Ante el inevitable proceso de elección presidencial del 2024, el Instituto Nacional Electoral ha vuelto a mostrar a la democracia como un kínder de párvulos y ha vuelto a aparecer con su imagen de profesor gruñón que a base de reglazos –la regla para medir y golpear y las reglas para regular– quiere someter a la disciplina a todos los niños que aspiran a un espacio en el próximo sexenio.
Si deveras México fuera la democracia que dice el INE que es, entonces habría libertad para movimientos políticos con miras a las elecciones presidenciales, aunque, eso sí, evitando y castigando el uso de recursos públicos para esos menesteres.
El proceso de elección presidencial de 2024 se inició en junio de 2021 con el resultado electoral legislativo que afectó a Morena. Y el instigador principal de adelantar los tiempos políticos fue el presidente de la República al difundir su primera lista de precandidatos sucesores, en el contexto de la conferencia mañanera que se realiza como parte de las actividades públicas del gobierno, es decir con recursos públicos.
Los movimientos estratégicos de aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y los autodestapes de políticos de otros partidos pueden ser considerados actos anticipados de campaña, pero a partir de una regla tan estricta como una incumplida y sobre todo sin ningún sentido: circunscribir de manera estricta a los aspirantes a unos tiempos políticos burocráticos que ha definido el INE.
Una democracia real debe tener la libertad para que los ciudadanos tengan expresiones políticas sin circunscribirse a reglas autoritarias ni a tiempos reglamentarios. Hasta ahora, los precandidatos presidenciales de Morena han llegado al ridículo –por cumplir con las reglas del INE– de enviar cada fin de semana una carta a sus departamentos administrativos para que les descuenten el día y puedan hacer campaña sin que se acredite al uso de recursos públicos. El problema, sin embargo, es que para cumplir con esa regla los funcionarios tendrían que presentar una solicitud de separación del cargo por 24 horas –o el tiempo que dure su gira– y en su lugar designar a un sustituto, y estamos hablando de que cada fin de semana tendría que haber jefe o jefa de gobierno en Ciudad de México, secretario de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores y líder del Senado, aunque la lista de participantes en actividades sucesorias sea mucha más larga y entonces el INE no tenga capacidad de supervisar si realmente los funcionarios están usando su tiempo libre o no.
La actual dirigencia del INE –el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama Rendón– han llevado la aplicación de reglas hasta situaciones absurdas, pero siempre con la amenaza de que quien no las cumplan pudieran ser destituidos e inclusive encarcelados. En este contexto, la democracia mexicana del INE es una burla burocrática que nadie cumple y que exhibe la incapacidad política de los directivos del Instituto que están dándole de reglazos a los políticos que no se ajustan a las reglas administrativas.
La madurez política de la sociedad y la necesidad de una mayor flexibilidad en prácticas políticas requiere que el INE deje de estar controlando con autoritarismos exagerados y antidemocráticos los movimientos de los políticos y circunscriba sus funciones a lo que es su tarea fundamental: la realización de elecciones y el conteo de los votos, dejando que sean otras autoridades las que fijen los tiempos de las actividades políticas y sus regulaciones.
Pero es la obsesión autoritaria de Córdoba y Murayama, el INE está haciendo el ridículo político.
