Guillermo Buendia
Primera parte
Jean Meyer escribió en el número 30 de la colección Documentos de Trabajo del CIDE (2005) “La Iglesia católica en México 1929-1965”, aportando elementos que hoy resultan útiles para entender el contexto de la Jornada Nacional de Oración por la Paz convocada por los jerarcas religiosos después del asesinato de dos sacerdotes en la sierra tarahumara, el mes pasado. La frase de que las oraciones no son suficientes revela la orientación de una escalada de presiones sobre la estrategia de seguridad del gobierno federal y trastoca, a la vez, la relación del liberalismo laico que guarda la Iglesia con el Estado mexiano.
La jornada se perfila a caracterizar más una oposición política y no la opción pastoral social de la democracia cristiana, la cual en sí es una posición política. Y en esto radica el sentido de política y religión entre la Iglesia-Estado. “La política busca, con breves excepciones, en lo invisible, en la religión, un fundamento para su legitimidad…En cuanto a la religión, no puede dejar de vigilar, acompañar, influir la política, para defenderse como institución y para encontrar o mantener su arraigo social” -sostiene Meyer, quien señala que la jerarquía católica mexicana sigue una línea oportunistas “en la medida en que no se reconoce en ningún partido” en el siglo XX, no obstante, esa cúpula institucional ejerce una subordinación sobre laicos, partidos y sindicatos católicos- manteniendo un monopolio religioso hasta 1960. Ese enemigo histórico no se encuentra “en ningún punto de la línea que va de la izquierda a la derecha…(en) un tiempo nada más”. Este paradigma se entremezcla con otro, el de que la jerarquía es un bloque monolítico. En “…esa pequeña minoría dirigente, vemos que las divergencias, cuando no las oposiciones y contradicciones, son constantes…(haciendo ver que) la lucha por el poder es muy real dentro de la Iglesia y que el control de las estructuras institucionales no garantiza el éxito ni la capacidad de llevar adelante un determinado proyecto social o religioso”.
Otro aspecto central identificado por Meyer es el de que “El poder de la jerarquía es real, especialmente en esos años, pero se diluye en la experiencia cotidiana de los católicos”. En la década de los sesenta, desde Roma, esas divergencias tomaron un sitio preponderante en el Concilio Vaticano II, hasta el punto de orientar los movimientos revolucionarios latinoamericanos, los cuales hallaron en la pastoral de la teología de la liberación la opción de los pobres, y en México, el monopolio religioso que ostenta la cúpula católica de aquella época coincide con los fines de la Guerra Sucia, utilizando el arraigo social como instrumento por el cual legitima el anticomunismo gubernamental. Para “instaurar el reino de Cristo en la sociedad” Roma pone a los laicos en su defensa a través de la “doctrina social de la Iglesia…ni capitalismo ni comunismo, con críticas al Estado opresor y con remedios morales a la ‘cuestión social’: bien común, solidaridad, subsidiariedad, derecho natural, dignidad de la persona, denuncia de los totalitarismos”.
Los tiempos de la simulación religiosa se extendieron antes y después del 9 de febrero de 1974, cuando el presidente Luis Echeverría Alvarez visitó el Vaticano para agradecer al papa Paulo VI el apoyo dado a la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Cinco años más tarde, Juan Pablo II visitó México, pero habrían de pasar trece años para concretarse las reformas salinistas. Desde su campaña Carlos Salinas de Gortari fue criticado por los pronunciamientos acerca de modernizar las relaciones iglesia-Estado, y posteriormente por haber invitado a la jerarquía católica a la ceremonia de toma de posesión. El fin inequívoco de la simulación culminó en 1992, desarrollándose una intensa relación política cuyos antecedentes dieron cuenta del “proceso de distensión” de los principios históricos de laicidad y separación del Estado y la Iglesia.
El 21 de septiembre de 1992 se restablecieron oficialmente las relaciones con el Vaticano. Joaquín Navarro Valls, director de la sala de prensa, calificó el hecho como la “superación de un anacronismo”. En tanto, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicana, Ramón Godinez Flores, dijo ser un “paso muy importante” del Estado laico. Los anacronismos para la Santa Sede eran los contenidos constitucionales por los cuales la iglesia católica carecía de personalidad jurídica, limitaba el número de sacerdotes e imponía restricciones al culto público; o los ordenamientos de la Ley Calles que prohibieron las congregaciones religiosas y seminarios, usar traje clerical a los sacerdote en la calle u ocupara cargos públicos. El nombramiento de Enrique Olivares Santana como embajador ante la Santa Sede -reconocido masón- tradujo el sentido del restablecimiento de relaciones diplomáticas y el alcance de las reformas constitucionales del gobierno salinista, una vez superada la crisis política.
La actividad política de la jerarquía católica no se limita a pronunciamientos públicos hechos desde el púlpito o a través de la revista Desde la fe sobre asuntos cruciales de la gestión gubernamental. Hace cincuenta años las discrepancias se daban en la privacidad palaciega del poder presidencial, y no fue hasta la segunda mitad de la década de los noventa cuando, con el deterioro del régimen, esa jerarquía que se había alejado de los compromisos tradicionales, ahora desafiaba públicamente la legitimidad del poder civil luego del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La confrontación que mantuvo el cardenal Sandoval Iñiguez por este crimen llegó al conocimiento de las intrincadas estructuras papales. Otras eran las formas en noviembre de 1982, días antes de que Miguel de la Madrid Hurtada asumiera la presidencia de la República. El cardenal Ernesto Corripio Ahumada, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, firmó una Declaración dirigida a las autoridades civiles para poner fin, directa o indirectamente, a las restricciones jurídicas de la Iglesia y el clero.
Hoy, el activismo clerical tomó la bandera de la inseguridad con el fin de presionar cambios más efectivos en la estrategia en esta materia. Los obispos católicos han utilizado estos pronunciamientos para intervenir, en las últimas tres décadas, en procesos electorales, partidos políticos, derechos humanos, reproductivos y educativos, sobre la situación de pobreza de los pueblos indígenas y migración. Esta actividad política de la jerarquía católica parte de la identificación con el partido de oposición de derecha, el cual asume la doctrina social de la Iglesia. El PAN nuevamente colocado dentro la oposición desde 2012, se perfila como la opción de la extrema derecha empresarial que subvenciona la coalición Va por México. Así, el enfrentamiento de la cúpula eclesiástica con el gobierno para defender su fuero religioso y la sobrevivencia de la Iglesia en la medida de echar abajo otras restricciones legales que mantiene el Estado mexicano, recuerda uno de los pronunciamientos de la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas, el derecho de los católicos a la autodefensa.
