Si la gran conquista política mexicana después de 1988 fue la reforma electoral, extraña que más de tres decenios después sigan los conflictos preelectorales-electorales-poselectorales. Sea cual sea el saldo de las votaciones del próximo 6 de junio, habrá que pensar en otra reorganización de las oficinas electorales.
El problema es doble: los legisladores han diseñado instituciones electorales como embudos políticos y a favor del partido dominante en tuno y el INE viene del pecado original del IFE: una casta de consejeros electorales que deciden castigos y premios en gran tribunal de intereses.
Si bien se sabe, una oficina electoral tiene sólo que organizar elecciones: padrón, credencial y votos. Las elecciones son una parte de la democracia, la que tiene que ver con el procedimiento de usar al pueblo en votación para cambiar gobernantes. Pero el INE mexicano se cree el Ministerio de la Virtud de la Democracia, una especie de cuarto poder constitucional, cuando la democracia como forma de gobierno involucra instancias posteriores a las elecciones y en otros espacios de representación popular.
Por ello habrá que cambiar al INE y a su cuerpo colegiado de consejeros por un Instituto con funcionarios en direcciones de área que organicen elecciones. Y el Tribunal debe estar adscrito al poder judicial por la vía de los delitos electorales como figura penal.
México ha pasado por tres alternancias –del PRI al PAN, del PAN al PRI y del PRI a Morena– y nadie ha quedado satisfecho. De pronto el INE se transforma en el Olimpo del Zeus dominante que decide el destino de los candidatos y los consejeros electorales se la pasan hablando más de democracia como idea-fuerza o como gobernabilidad, que de la democracia electoral como paso para que el pueblo elija a sus gobernantes en las urnas.
La reforma electoral que viene debe abaratar y hacer más sencillo el procedimiento electoral.
@carlosramirezh
