Las elecciones en México siempre son un hito en su vida política, son un momento puntiagudo donde el país se detiene en un suspiro, avanza, pero también marca y contextualiza su presente, además de que encona sus diferencias y su pasado más antiguo, tramposo y dicharachero lo persigue. De ahí que llevemos más de treinta años perfeccionando un sistema electoral que al final ha sido utilizado por la clase política, los partidos, candidatos, los beneficiarios de la transición a la democracia, la alternancia política y en el que gran parte del círculo intelectual ha puesto sus esperanzas de la mecánica del cambio político. Las elecciones también han potenciado una democracia de espuma, en la parte alta de esa espuma se encuentran sus usufructuarios, en la base, todos los demás.
Al término de la pasada jornada electoral del 6 de junio, el sentimiento generalizado fue que todos habían ganado algo, la oposición, el proyecto del actual presidente, los partidos pequeños y hasta los más mercenarios; la ciudadanía también ganó, porque confió en que su voto cuenta y es contado, y que con él puede castigar o premiar gobernantes, políticas, congresistas y gobiernos en general; incluso, en estas elecciones, la autoridad electoral recibió elogios de observadores internacionales, analistas y ciudadanía en general que había sido un proceso íntegro, demostrando nuevamente su valía. Se confirmó que México quiere seguir viviendo en democracia, aunque sea imperfecta.
Sin embargo, no se contempló como escenario inmediato una nueva reforma electoral. Ajustar lo que funciona pareciera un sinsentido, sobre todo sí, como se ha mencionado, todos ganaron algo. No pasaron ni cinco días después de las elecciones y el presidente ya habla de proponer una reforma electoral. Aún con una mayoría en el Congreso que le imposibilita hacer cambios constitucionales de gran calado, el presidente López Obrador dobla la apuesta y busca que la reforma electoral se convierta en una moneda de cambio para todos los jugadores. Para él, el sistema tiene que ser renovado, la autoridad electoral removida y el mecanismo para convertir votos en escaños, en especial las asignación de diputaciones plurinominales, debe ser modificado.
Las reformas electorales en México tocan el sistema nervioso del reparto de posiciones del régimen político, fortalecen en términos de competencia y pluralidad a alguno o ambos de los dos poderes -Ejecutivo y Legislativo-, y marcan la pauta del comportamiento electoral de las oposiciones en el futuro inmediato. En un país acostumbrado a que el cambio político sólo se ha dado de manera paulatina, mediante los votos, posibilitado por el reformismo normativo, las reformas electorales son la quintaesencia del cambio al orden establecido, una suerte de energía que potencia y transforma el reparto del poder, de forma expansiva y a veces un tanto prolongada.
Desde una perspectiva politológica, existen aristas a tomar en cuenta para contextualizar el proceso de implementación de una posible reforma electoral en la configuración del poder político en México. A continuación, se detallan las principales.
Los impulsores. Durante los últimos treinta años de reformas electorales, la mayoría de éstas han sido empujadas desde la oposición y por la oposición. El reformismo electoral ha sido producto de la suma de pequeñas victorias luego de procesos electorales perniciosos y perfectibles, donde la oposición logró mediante negociaciones complejas, y concesiones del poder del antiguo régimen mexicano, el procesamiento de reformas que elevara el nivel de competencia, permitiera la pluralidad y se pavimentara el piso parejo para todos los competidores. La oposición posibilitó el cambio político obligando al poder omnímodo a conceder posiciones. En 2021, la reforma electoral es propuesta desde el cenit del poder, nada más sintomático sobre la intencionalidad de las mismas.
Las razones. Desde la visión presidencial lo que falló este 2021 no fueron los electores ni la autoridad electoral, tampoco fueron sus mínimos resultados como gobernante, ni un posible desplome en las alcaldías de la CDMX ni que tampoco ganaron Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Aguascalientes, o Nuevo León, ni que una franja muy importante del famoso “corredor azul” convirtió los votos en diputados, ni que muchos de esos diputados estarán en contra de su proyecto o de sus políticas. En está ocasión falló lo que salió bien, la organización de las elecciones, por eso encuentran importante dilapidarlas, cambiar el sistema nacional de elecciones, el marco normativo, erosionar no sólo su credibilidad, sino su operatividad.
La confección. Las primeras propuestas de lo que se intenta reformar tienen una transversalidad consistente, algo que desde la perspectiva presidencial debe ser atacado: el dispendio, el derroche, los sueldos abusivos, lo costoso de la democracia. Reducción sería el concepto más potente de la confección de una nueva reforma electoral. De impulsarse en el primer periodo ordinario de sesiones de la nueva legislatura, se buscaría la reducción del financiamiento público a los partidos (más del 70% de lo que se le eroga al Instituto Nacional Electoral, es por este concepto), reducción de las facultades que tiene el INE en el plano nacional, (en especial la facultad de atracción en elecciones locales); reducción en el número de consejeros con el que actualmente opera el Consejo General, reducción en el sueldo de la burocracia electoral, reducción a la esfera de actuación de los OPLES, reducción del número de diputaciones plurinominales, reducción incluso, en los tiempos que tienen los partidos para difundir sus mensajes en radio y televisión, para regresarlo a las televisoras.
La apuesta. Contrario a lo que se pensaría, con una mayoría insuficiente en el Congreso para procesar una reforma electoral de este tipo, el presidente López Obrador ha doblado la apuesta, rápidamente, con su olfato político, busca generar definiciones políticas entre las bancadas de la nueva Legislatura. La reforma electoral sería un excelente laboratorio político para negociar apoyos y tantear las oposiciones reales en el Congreso. Entender cuál será el costo de contar con el apoyo del PVEM y quizá del PRI para aceitar los acuerdos en torno a esta propuesta, marcará prácticamente el precedente para lo que queda de la segunda parte del sexenio del presidente. Los contenidos de la reforma importan, pero lo que más interesa es calcular la fuerza con la que cuenta aún, y el tipo de aliados que requiere para continuar implementando su proyecto.
La moneda de cambio. La principal preocupación de una posible reforma electoral además de sus contenidos, del impacto político en la configuración del poder, del adelgazamiento del espacio de pluralidad partidista en caso de consumarse la reducción de las diputaciones plurinominales, del asedio a la autonomía del INE, es sin lugar a dudas, que ésta se convierta en la moneda de cambio para que las fuerzas políticas pacten con la mezquindad que los caracteriza, intereses específicos, de grupo, y que por un beneficio del presente, se ponga en riesgo o se fragilice el proceso democrático en México. Al ser la primera reforma posiblemente a discutir en el Congreso, no sólo servirá de laboratorio político para los intereses presidenciales, sino también para la oposición, operacionalizando apoyos para consumar dicha reforma a cambio de posiciones de poder, concesión de espacios estatales o, en su caso, alianzas políticas presidenciales de cara al 2024. Convertir la reforma electoral en una moneda de cambio, haría que todos perdiéramos, aunque en el presente inmediato, las débiles oposiciones encuentren un aliciente para su supervivencia. Puede resultar paradójico que lo menos importante termine siendo el contenido de la reforma, sino lo que podrían ganar todos echándola a andar.
El autor es doctor en ciencia política y profesor en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
