El principio del fin del sistema político priísta tiene cuanto menos tres referentes históricos: la sustitución de los políticos por tecnócratas en 1979, los asesinatos del columnista Manuel Buendía y el agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1984 y 1985 y el colapso de inseguridad de 1994. Lo demás –la guerra contra el narco en 2006– ha sido consecuencia. Para el 2024, la inseguridad/seguridad será el punto más importante de la agenda nacional, pero Morena y la oposición lo van a soslayar porque van a elegir candidatos en función de otros intereses.
Hasta ahora hay una sensibilidad binaria en la sociedad respecto a la inseguridad: se coloca como el tema prioritario número uno de las preocupaciones ciudadanas, pero todavía no existe una interrelación entre la creciente inseguridad y violencia y la incapacidad del Gobierno de Morena para resolver la ecuación y la correlación entre inseguridad y reacciones electorales.
Los tres referentes de la relación seguridad-votos ayudarían a explicar las expectativas, buenas o malas, de la seguridad en la sucesión presidencial de 2024, en las campañas electorales y en las votaciones:
1.- A mediados de 1979 se dio un salto cualitativo en la configuración de las élites gobernantes. El presidente López Portillo comenzó a desplazar a los políticos prácticos de las oficinas de toma de decisiones y en su lugar construyó una nueva estructura piramidal basada en tres vértices: la eficacia administrativista, la incapacidad de los políticos para resolver las contradicciones sociales en las calles el desplazamiento de la política del engrane sistémico para incorporar los resultados económicos y el arribo de los economistas a espacios políticos por excelencia.
El grupo de Miguel de la Madrid, al cual pertenecía Carlos Salinas de Gortari, convirtió el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 en el golpe de timón para romper las relaciones de dependencia del Estado con la sociedad y para basar resultados en la eficacia de la reforma administrativa. Ahí comenzó la sustitución de políticos por tecnócratas que prevaleció hasta 2018. Pero la parte más importante fue la ruptura de las relaciones de complicidad de la vieja clase política priísta con los diferentes grupos delictivos. El PGD desplazó la seguridad pública del eje central de definición del Estado y puso en su lugar la seguridad nacional. De modo natural el Estado descuidó la seguridad como su función central y colocó el bienestar como el punto central de su funcionamiento.
2.- El asesinato del columnista Manuel Buendía el 30 de mayo de 1984 representó un punto de inflexión en la nueva relación Estado-grupos delictivos que había llegado a su punto culminante con la designación del comandante Arturo Durazo Moreno cómo director del policía y tránsito del Distrito Federal, a pesar de las evidencias y advertencias estadounidenses de que como comandante de la policía política-federal de seguridad se dedicaban a controlar a los primeros traficantes de droga en México.
La reorganización de la relación estado-grupos delictivos se administró desde la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, oficinas donde los primeros grupos de narcotraficantes encontrar un complicidad, apoyo y cobertura. Los asesinatos del columnista Buendía en mayo de 1984 y del agente estadounidense antinarcóticos Camarena en febrero de 1985 exhibieron y los de complicidad criminal con las instituciones públicas, pero sin encontrar ninguna sensibilidad en el presidente Miguel de la Madrid para evitarlo, combatirlo o neutralizarlo.
Los asesinatos de Buendía y Camarena marcaron el principio de la ola de violencia articulada a los intereses del narcotráfico y sus relaciones de poder con instancias oficiales del Estado. Sin embargo, las autoridades federales continuaron con su decisión de desarticular la relación entre el Estado y los delincuentes, a pesar de que a posteriori importantes figuras de las instituciones de seguridad fueron vinculadas a procesos judiciales.
3.- El alzamiento guerrillero armado del EZLN en Chiapas, el secuestro del banquero Alfredo Harp Helú, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y la estridente renuncia de Mario Ruiz Massieu al cargo de subprocurador general de la República acusando al PRI de la muerte de su hermano colocaron a la seguridad y a sus instancias públicas de atención en el centro del debate nacional, pero de nueva cuenta sin que ninguna autoridad política o de la oposición pudiera posicionar el tema dentro del colapso de las estructuras fundamentales del sistema/régimen/Estado.
El tema de la seguridad estuvo presente en el desánimo social, en las justificaciones gubernamentales y en la incapacidad opositora, de alguna manera se coló en las campañas presidenciales de 1982, 1988, 1994, 2000 y 2006, aunque sin ninguna coherencia política o institucional. En el 2018 el candidato morenista Andrés Manuel López Obrador cdntralizó a la seguridad en el ánimo resentido de la sociedad y se comprometió a una solución inmediata de la crisis en ese sector.
SALDOS Y LO QUE VIENE
Del asesinato de Buendía a la fecha han transcurrido 38 años sin que haya existido algún avance tangible en el acercamiento a una posible solución de la crisis de seguridad. Las cifras oficiales de inseguridad han subido y bajado según actividades coyunturales y programas específicos de la autoridad, pero sin que se haya presentado la posibilidad de regresar a los niveles de inseguridad de 1970.
Todas las corrientes políticas en activo han coincidido en un modelo de interpretación académica de la inseguridad basado en el principio de la causalidad y algunos programas se han implementado –Felipe Calderón en 2006– para lanzar ofensivas institucionales contra el crimen organizado y otros –López Obrador en 2018– para atender solo las causas y esperar efectos casi automáticos.
La persistencia de altas cifras de inseguridad y violencia en el escenario electoral de 2024 y el oportunismo político de la oposición para hurgar en la herida de la seguridad como punto de incumplimiento de compromisos lopezobradoristas no presentan indicios de que la inseguridad se haya colocado en el interés institucional y social para buscar soluciones y que el tema de los precarios resultados estadísticos se ha manoseado en las campañas por la oposición. La sociedad, por su parte, seguirán atrapada entre la retórica vulgar de la inseguridad como tema de campaña y desde ahora debe estar segura de que la oposición no presentará ninguna opción al modelo de construcción de la paz de la administración lopezobradorista y que el candidato de Morena, por razones de dependencia política, se comprometerá a continuar lo realizado en este sexenio con todo y sus precarios resultados efectivos.
El asesinato de Buendía en 1984 fue el punto de inicio de todo este ciclo de conflictividad de la seguridad pública y de los fracasos sucesivos que no han desarticulado el crimen organizado ni han regresado al país a los años de la tranquilidad. Como dato adicional, hay que registrar el hecho de que Buendía fue el primer caso sobresaliente de asesinato de periodistas y que a la distancia los periodistas siguen siendo asesinados en función de su profesión.
Para el 2024 se prevé que el tema de la inseguridad sea convocado con frecuencia por la oposición como elemento de crítica al Gobierno morenista, pero sin ningún ánimo de hacer alguna propuesta interna para organizar a la sociedad entorno a la búsqueda de soluciones para la siguiente administración.
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