Rotos los pactos de silencio

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Guillermo Buendía

Se rompió el pacto de silencio en 2009, quince años después de haber concluido el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. La entrevista de Carmen Aristegui con el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado -independientemente de la “decepción” causada de saber el comportamiento que tuvo su sucesor– marcó el fin de los cánones mayormente cuidados por la clase política priista para asegurar la continuidad en el poder: encubrir hasta la negación las redes de complicidades por actos de corrupción y abusos de poder del régimen presidencialista que llegaron al asesinato por motivos políticos y masacres a cargo de instituciones de la seguridad del Estado o grupos paramilitares oficialmente enexistentes. Durante los gobiernos civiles esas reglas funcionaron para encumbrar a gobernantes que, desde los más altos cargos públicos saquearon la hacienda pública.

La Dirección Federal de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones Sociales y Políticas de la Secretaría de Gobernación y otros organismos de inteligencia civiles creados posteriormente a la desaparición de éstos, dan cuenta de las intrincadas redes jerárquicas de subordinación que aparecen involucradas con el fin de ocultar ostentosos actos de corrupción, los cuales no eran objeto de investigación por parte de autoridad judicial, mucho menos el acceso de la prensa. Los excesos de poder del presidente de la República fueron trascendiendo a lo público cuando la lucha política de las élites gobernantes hizo anacrónicos los cánones de complicidades para acceder al poder. La filtración de documentos a la prensa escrita a fines de los años setentas sustituyó el burdo recurso de la extorsión del silencio, pero además tuvo como fin -y lo conserva hasta el presente- trasladar las pugnas de facciones al escrutinio público como medio para desacreditar, calumniar, difamar a los operadores que acataron órdenes superiores. La probidad de la autoridad presidencial se convirtió en instrumento de control de daños y medio para legitimar el régimen presidencialista.

La frase mítica de que el presidente era intocable llegó a su fin con el avance de las luchas democráticas. Sin embargo, el pacto de silencio se mantuvo entre los expresidentes como mecanismo de gobernabilidad y estabilidad política. Las tensiones en extremo peligrosas por la detención de Raul Salinas de Gortari y el asesinato de Enrique Salinas de Gortari durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo -las cuales se ramificaron en delaciones acusatorias de los demonios andan sueltos y que llevo al suicidio a Mario Ruiz Massiau- no acabaron con esa practica que en la alternancia encontro nuevamente vigencia. Ambos expresidentes panistas no han cruzado acusación alguna sobre la gestión gubernamental que los involucre directamente en hechos de corrupción o excesos del ejercicio de las facultades constitucionales.

Hasta el momento, el juicio en contra de Genaro García Luna llevado a cabo en tribunales estadounidenses ha mantenido fuera al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. No obstante, el presidente López Obrador ha formulado la pregunta de hasta dónde van a llegar con este juicio que apunta hacia Los Pinos. La frase “no sabía nada de eso” siempre ha carecido de credibilidad, cuando su secretario de Seguridad poseía parte esencial de inteligencia sobre las actividades de los cárteles y las disputas por el control de territorios, cuya importancia dependía el curso de la guerra contra el narcotráfico declarada desde los primeros meses del gobierno calderonista. Ahora, el pacto de silencio se topa con los fines de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y los nexos de impunidad de la clase política mexicana se entremezclan con aquellos fines estadounidenses.

Es así que los señalamientos del presidente López Obrador se han centrado de manera preponderante en contra de Vicente Fox y Felipe Calderón. Al primero, haber operado, en 2006, el fraude electoral con el que traicionó a la democracia; al segundo, haber dado golpes al avispero con su declaración de guerra contra el narcotráfico, la responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC y empleado de la filial de la transnacional española Iberdrola, una vez dejado la presidencia de la República. Cauto ha sido el titular del Ejecutivo, en las conferencias matutinas de Palacio Nacional, al tratar el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, cuando se desprenden señalamientos en contra de secretarios del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto involucrados, según consta en la declaración ministerial, en el reparto de sobornos a legisladores del PAN.

Los pactos no habían dependido de los cambios políticos que no fueran producto del régimen priista. La alternancia progresista de 2018 terminó con el propósito de las élites gobernantes de derecha de conservar ese recurso anacrónico del ejercicio del poder. No se trata de pactos que atiendan la necesidad de evitar juicios morales o penales en última instancia contra los expresidentes, son ante todo, el mecanismo por medio del cual todo abuso de poder, actos de corrupción o secretos de Estado pasan a ser objeto del escrutinio institucional o público a través del derecho al acceso de información. Aquella referencia de que un presidente es el hombre mejor informado para conocer los antecedentes de sus colaboradores -aparte de la carga mítica del saber presidencial- las redes de complicidades se extienden alrededor de las élites dirigentes porque, de esa manera, se permite la reproducción de gobiernos a modo de los grandes intereses empresariales. Es decir, a los dueños de los monopolios financieros, bancarios, industriales o comerciales no les interesa cuestionar la moralidad de los gobernantes en turno, sino asegurar la continuidad de las políticas públicas que instrumenten en materia fiscal, inversión y laboral que les permitan seguir acumulando la riqueza nacional. Por tal razón, los pactos de silencio tenían bajo control la continuidad del sistema politico y de su clase gobernante.

Ahora, cuando el presidente López Obrador al romper los mecanismos tradicionales del sistema politico mexicano, y uno clave y tácito entre los expresidentes -encubrir los excesos de poder y corrupción- todavía antes de concluir el periodo sexenal es beligerantemente acatado por Vicente Fox y Felipe Calderón, la embestida mayor la enfrentará desde la jubilación, con el triunfo o derrota de MORENA, en 2024. Los pactos de silencio rotos entre la clase política y no reconocidos por la clase empresarial afectada en sus intereses durante el gobierno lopezobradorista, darán paso a la conformación de otros mecanismos de contrapesos políticos que no impliquen impunidad.

guillermobuendia80@gmail.com