En 1969, en el gobierno de Richard Nixon, comenzó la estrategia de EEUU de culpar a México de suministrar drogas para los consumidores estadunidenses. En ese año Nixon, después de haber dado un abrazo al presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, cerró la frontera vehicular para revisar vehículo por vehículo. Se llamo “operación intercepción” y la Casa Blanca dijo que México era el trampolín de las drogas, con la respuesta mexicana de que el territorio americano era la alberca del consumo.
A lo largo de más de medio siglo el problema ha crecido. El gobierno del presidente Joseph Biden acaba de autorizar un operativo de Estado contra México para obligarlo a combatir a los cárteles de la producción y el tráfico de la droga que ingresa a EEUU. No es la primera vez que lo dice, pero la evaluación anual de la DEA sobre las drogas reveló que cuando menos once bandas delictivas mexicanas operan dentro de las ciudades estadunidenses controlando el comercio al menudeo de drogas en más de tres mil ciudades.
Las relaciones México-EEUU en materia de narcotráfico han sido oscilantes, funcionales a las circunstancias y al final muy de connivencia. El presidente Salinas firmó en 1989 un acuerdo de intercambio de información y el presidente Calderón suscribió en 2008 con el gobierno de Bush la llamada Iniciativa Mérida. Esa relación de entendimiento con fricciones ha durado hasta el año pasado en que el presidente mexicano López Obrador ordenó la cancelación de la Iniciativa Mérida y sometió a registro y control a las agencias de inteligencia y seguridad nacional que operaban por la libre en México en asuntos de narco.
Ahora el presidente Biden quiere que México desmantele los dos principales cárteles del narco, arreste a sus líderes sobrevivientes y permita a EEUU seguir operando por su cuenta dentro de México. El Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán son los dos veneros más importantes del narco y la violencia en territorio americano. Y los dos son, según la DEA, los principales grupos delictivos mexicanos que controlan la mayor parte del comercio de la droga dentro de EEUU.
Si hace poco el jefe del Comando Norte del ejército estadunidense dijo que el 35% del territorio mecano estaba bajo control de los cárteles del crimen organizado, la evaluación oficial del narco que hizo la DEA el año pasado ha mostrado que el 85% del territorio estadunidense es tierra de tráfico de drogas para consumo al menudeo en EEU.
El gobierno de EEUU ha sido reacio tomar decisiones legales de autoridad para combatir a las bandas vinculadas al narco. Hasta ahora, los cárteles mexicanos siguen creciendo dentro de territorio estadunidense e inclusive se han incorporado a la cultura popular a través de la literatura, el cine y las series televisivas policiacas. Primero fueron Los Zetas y ahora el Chapo Guzmán o referencias a él aparecen en programas de televisión. La revista Vanity Fair se vio metida en un incidente cuando contrató al actor Sean Penn para hacer una nota sobre el Chapo y los contactos con el jefe narco se dieron a través de la actriz Kate del Castillo, famosa por su papel central en la serie La reina del Sur, basada en la novela del escritor español Arturo Pérez Reverte.
El daño social de la droga es grave, pero la Casa Blanca sigue culpando a los productores y no a las autoridades estadunidense que permiten el contrabando de droga, las bandas vendedoras y el consumo. Un registro de la DEA en su evaluación de 2019 reveló que en 2917 –último año contabilizado de manera oficial– hubo en EEUU 216,924 muertes vinculadas a cinco hechos referidos a la droga: sobredosis, suicidios, homicidios, armas de fuego y accidentes vehiculares. Esta cifra es 61.6% mayor a las 134,212 muertes ocurridas en 1999.
El problema está en el consumo en sí mismo y en el consumo como demanda de droga que estimula los mercados de productores y traficantes. De 1999 a 2019 aumentó de más de 300% el número de estadunidenses fallecidos por sobre dosis de droga, con dos explicaciones: por aumento de consumidores y por la llegada de drogas pesadas mortales –fentanilo– desde 2016. EEUU dice que el principal contrabandista de fentanilo es el cártel del Chapo Guzmán, en su sección dirigida por su hijo Ovidio Guzmán López, cuya captura y extradición está exigiendo la Casa Blanca.
Si el problema de la importación ilegal de droga es grave, el gobierno de EEUU no quiere reconocer su responsabilidad en el asentamiento en su territorio de las bandas mexicanas dedicadas al tráfico de drogas. Tampoco quiere discutir el asunto optar por atender acciones y no desarrollar programas severos y de autoridad contra el consumo. Al final, el consumo de drogas en EEUU es un asunto de derechos y libertades, lo que ha facilitado el aumento de la legalización del consumo de la marihuana.
El gobierno de Biden es el primero desde Nixon que parece querer entrarle al asunto de las drogas, sólo que con los mismos errores: asumirlos como asunto de bandas en sus países de origen y no en el contrabando que no podría entrar a territorio estadunidense sin el apoyo y la complicidad y la corrupción de autoridades estadunidenses. Sólo el tema de lavado de dinero del narco deja al sistema financiero estadunidense centenas de miles de millones de dólares, con la certeza de que el dinero ilegal no podría circular en bancos sin la autorización oficial.
Si no existe una decisión real de la Casa Blanca para combatir la droga dentro de su país, los cárteles se van a seguir expandiendo en todo el mundo: bandas mexicanas ya operan en Europa y Africa. Pero hasta ahora, el presidente Biden quiere seguir culpando a los productores y traficantes del consumo de drogas que exigen los consumidores estadunidenses.
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