A pesar de ser uno de los temas más delicados en la vida social del país y por sus efectos humanos devastadores en los renglones de desapariciones, homicidios dolosos, secuestros, feminicidios y afectaciones crecientes a las empresas masivas de la vida cotidiana, el tema de la seguridad ha sido manoseado por partidos y gobiernos, pero sin llegar a centralizarlo como un asunto que requiere de voluntad para atender.
Las últimas elecciones legislativas y gubernamentales estatales y municipales se han dado en el escenario de un activismo creciente, por primera vez, de las diferentes bandas del crimen organizado para proteger candidatos, impulsar posiciones, financiar campañas y usar el poder criminal de la delincuencia para inhibir el voto a determinados aspirantes.
Pero el INE y las diferentes oficinas federales, estatales y municipales de seguridad nada han hecho para impedirlo y buena parte de sus efectos se están padeciendo en Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Guanajuato, dónde el crimen organizado ha consolidado la captura de espacios territoriales de la soberanía del Estado federal.
Las señales de alarma han sido encendidas con miras a las elecciones presidenciales de 2024. El candidato López Obrador centralizó el tema de la seguridad en 2018 y ofertó soluciones en los primeros minutos del arranque de su Gobierno a través del modelo de construcción de la paz que no es otro que el de la caracterizada como gobernanza criminal, es decir, un acuerdo político del Estado con las diferentes bandas del crimen organizado para acordar la pax narca que obliga a los delincuentes a asumir el compromiso de desactivar la violencia y de no entrar en competencias a balazos por espacios territoriales.
El problema que debe de evitarse de cara a las elecciones presidenciales de 2024 se localiza en la falta de análisis de lo hecho hasta ahora, en la necesidad de propuestas que trasciendan lo puramente electoral y en tener la certeza de que el tamaño de la inseguridad, la violencia y las bandas criminales advierte que no tendrá ninguna solución en por lo menos diez años, pero que es el momento de conseguir un acuerdo político de Estado-sociedad-partidos al margen de los procesos electorales.
El modelo de construcción de la paz ha permitido la consolidación de los cárteles dominantes, la expansión del negocio de la droga al fentanilo y el asentamiento creciente de nueve cárteles mexicanos dentro del territorio estadounidense para controlar contrabando, distribución y venta del menudeo, con la circunstancia agravante de que la política estadounidense en materia de drogas no combate el consumo y se centra en las adicciones.
Aunque la solución está fuera de los márgenes electorales, la competencia por cargos públicos debo obligar a partidos y candidatos asumen enfoques de soluciones la crisis de seguridad y no a desprestigiar a los adversarios por incumplimiento de compromiso. En los hechos, PRI, PAN PRD han sido Gobierno en diferentes niveles de administración pública y sus resultados en nada difieren de los que hoy le acreditan a Morena en la presidencia de la República.
El tema de la seguridad debe ser de atención electoral, pero no se debe agotar solo en la acumulación de votos sin rendición de cuentas. Pero la sociedad misma se debe organizar para exigirle a partidos y funcionar mayor voluntad en la lucha contra la inseguridad, mejores resultados y revivir aquel reclamo que hizo Alejandro Martí en 2008 a toda la clase política gobernante por el asesinato de su hijo Fernando: “si no pueden, renuncien”.
—30—
