Tras la jornada electoral concurrente del domingo pasado, se desató la sucesión a la gubernatura de Oaxaca, cuyas elecciones tendrán lugar el primer domingo de junio del 2022, empezando el proceso electoral respectivo en la primera semana de septiembre próximo.
La han desatado principalmente los morenistas, que andan ebrios de euforia porque han ganado alrededor de 19 diputaciones locales de mayoría relativa de un total de 25, y alrededor de 51 ayuntamientos, incluyendo la capital del estado, de 153 por el régimen de partidos políticos.
Además, Morena y sus aliados ganaron las 10 diputaciones federales.
Tales números en cargos ganados, como la votación para Morena en las elecciones locales del domingo pasado que rebasa los 700 mil votos, tiene al morenismo oaxaqueño ebrio de euforia y de futurismo, viéndose desde ahora con la gubernatura en la bolsa.
Tanto así que el senador Salomón Jara Cruz inmediatamente envío un comunicado diciendo que “con sus votos, Oaxaca ratifica su confianza en morena y la 4T”, pero también evidenciando su aspiración a la candidatura de Morena para gobernador al enunciar lo siguiente:
“Hoy confirmamos que en Oaxaca hay esperanza de cambio, estos resultados son un triunfo para el pueblo, pero esto aquí no acaba, nosotros seguiremos trabajando para que en 2022, exista un gobierno emanado de Morena en el estado”.
“Trabajo para sumar a esa voluntad de cambio. Me encanta la construcción política, territorial, estar con la gente. Por lo que me prepararé para aportar todo lo que pueda al frente electoral que nos toca representar el año que viene”.
Y de acuerdo al comunicado, manifestó que continuará recorriendo cada comunidad de la entidad, “que seguirá trabajando, construyendo y creciendo, para generar confianza, garantizando que el pueblo acompañe al proyecto que encabeza, no solo en época electoral, sino de manera permanente.”
¿O no lo dijo pensando en su anhelo de suceder en la gubernatura al priista Alejandro Murat Hinojosa? ¿Diría lo mismo y trabajaría igual si la candidatura recae en otro morenista o en algún personaje externo?
¿Y qué tal que sea candidata?
Recuerden que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó legislar sobre la paridad de género en gubernaturas; de no hacerse, llegado el momento puede ocurrir que el mismo órgano jurisdiccional determine el número en función de las gubernaturas a renovarse en 2022.
Para candidatura de género a la sucesión oaxaqueña, en Morena tienen a la senadora Susana Harp, o alguna mujer externa, por ejemplo Narcedalia Ramírez Pineda, quien es priista pero bien puede ser invitada por este partido para la gubernatura; incluso hasta donde se sabe la buscaron para competir a una curul en las elecciones de este año.
Y si la candidatura es para hombre, en Morena cuentan con cuadros como Adelfo Regino Montes, Luis Antonio Ramírez Pineda y Francisco Martínez Neri, quien acaba de ganar la presidencia municipal de la capital oaxaqueña.
Además de Raúl Bolaños Cacho Guzmán, amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador y actual cónsul de México en Sâo Paulo, Brasil; tiene todas las cartas para candidato a la gobernador de Oaxaca, y estado su origen en el PRI, quizá buena parte de priistas se sumarían a él.
INTENTAN REFORMA
Como citamos párrafos arriba, el proceso electoral para renovar la gubernatura oaxaqueña inicia en la primera semana de septiembre próximo, de acuerdo a la legislación electoral.
Pero en el Congreso Local existe el intento de modificarlo, sobre todo por parte de algunos diputados de Morena, siendo que ha vencido el plazo establecido en la Constitución General para que “las leyes electorales se promulguen y publiquen por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse”.
Pareciera que cunde el mal ejemplo nacional de transgredir la Constitución, salvo que los legisladores locales encuentren la manera de cuadrar los plazos.
Aunque con los resultados de las elecciones del domingo pasado, muy favorables a Morena, quizá los morenistas promotores de la reforma desistan de modificar el inicio del proceso electivo para la gubernatura, dejándolo para septiembre y no para diciembre.
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