Iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica

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Brújula del cambio

  • Retroceso nacionalista trasnochado
  • Expropiación indirecta
  • ICC México solicita al Congreso de la Unión rechazar la Iniciativa Preferente enviada por AMLO

El 29 de enero de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador >ya contagiado por el Covid19< envió a la Cámara de Diputados a manera de “iniciativa preferente” con proyecto de decreto en la que se reforman y adicionan diversas Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE); donde pretende regresar al monopolio de Estado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), privilegiándola sobre los productores e inversionistas privados, eliminando de “facto” el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Esta iniciativa no sólo representa un retroceso a las concepciones nacionalistas de los años 60as del Siglo XX, inspirado en la figura del expresidente Adolfo López Mateos, sino que contraviene las disposiciones Constitucionales aprobadas como parte de la Reforma Energética, durante la administración de Peña Nieto y en principio va en contra sobre la resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que echó abajo la llamada “ley Nahle” cuyo contenido es igual que esta iniciativa.

En los hechos, las disposiciones administrativas dictadas por la Secretaría de Energía (SE), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2020, iniciaron las acciones en contra de productores privados >nacionales y extranjeros< violando las leyes vigentes, por lo que se iniciaron amparos, protestas y demandas, ya que atentaban contra la certidumbre jurídica y el Estado de derecho; que se evidenciaron con la citada resolución de la SCJN bajo el argumento que se daba una “ventaja indebida a la CFE”.

Ante este revés de la SCJN a la política energética de la SE en que se violaba el derecho de libre competencia y que invadía las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pensábamos que se daba por terminado un periodo de incertidumbre jurídica y de ahuyentar las inversiones en el sector energético; pero sorpresa, el presidente López Obrador lanza su iniciativa, que reproduce las mismas disposiciones administrativas de la “ley Nahle”, ahora a manera de artículos de ley, que la Corte invalidó el pasado 3 de febrero del año en curso.

Hay un principio en la ciencia política: “en esta materia nunca hay coincidencias”, por lo que sostengo, que el presidente López Obrador supo el sentido de la resolución de la SCJN y por eso, desde el inicio de su cuarentena en Palacio Nacional, envió su iniciativa para reformar y adicionar diversas Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE); avivando sus mensajes nacionalistas >de hace 60 años< sobre la autonomía energética, con un contexto plenamente electoral y cumplir una de sus aficiones predilectas: “subirse al ring”, ya que no le van a faltar contrincantes.

Desde ahora, muchos expertos juristas y economistas, así como instituciones nacionales y extranjeras, consideran que esta iniciativa de ley viola la Constitución, como esta implícito en la resolución de la SCJN y resulta a todas luces incongruente:

  • Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC)
  • El Acuerdo de Paris
  • Tratados internacionales de comercio y medio ambiente
  • Ley de Transición Energética

Asimismo, va a afectar a los consumidores mexicanos al encarecer el sistema eléctrico, impacta negativamente a las finanzas públicas, que tendrán que apoyar en mayor medida a la CFE, ante la falta de inversiones privadas; el uso intensivo del carbón y el combustóleo, generará emisiones sumamente contaminantes, afectando notablemente el medio ambiente; se terminarían los proyectos de energía limpia y barata; y se daría un golpe de impactos inmensurables a las inversiones en el sector energético, así como al sector empresarial.

 

1.- Iniciativa de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE)

Lo primero que hay que señalar es que esta iniciativa que envió a San Lázaro >como Cámara revisora< el presidente López Obrador, lo hizo utilizando su facultad constitucional, de darle un sentido de “preferente” con lo cual obliga al Congreso, a analizarla y procesarla en un plazo que no rebase los 62 días; y contiene cuatro puntos fundamentales de cambios legales, como son:

 

1.1.- Pretende destruir el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que hoy opera el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de manera independiente, para dar prioridad a las plantas de la CFE.

Donde se propone reformar el artículo XX con el propósito de dar prioridad en el despacho a las centrales generadoras de la CFE, en el siguiente orden:

  1. Hidroeléctricas
  2. Las demás centrales de la CFE
  3. Energía eólica y solar de los particulares
  4. Centrales de ciclo combinado (centrales que operan a partir de un ciclo de gas y otro de vapor) de particulares.

