seis estados del país han entrado a la confrontación discursiva a partir de esos antecedentes que trasladarlos a contextos polarizados de ataques acusatorios mutuos, y donde la inexistencia de propuestas de proyectos de gobierno se sustituye con promesas de apoyos sociales ya aplicados desde hace años, aunque con distintos nombres. Sobre esto último, hay que destacar un hecho de doble efecto. El primero, la dispersión directa de recursos destinados a los programas sociales del gobierno lopezobradorista ha servido para mantener los altos índices de aceptación personal del presidente de la República, que transfiere a los candidatos de su partido y aliados. Por otro lado, la dispersión directa provocó el desmantelamiento paulatino de la estructura promotora y proselitista de MORENA, anulando el vínculo estratégico de contacto social en procesos electorales.
