Las conferencias matutinas que ofrece el presidente López Obrador sirven para informar a la población de las actividades de gobierno, pero se desvirtúan en cuanto comienza a denostar a quienes disienten de su forma de gobernar.
La narrativa utilizada se mezcla, entre el contenido informativo de las acciones de gobierno y lo conduce al campo político, pero incluso, la escritora Elena Poniatowska ha afirmado que ese ejercicio de comunicación ha provocado hartazgo, irritación, confrontación y consideró que resultan innecesarias.
En democracia un ejercicio informativo es necesario y se inserta en la función de Estado de la transparencia, hoy en riesgo de desaparecer a conveniencia.
Es a conveniencia debido a que se utiliza para no informar sobre acciones específicas de gobierno, como la reserva de información por un periodo de tiempo determinado sobre el operativo de detención de Ovidio Guzmán, la información relativa a la contratación sin concurso o a la contratación de vacunas para COVID19.
La información que producen las instituciones del Estado mexicano es elaborada por los servidores públicos, cuyos sueldos y recursos materiales para su elaboración, son pagados con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso. A su vez, los recursos aprobados por el Congreso provienen de los impuestos, multas, aprovechamientos, derechos y demás ingresos recaudados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobierno solo administra los recursos pero no es el dueño de la información.
Por la trascendencia que representa es de interés público conocer los pormenores del operativo que derivó en la liberación del hijo de El Chapo Guzmán, las razones por las cuáles se opta por priorizar los contratos por asignación directa a los concursos públicos, o bien, el contenido de los contratos para comprar vacunas.
El argumento de austeridad para suprimir la institución de Estado de la transparencia, no se sostiene por sí sólo y es de pobre calidad. Es como si se pretendiera suprimir la salud o la educación públicos por el costo al erario que representa. Ambas se tratan de funciones derivadas de derechos humanos.
Pretender derogar la función de información, sólo aumentará el flujo de información en redes sociales de contenidos que sean sensibles para la presente administración.
Abriría demandas ante la Corte, porque se estaría suprimiendo el derecho humano a la información. Esto en el plano nacional.
En el plano internacional, la comunidad y organismos internacionales no verían con buenos ojos esta medida, debido a que se faltaría a la certeza en las inversiones o compromisos internacionales.
En síntesis no conviene a nadie suprimir la función de información.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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