El texto constitucional establece en su artículo 21 que la seguridad es una función de Estado que está a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Este enunciado sólo abarca la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. No más y por esta razón es que el texto constitucional debería contener un concepto de seguridad, como función de Estado, de la que se desprendan las tres funciones de gobierno de la seguridad: la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional.
Esta seguridad nacional le fue conferida a las Fuerzas Armadas en el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988 en la administración del presidente Miguel de la Madrid y desde entonces ejercen su custodia.
Sin embargo la visión que tienen las Fuerzas Armadas sobre la seguridad nacional se ciñe al ámbito militar y aunque los campos social, político y económico es motivo de estudios dogmáticos y de la Ley de Seguridad Nacional, tiene una desvinculación con la Constitución, a la que le falta vincularlos y hacerlos parte de la seguridad nacional mexicana.
En el ámbito militar, la seguridad nacional se circunscribe a proteger los valores de independencia y soberanía, cuyos elementos son materia inmanente de las funciones de contenido estrictamente militar. Pero por extensión y por interés nacional, el concepto de seguridad nacional en las fuerzas armadas se extiende a proteger intereses nacionales, como las plataformas petroleras, las plantas generadoras de energía eléctrica o los oleoductos en tierra.
Esta ausencia es deliberadamente aprovechada por la clase política para sumir en el tiempo y en el abandono aquellos asuntos que por razones políticas sean clasificados como de seguridad nacional, para reservar el contenido de su información y que el tiempo haga su trabajo.
La clasificación de reservado es una práctica que todas las administraciones llevan a cabo para esconder algunas de sus más deleznables prácticas políticas o corruptelas.
Saben que en el fondo pervierten el sentido de la seguridad nacional y de la transparencia, transformándolo en un asunto que cae en la esfera de la democracia.
Contrario a esto, la seguridad nacional usada con fines de Estado se debería ceñir al establecimiento sistemas capaz de detectar las debilidades del Estado mexicano y transformarlas en inteligencia para revertir condiciones de inestabilidad económica, política y social. Aquí subyace también el establecimiento y permanencia de políticas de Estado, como la estabilidad económica.
La administración del presidente López Obrador transita por una delicada etapa en la seguridad mexicana. Las declaraciones no tapan el sol con un dedo, en el que uno de estos problemas lo constituye, la falta del complemento en su planeación. Así lo deja entrever la falta del Programa de Seguridad Nacional de la presente administración, que no puede ser substituido solo con la Estrategia Nacional de Seguridad.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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