Como las centrales hidroeléctricas no pueden satisfacer la demanda de electricidad del país, las principales beneficiadas serían las plantas más contaminantes de la CFE, que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón y que tienen costos más altos que el resto; además de los impactos ambientales, con repercusiones negativas a escala local, regional, nacional y global.

Por su puesto, las principales perdedoras de esta propuesta son las centrales de energías renovables y limpias, al mismo tiempo, que se destruye el incentivo a crecer en la generación a partir de fuentes renovables dado que el esquema vigente, que la reforma busca derogar, ofrece mejores utilidades a los generadores que utilicen fuentes menos contaminantes.

 

1.2.- Se establece que la entrega de los Certificados de Energías Limpias (CEL) no dependerá de la fecha de entrada en operación de las centrales eléctricas.

La Iniciativa pretende favorecer a la CFE al asignarle este tipo de certificados a la energía producida en centrales existentes antes de esa fecha; donde vale la pena señalar, que en la estructura actual del mercado se incentivan nuevas inversiones en fuentes limpias mientras que la iniciativa presidencial destruye ese incentivo y favorece a la CFE con cualquier tipo de generación.

Con las acciones propuestas se desvirtúa el diseño mismo de los CEL como instrumentos para acelerar la transición energética hacia energías limpias; va en sentido contrario del objetivo de los CEL al no incentivar la instalación de nuevas centrales renovables por parte de la empresa productiva del Estado.

 

1.3.- Elimina la obligación de la subsidiaria de suministro básico de la CFE de comprar energía por medio de subastas.

Con esto se elimina la obligatoriedad para que la subsidiaria de la CFE encargada de vender electricidad a los pequeños consumidores adquiera energía vía subastas para reducir los precios; asimismo, se abre la puerta a la discrecionalidad en las compras de energía eléctrica por criterios distintos a la eficiencia.

Con lo anterior, se obliga al subsidio permanente de tarifas residenciales y agrícolas, creando compromisos de gasto insostenibles para la Federación, y fragilidad en las finanzas de la CFE.

Finalmente, frena las inversiones necesarias para reducir la pobreza energética de millones de mexicanos.

 

1.4.- Se revocan los permisos de autoabasto.

Los permisos de autoabasto fueron expedidos previo a la apertura del sector para permitir a las empresas asociarse y producir electricidad para sus establecimientos con esta generación (los socios auto abastecedores).

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) con la normatividad propuesta abre un frente innecesario, dado que las sociedades de autoabasto desaparecerán cuando sus permisos expiren y su capacidad de generación eléctrica está limitada por la capacidad original del permiso.

 

Reflexiones

  • Esta iniciativa del presidente López Obrador impacta negativamente a la certidumbre jurídica de los inversionistas al alterar retroactivamente las condiciones bajo las cuales realizaron sus inversiones.
  • Es violatoria del T-MEC al cambiar las condiciones regulatoriasde tal forma que las inversiones en el sector se vuelven inviables.
  • El sector eléctrico es uno de los seis cubiertos por el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado entre México-Estados Unidos; por lo que es previsible, que México enfrenta el riesgo para defender su política ante paneles internacionales.
  • Seguramente causará represalias comerciales entre México y sus socios de Norteamérica, como Canadá y Estados Unidos, lo que pone en riesgo a inversiones y la estabilidad económica nacional.
  • También es violatoria de las disposiciones en materia de empresas propiedad del Estado al beneficiar a un participante estatal sobre todos los demás.

Al final de cuentas, en los hechos, esta iniciativa representa una expropiación indirecta y representa un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo, poniendo en duda, el respeto al Estado de derecho.

 

2.- ICC México solicita al Congreso rechazar la Iniciativa Preferente de Reforma a la LIE

La International Chamber of Commerce México (ICC México) solicita al Congreso de la Unión rechazar la Iniciativa Preferente enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), turnada a la Cámara de Diputados, ya que además de afectar a toda la industria productora de energías limpias, perjudicaría también profundamente y a largo plazo la reputación de nuestro país frente a los inversionistas privados nacionales y extranjeros, al contravenir reglas y acuerdos alcanzados y formalizados previamente en tratados internacionales.

Asimismo, esta reforma de ley, va a afectar irreversiblemente los derechos humanos de los mexicanos relativos a la salud y a un ambiente sano y se contrapone a los principios de austeridad en el gasto del gobierno, porque tendrían que incrementarse los precios de la energía eléctrica al público o bien subsidiar con recursos públicos el consumo energético de la industria y los hogares mexicanos.

