Con la pasividad del Instituto Nacional Electoral, el proceso presidencial de 2024 está violentando reglas que debieran aplicarse para el control de las instituciones y sus recursos y para evitar posicionamientos adelantados y ventajosos del partido Morena.
El presidente de la República está aprovechando las ventajas de su cargo y de su modelo de comunicación basado en una conferencia de prensa de alrededor de dos horas todos los días para ir perfilando clima y posiciones de sus precandidatos preferidos, pero utilizando recursos públicos.
El INE solo tiene algún reglamento que penaliza actos adelantados de campaña; y si se aplican con rigor, los principales precandidatos lopezobradoristas están utilizando sus cargos –aún en fines de semana– para realizar actos adelantados de campaña.
A partir de una función que no está entre sus atribuciones formales, El INE está dedicando su tiempo a la defensa retórica del concepto de la democracia, mientras las leyes y reglas electorales son atropelladas con impunidad por todas las fuerzas políticas nacionales.
La reforma del INE no se debe circunscribir a funciones operativas, sino que debe llevar al replanteamiento de tiempos políticos y de reglas muy estrictas para campañas electorales antes de su inicio formal. La falta de reglas y la incapacidad del actual Consejo Electoral del Instituto está prefigurando una competencia presidencial en el 2024 como la madre de todas las batallas.
El punto central la reforma de prácticas electorales tiene que someter a control al presidente de la República, cuya autoridad y recursos suelen utilizarse para favorecer a su partido, ya sea el PRI, el PAN o Morena, como lo han revelado los conflictos electorales de la historia moderna del sistema político priísta. Solo en tiempos electorales se ha sometido a supervisión estricta al presidente de la República, obligándolo, inclusive, al suspender la difusión de su conferencia de prensa y a bloquear las transcripciones que se publican en espacios oficiales de la información presidencial.
En el pasado priísta, los juegos de poder presidencial para operar la sucesión presidencial se hacían fuera de la vista pública por las razones lógicas de que la exposición de precandidatos llevaría –como ha ocurrido después– a luchas internas que fracturaron la solidez partidista a la hora de decidir por el candidato seleccionado.
Todas las reformas político-electorales han sido formalistas y procedimentales y no han modificado en nada las prácticas autoritarias derivadas del presidencialismo unitario, centralista y piramidal que ha sido considerado como la esencia del sistema presidencialista fundado por la Constitución de 1917, Alvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el Partido Nacional Revolucionario y Lázaro Cárdenas.
En lugar de modificar la estructura presidencialista autoritaria, la oposición ha eludido su responsabilidad quizá por el anhelo secreto de algún día ocupar la silla presidencial, como ya ocurrió con el PAN en dos sexenios de funcionamiento priista y en estos años de presidencialismo morenista que en nada modificaron los estilos del viejo PRI.
La verdadera reforma del sistema/régimen/Estado debe darse en función del acotamiento del viejo presidencialismo mexicano que no fue inventado por el PRI, pero que sí perfeccionó la herencia de las monarquías indígenas y sus Tlatoani, lo aprendido en la colonia española con el virreinato y el ciclo de caudillos identificados con Santa Anna, Juárez y Porfirio Díaz.
Sin una reforma del sistema presidencialista, cualquier reforma político-electoral será irrelevante.I
