No hay palabra más gráfica para ilustrar la necesidad de establecer una independencia absoluta del Instituto Nacional Electoral con respecto al Gobierno central: destetar implica la independencia de los niños de sus madres y ya el camino para la autonomía creciente.
El presidente Salinas de Gortari en 1990 inventó un INE que quería terminar con el nefasto ejemplo de la Comisión Federal Electoral presidida por el secretario de Gobernación para ilustrar el caso extremo de que un Gobierno controlaba sus propias elecciones ante el avance de la oposición.
El IFE nació atado al Gobierno porque el presidente del organismo era el secretario de Gobernación y este designaba a un director general institucional. El pequeño atisbo de autonomía estuvo en un Consejo General que fue votado en el Congreso por los partidos a los que tenía que regular. La reforma electoral de Zedillo en 1996 sacó al Gobierno de la estructura y la dejó en manos de ciudadanos, aunque todos ellos designados a propuesta del Gobierno federal y con el voto de los partidos políticos, entre los cuales el PRI controlaba el 51% de las curules.
La pluralidad partidista en los órganos fundamentales del sistema de representación política exige quitar cualquier interferencia del Gobierno en los órganos electorales, comenzando con la desaparición del Consejo General y dejar un Instituto operado por funcionarios capacitados para la vigilancia y el conteo de los votos.
Si los grupos progresistas han pedido una democracia participativa y las corrientes institucionales siguen moviéndose en los territorios de la democracia representativa, entonces llegó el momento de crear un Instituto electoral ajeno a cualquier interferencia de las instituciones, con funcionarios designados por algún comité que no sea de partidos y sobre todo sin el Consejo General que representa los intereses de los partidos.
A pesar de los autoelogios del actual INE respecto a su participación en procesos electorales, de 1990 a las elecciones federales de 2021, los resultados han enfrentado quejas de irregularidades y distorsiones del sentido del voto que los consejeros electorales no han podido o sabido profesionalizar. Un organismo electoral solo debe aprobar el padrón, instalar casillas, vigilar la emisión del voto y contar los sufragios, en tanto que se trata de un organismo operativo y no de un colegio electoral participativo.
La propuesta de reforma político-electoral del presidente López Obrador y Morena permite la existencia y funcionamiento del Consejo General en el que once barones y baronesas como élite burocrática de poder deciden la voluntad de partidos y sociedad, bajo el argumento porfirista de que los mexicanos todavía no estamos preparados para la democracia real, a pesar deber registrado ya tres alternancias partidistas en la presidencia de la República y el PRI como partido hegemónico del pasado podría terminar el sexenio sin ninguna gubernatura con candidato directo.
La reforma lopezobradorista mantiene la existencia del Consejo General donde once personas sustituyen la voluntad de sociedad y partido y donde la votación se resuelve en función de una mayoría, pero con fórmulas extrañas que a veces confieren a las minorías la capacidad de impedir la construcción de mayorías.
Los comportamientos del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello exhiben el histrionismo de un funcionario que padece la neurosis del micrófono, que sea autoerige en la única autoridad moral para definir qué es y qué no es la democracia y para expulsar del paraíso sistémico a los sospechosos de promover el populismo que de manera paradójica llegan al poder cumpliendo con todos los requisitos estrictos de una democracia procedimental.
El INE debe ser un partido que organice elecciones y no un poder electoral autónomo que califique que es democracia. Es decir, el INE se debe destetar del poder político.