La ICC México considera en su desplegado de prensa del 10 febrero del año en curso, que resulta innecesario someter al país a un debate cuando la SCJN ya sentenció en contra de los principales argumentos de la reforma preferente, los cuales serían la base para juicios de amparo y/o arbitrajes nacionales e internacionales a que acudirían las numerosas empresas para defender sus inversiones.

Aseguran que la aprobación de la reforma propuesta afectaría a usuarios finales (servicio básico y calificados), desarrolladores, generadores, permisionarios (autoabastecimiento / cogeneración) y sus socios autoabastecidos, permisionarios / contratistas (producción independiente) y en general a diversos sectores de la sociedad, a la salud de los mexicanos, al medio ambiente y la economía nacional.

De la misma manera, estos cambios constituyen una falta grave al Estado de Derecho y se contraponen a principios constitucionales y compromisos internacionales de México en tratados internacionales, lo que hace imposible la aplicación de dicha reforma y, por supuesto, da pie a los mecanismos de defensa para contrarrestarla.

 

La reforma a la LIE violaría:

  • El Tratado de Libre Comercio México – Estados Unidos – Canadá (TMEC)
  • El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea
  • El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés)

Ya que en estos tratados y acuerdos existe la prohibición de los monopolios, la irretroactividad de la ley y el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Precisamente en este rubro en particular, los tratados señalan el derecho humano a un ambiente sano, particularmente la Agenda 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en su apartado 7 destaca específicamente el acceso a una energía asequible y no contaminante (Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos).

Es de la mayor relevancia que nuestro país mantenga la confianza empresarial sobre el respeto a la certidumbre jurídica y el Estado de derecho, y continuar con la generación de energía de muy bajo costo, plano en el que México ya era líder.

 

Reflexión final

La ICC México hace un llamado a los integrantes del Congreso de la Unión para que, en un análisis crítico y detallado, a través de un Parlamento Abierto, observen que las reformas planteadas a la Ley de la Industria Eléctrica en la Iniciativa Preferente irían en contra de los objetivos primarios referidos en la exposición de motivos como son, entre otros:

1) Garantizar la calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional

2) Evitar el incremento de las tarifas del servicio eléctrico en términos reales para el consumidor final

3) Estimular la competencia en condiciones de equidad a partir de la mejora de la estructura de costos entre los participantes en el sector.

 

3.- Posición del presidente López Obrador

En su conferencia de prensa matutina del 10 de febrero de 2021, al tratar el tema de las reformas a la LIE, el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteo que:

  • “No se debe cambiar ni una coma de la iniciativa preferente para otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuciones de producción y distribución de energía eléctrica”

Que muestran claramente la posición autoritaria del Ejecutivo Federal hacia el Congreso de la Unión, estando con la seguridad de que los legisladores de Morena, no debatirán y mucho menos realizarán un parlamento abierto, sino simplemente aceptaran tus órdenes; al ser una reforma de ley, solo se necesita la mayoría simple, por lo que les alcanzan los números en ambas Cámaras.

En esta misma sesión, acusó que la llamada reforma energética fue aprobada en su momento con sobornos a los diputados y senadores de hace dos legislaturas y de ello existen denuncias ante la autoridad judicial.

En este mismo sentido el presidente afirmó, que desde el inicio de su mandato anunció que no aceptaría la privatización del sector y planteó, que el propósito de la iniciativa es fortalecer a la CFE, para garantizar que no aumentaran los precios de la luz; comentando:

  • “Con la privatización de la industria eléctrica se afectó al pueblo de México, se benefició a una minoría, sobre todo a empresas extranjeras, y hubo corrupción. Se asociaron de manera delictuosa empresarios extranjeros con funcionarios públicos. Estos empresarios (nacionales y extranjeros) hicieron su agosto, porque no sólo se les tiene que comprar la energía eléctrica, sino se les entregan subsidios”.

El presidente López Obrador considera que se está avanzando con esta iniciativa, en una autonomía energética, de carácter nacionalista y no le importa las opiniones de expertos, que aseguran que es anticonstitucional, que pueden venir demandas comerciales y ahuyentar la inversión; tampoco le importa que piensen que su gobierno no respeta el Estado de Derecho.

El autor es analista político, coordinador de investigaciones políticas de la revista La Crisis y del diario Indicador Político.

rabascal51@hotmail.com

@rabascal