Cierto, Mariana Rodríguez Cantú tiene el derecho, como cualquier ciudadana, ciudadano de nuestro país de aspirar a un cargo de elección popular como es la presidencia municipal de Monterrey, para el cual ya se registró como precandidata de Movimiento Ciudadano (MC).
No existe normatividad que prohíba al o a la cónyuge de persona titular de Ejecutivo ser votada a cargo de elección popular. Y aunque existiera, sería violatoria de derechos político electorales ciudadanos.
Tampoco es requisito de elegibilidad separarse con antelación del esposo, de la esposa, para contender a cualquier cargo de elección popular. Imagínense, provocaría divorcios.
Así que como esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, Mariana Rodríguez no tiene impedimento legal para competir por la alcaldía de Monterrey.
Ni para decir que se vale de la presencia de su esposo, porque ella brilla con luz propia. Incluso, su presencia como influencer ayudó en el posicionamiento político de Samuel García en su campaña a la gubernatura y, por ende, en el triunfo de éste.
No obstante, la aspiración política de Mariana Rodríguez genera resquemor porque en nuestro país ha sido tema tabú la participación electoral de la esposa de un mandatario, federal o estatal. Se ceñían a su papel de Primera Dama y de presidenta honoraria del DIF.
De un tiempo para acá las cosas han cambiado.
No es el primer caso. Uno muy emblemático fue el de Martha Érika Alonso, esposa del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Fue gobernadora de la misma entidad, aunque no sucedió a su esposo en el cargo, sino que hubo otro mandatario intermedio.
Por cierto, el próximo 24 de diciembre se cumplen cinco años del fallecimiento de la pareja en accidente aéreo. Por eso Martha Érika sólo estuvo diez días en la gubernatura.
Ahí está el caso de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón. Eso sí, con una carrera política propia, ella (tras renunciar al PAN) participó en el proceso electoral del 2018 como candidata independiente a la Presidencia de la República, aunque renunció en plena campaña.
Hoy hay parejas y hasta familias completas participando en política y en cargos populares. Y en casi todos los partidos políticos.
Por ejemplo, Carolina Viggiano Austria es esposa de Rubén Moreira Valdéz; ambos tienen diputación federal; ella, además, es secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y en el 2022 compitió por la gubernatura de Hidalgo.
Retomando el tema: En el caso de Mariana Rodríguez (cuya capacidad y presencia mediática no está en tela de juicio) lo cuestionable sería que pudiera beneficiarse electoralmente de los recursos públicos del gobierno de Nuevo León, ya sea por sí misma o mediante la generosidad de su esposo el gobernador.
El gobierno de Samuel García creó una entidad pública llamada “Amar a Nuevo León” para ser presidida por Mariana Rodríguez, para administrar programas especiales o prioritarios así como llevar la comunicación social y las relaciones públicas.
Una entidad pública clave no solamente para el gobierno de Nuevo León, sino para la presencia política, social y mediática tanto de Samuel como de Mariana. Quizá la aspiración política-electoral de la influencer no sea nueva.
En fin.
EL RIESGO
El riesgo para la influencer es un revés jurisdiccional habiendo ganado la presidencia municipal de Monterrey. Por violación a los principios de neutralidad y equidad electoral.
La participación de su esposo en los mítines proselitistas de Mariana Rodríguez, las expresiones públicas de respaldo de él hacia ella, tantas fotos juntos en redes sociales, podrían dar pie a impugnaciones, sobre todo cuando llegue la campaña electoral.
Porque su esposo es el gobernador de Nuevo León, no el dirigente local de Movimiento Ciudadano, ni su coordinador formal de campaña.
Así que si Mariana Rodríguez quiere llegar salva a la presidencia municipal de Monterrey, más vale que guarde prudencia junto con Samuel.
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